Nicaragua detiene a un quinto aspirante presidencial

• El periodista Miguel Mora ha sido acusado de traición a la patria
• Ya son 18 los dirigentes sociales, políticos y empresariales secuestrados por el régimen de Daniel Ortega

El empresario y periodista Miguel Mora durante su presentación como precandidato a la presidencia de Nicaragua

El periodista nicaragüense Miguel Mora se ha convertido en el quinto aspirante a la presidencia por la oposición en ser encarcelado en Nicaragua a menos de cinco meses de las elecciones. El fundador, propietario y exdirector del canal de televisión 100 % Noticias, clausurado por el Gobierno de Daniel Ortega en el marco de la crisis sociopolítica que vive el país desde abril de 2018, fue arrestado cerca de la medianoche del domingo por la Policía Nacional, que dirige Francisco Díaz, un consuegro del mandatario de Nicaragua, citando una Ley aprobada en diciembre pasado que los cataloga como "traidores a la patria" y los inhabilita a optar a cargos públicos.

El comunicador, que lanzó su precandidatura presidencial el 6 de marzo pasado, ya estuvo encarcelado durante seis meses -entre diciembre de 2018 y junio de 2019- acusado de "fomentar e incitar al odio y la violencia" y "provocación, proposición y conspiración para cometer actos terroristas" en el marco de la revuelta popular, calificada como un intento de golpe de Estado por el Gobierno.

Mora había prometido una serie de medidas contrarias a la dinámica del Gobierno actual, como la ruptura de las relaciones diplomáticas con Cuba y Venezuela, la apertura de una embajada permanente en Israel y la salida de su eventual Gobierno de los sandinistas, excepto aquellos "que no se han manchado las manos de sangre".

El canal 100 % Noticias, que ahora se transmite a través de redes sociales, ha denunciado que la "Policía quebró ventanas para ingresar a casa de Miguel Mora, a quien se lo llevaron enchachado (esposado), lo montaron a patrulla y allanaron la casa".

Una ola de arrestos que no cesa

La primera aspirante a la presidencia detenida fue la también periodista Cristiana Chamorro, hija del héroe nicaragüense Pedro Joaquín Chamorro Cardenal y la exmandataria Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), y la figura de la oposición con mayor probabilidad de ganar las presidenciales de noviembre próximo. Chamorro, de 67 años, quien está bajo arresto domiciliario, es acusada por los delitos de gestión abusiva y falsedad ideológica, ambos en concurso real con lavado de dinero, bienes y activos.

Su hermano, el periodista Carlos Fernando Chamorro, galardonado en los 38º Premios de Periodismo Ortega y Gasset, ha denunciado este lunes el allanamiento de su domicilio de Managua. Chamorro es director de un grupo de medios de comunicación que se mantienen registrados por la Policía de Nicaragua. El pasado mes de febrero denunció la confiscación del edificio donde funcionaban las revistas digitales Confidencial y Niú y los programas televisivos Esta Semana y Esta Noche, así como la empresa de consultoría Cabal, propiedad de su esposa, Desirée Elizondo.

El segundo fue Arturo Cruz, que fue embajador en Estados Unidos del Gobierno de Ortega entre 2007 y 2009, y el primero en ser acusado bajo la "Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz", aprobada con carácter urgente el 21 de diciembre pasado durante una sesión extraordinaria.

Esa polémica ley, que inhabilita las candidaturas de aquellos nicaragüenses que aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado y sus ciudadanos, que además serán considerados "traidores a la patria", es la que también están aplicando a los otros dos aspirantes presidenciales opositores detenidos: el académico Félix Maradiaga y el economista Juan Sebastián Chamorro.

Los precandidatos presidenciales han sido detenidos en medio de una ola de arrestos que incluye a dos exvicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos excolaboradores de una ONG.

Incertidumbre entre los familiares de los detenidos

La ola de arrestos contra aspirantes presidenciales y líderes opositores en Nicaragua a pocos meses de las elecciones generales también afecta a las familiares de los detenidos, y violan la Constitución, han informado este lunes el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) y el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.

“La incertidumbre y la agresión psicológica contra el pueblo nicaragüense, y especialmente contra familiares de los detenidos, es brutal”, ha señalado el Cenidh. La esposa del último detenido, la también periodista Verónica Chávez, ha relatado que el arresto de su marido se dio cuando la pareja acomodaba en la cama a su hijo con discapacidad.

“Escuché un estruendo (…) y eran patadas que estaban pegándole a la puerta, entonces yo salí en carrera del cuarto, me vine y vi a Miguel gritándoles, diciendo: ¡Aquí estoy, no es necesaria la violencia!, y tratando de abrir, y ellos (policías) diciendo malas palabras, quebrando vidrios, quebrando todo, tirando la puerta”, dijo Chávez, al medio local Artículo 66.

Chávez, quien afirmó que los agentes la encañonaron durante el allanamiento, considera a Mora como desaparecido, porque la Policía Nacional le negó información al consultar por su paradero. “Prácticamente es un desaparecido, porque no te dicen nada, no te dicen ‘nos lo llevamos, hay una orden’”, sostuvo.

Según el Cenidh, “con la detención de Mora ya son 18 los dirigentes sociales, políticos y empresariales secuestrados por el régimen Ormu (Ortega Murillo)”, de los cuales uno fue dejado en libertad. El Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más ha señalado que “la detención de Miguel Mora, al igual que la de todas las personas presas políticas, tienen en común la inconstitucionalidad, porque de acuerdo al artículo 33 constitucional, las personas solo pueden ser detenidas en flagrante delito o con orden de autoridad competente”.

Un ente de la ONU pide liberar a los detenidos "arbitrariamente"

La Oficina Regional del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos para América Central y República Dominicana (OACNUDH) ha instado este lunes al Gobierno de Nicaragua a "liberar a todas las personas detenidas arbitrariamente" en el país.

"La prisión por 90 días, sin control judicial efectivo y sin poder contar con abogados de confianza en audiencia, viola" los derechos humanos, ha indicado el organismo especializado del sistema de Naciones Unidas con sede en la Ciudad de Panamá.

"Es inaplazable que se permita el contacto de todas las personas detenidas con sus familias. Finalmente, el Gobierno debe garantizar el tratamiento médico que requieran e investigar sin dilación las alegaciones de malos tratos cometidos durante las detenciones", expresó la OACNUDH.

Las detenciones de opositores se producen cuando faltan menos de cinco meses para las elecciones generales de Nicaragua, que se celebrarán el próximo 7 de noviembre, en las que Daniel Ortega, que preside el país de forma consecutiva desde 2007, busca una nueva reelección.

HRW solicita intervenir a la ONU ante la "campaña de violencia" de Ortega

Human Rights Watch (HRW) ha instado este martes a la ONU a jugar un papel más activo ante la "campaña de violencia y represión" que ha emprendido el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, contra líderes de la oposición.

La ONG ha presentado un informe de 38 páginas donde explica que cree que existe una "estrategia gubernamental" para eliminar la competencia política, reprimir el disenso y facilitar la reelección de Ortega para un cuarto mandato consecutivo.

HRW pide al secretario general de la ONU, António Guterres, que use su poder para invocar el artículo 99 de la Carta de las Naciones Unidas con el fin de convocar una reunión con la justificación de que existe una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales.