El escenario de Puigdemont tras los indultos: ¿podrán volver los independentistas huidos?
- El Gobierno ha descartado que los indultos debiliten la orden de detención de Puigdemont, como teme el PP
- El Ejecutivo sigue estudiando una reforma del delito de sedición que sí podría beneficiar al 'expresident' huido
Con los indultos a los presos del ‘procés’ materializados y la cuestión catalana en primera página, uno de los focos apunta ahora a Carles Puigdemont, que huyó a Bélgica en 2017 y que tiene cuentas pendientes con la Justicia española. Desde el Gobierno de Pedro Sánchez han desligado los indultos a los políticos encarcelados del caso del ‘expresident’, pero su hipotético regreso a España ya provocó hace días un choque dentro del Gobierno de coalición y levanta algunas suspicacias entre los partidos de la oposición.
¿Cambia de algún modo la medida de gracia el escenario de Puigdemont? ¿Qué condiciones tendrían que darse para que los independentistas que permanecen huidos volvieran sin ser detenidos?
Los indultos no afectan directamente a Puigdemont
Araceli Mangas, catedrática de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la UCM, explica a RTVE.es que, dado que es "imposible" aplicar un indulto a una persona que no ha sido juzgada, la única circunstancia que cambiaría el horizonte de Puigdemont hasta el punto de que pudiera entrar en España libremente es una reforma del Código Penal, y esto no implica necesariamente que le beneficiara hasta el punto de ser exonerado.
"Solo es posible si hay una reforma del Código Penal que sea tan favorable que le exonere, que quede exceptuado de responsabilidad penal porque haya cambiado tanto el nuevo delito de sedición y tuviera una pena muy rebajada. Si eso ocurriera podría llevar a considerar al Tribunal español que ya no cabe la persecución, pero habría que ver cómo se reforma el delito. Tendría que ocurrir que no encajaran los hechos antiguos con la tipificación nueva", explica la catedrática.
El Ejecutivo central sigue estudiando la próxima tramitación de la reforma del delito de sedición para rebajar las penas y, según la experta, esto sí que podría tener implicaciones directas en el futuro judicial de Puigdemont y del resto de dirigentes que permanecen huidos (Toni Comín, Clara Ponsatí, Marta Rovira, Lluís Puig y Anna Gabriel), pero de momento se desconoce en qué se traduciría la modificación. Podrían cambiar tanto los hechos que darían lugar a la sedición como las penas atribuibles.
El Gobierno ha reiterado que Puigdemont debe rendir cuentas
Desde el lado socialista del Gobierno de coalición han descartado en repetidas ocasiones que los indultos puedan debilitar la orden europea de detención del expresidente de la Generalitat, como teme el PP.
La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha rechazado que exista un horizonte de clemencia para Puigdemont y asegura que no puede ser indultado porque no rindió cuentas ante la justicia española, “y esa es una diferencia muy importante”.
En línea con sus declaraciones, el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, recalcó recientemente que la cooperación internacional funciona satisfactoriamente mientras que la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, subrayó la obligación de que Puigdemont sea puesto a disposición de la Justicia, como ocurrió con el líder de ERC, Oriol Junqueras, y los otros 11 juzgados.
Mientras nueve de ellos llevan tres años y medio en prisión, el ‘expresident’ (JuntsxCat) continúa en una casa alquilada en Waterloo, en los alrededores de Bruselas, y, en caso de entrar en España, sería detenido por las autoridades inmediatamente.
Esto último parece tenerlo claro el propio 'expresident', a tenor de lo que respondió a las preguntas de los periodistas sobre este asunto tras su encuentro con Pere Aragonès la pasada semana: "Es evidente que los indultos solo afectarían a nuestros compañeros que están injustamente encarcelados. Nuestro retorno a Cataluña es un retorno como personas libres y esta libertad hasta ahora nos la hemos ganado no con el Estado español, nos la hemos ganado en frente del Estado español, en los tribunales europeos", dijo Puigdemont, que condiciona su regreso a que el Gobierno respete su "inmunidad".
El pasado mes de marzo, el pleno del Parlamento Europeo aprobó retirar la inmunidad de los eurodiputados Puigdemont, Comín (también huido a Bélgica) y Ponsatí (huyó a Escocia), tal y como solicitó la Justicia española a principios de 2020. La decisión reabrió la opción de reactivar la euroorden dictada por el Tribunal Supremo (TS) para que pudieran ser juzgados en España por su papel en el 'procés', aunque la pérdida de inmunidad no suponía la de su condición de eurodiputados ni tampoco que pudieran ser extraditados automáticamente.
La defensa de los tres eurodiputados recurrió la decisión ante la Justicia europea y el pasado 2 de junio el Tribunal General de la UE suspendió provisionalmente el levantamiento de su inmunidad.
El roce entre socios de Gobierno: Belarra defendió evitar la "judicialización"
La postura de los socialistas respecto a la posible vuelta de Puigdemont no parece la misma que defienden desde Unidas Podemos. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, consideró que Puigdemont debía regresar a España sin ser detenido, unas palabras sobre las que expresaron su discrepancia ministros socialistas como José Luis Ábalos o María Jesús Montero.
"Dije una cosa que es evidente y que es lo mismo que llevamos diciendo mucho tiempo, que nuestro país no puede seguir caminando por la vía de la judicialización para que la mesa de diálogo fructifique y España y Cataluña se puedan volver a mirar", aclaró Belarra
Con ella también marcó distancia el líder de la oposición en Cataluña, Salvador Illa, que considera que el expresidente catalán huido debe ser detenido si regresa a España, como "prevé la legislación", porque cualquier medida sobre los encausados por el 'procés' "tiene que estar en el marco del Estado de derecho".
Dentro de ese marco ya se produjo el regreso a España de la exconsellellera Meritxell Serret, quien se entregó ante el Supremo y quedó en libertad, procesada por los delitos de desobediencia y malversación, pero no por sedición.
La reforma del delito de sedición que estudia el Gobierno
Sobre este último delito, el Gobierno continúa estudiando la próxima tramitación de la reforma para rebajar las penas, que actualmente oscilan entre los 10 y 15 años de prisión y la inhabilitación absoluta por el mismo tiempo. Fuentes del Ministerio de Justicia confirmaron a Efe a finales de mayo que se está trabajando en ello, aunque no adelantaron cuándo se llevará la modificación a la mesa del Consejo de Ministros.
El propio presidente del Gobierno ha defendido esta reforma del delito de sedición, afirmando que el actual tipo penal que existe en España difiere al vigente en otras democracias consolidadas.
Calvo señaló el pasado 13 de junio que dicha reforma "ahora mismo no está encima de la mesa", pero sí aseguró que se hará "a lo largo de esta legislatura".
"Todo lo ocurrido, más algunos pronunciamientos en Europa, nos obligan a planteárnoslo pero no al hilo de una situación coyuntural", añadió.
La modificación legal tendría implicaciones en el futuro judicial de los líderes del ‘procés’ que no podrán gozar del indulto al no haber sido aún juzgados, como es el caso de Puigdemont. Esta línea de trabajo es conocida como la vía Asens, en referencia al diputado y jurista Jaume Asens, que habría redactado la propuesta que lleva meses en manos del ministro de Justicia.
Preguntado por los medios sobre si la reforma de la sedición afectaría a Puigdemont, el ministro de Justicia explicó que ésta "valdría para todos los casos presentes o futuros". Incluso, si tuviese "retroactividad", los casos a los que afectaría tendrían que ser revisados "por el tribunal sentenciador".
La futura modificación ha despertado la crítica entre la oposición. El PP la entiende como un "traje a medida" tanto para los dirigentes independentistas condenados en el 'procés' como para los "huidos" por el referéndum ilegal, que se podrían beneficiar de una legislación más favorable.
En palabras del PP, se trata de otra de las "grandes mentiras de Sánchez" porque se comprometió a hacer que el expresident catalán Carles Puigdemont respondiera ante la Justicia, y los populares consideran que lo que implicaría la reforma es que los huidos "no tengan que venir a rendir cuentas".
-
Facebook
-
Twitter
-
WhatsApp
-
Copiar Enlace
-
Guardar en Mis Listas
-
Enviar e-mail
