El Supremo no podrá anular los indultos si están bien argumentados aunque discrepe de su "utilidad pública"

• Los expertos recuerdan que es una decisión política que se puede compartir o no, pero que basta con que esté razonada

De izquierda a derecha, Jordi Cuixart, Jordi Sànchez y Oriol Junqueras, en la toma de posesión de Pere Aragonés

El Tribunal Supremo no podrá anular los indultos a los presos del 'procés' porque discrepe de la "utilidad pública" de esta medida de gracia en el caso de que se presente algún recurso, algo que todavía está por ver. Mientras esta "utilidad pública" esté argumentada, se comparta el fondo o no, los indultos no se podrán anular, según los expertos consultados después de conocer que el Gobierno los ha aprobado este martes como "primer paso" para restablecer la "concordia y la convivencia en Cataluña y en el resto de España" y poder "normalizar" las relaciones institucionales y también afectivas. Un objetivo para el que la prisión de los líderes independentistas era "el principal escollo", según fuentes del Ministerio de Justicia.

"El indulto es una decisión política y en lo que tiene de decisión política se puede compartir o no, pero no es algo que sea impugnable o rechazable en términos de recurso", señala a RTVE.es el catedrático de Derecho Penal de la Universidad Oberta de Catalunya Josep María Tamarit, quien añade que "salvo que la motivación fuera totalmente extravagante" será difícil que el Supremo pueda considerar que la decisión del Gobierno es ilegal o contraria a la Constitución.

El catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada Agustín Ruiz Robledo cree que habrá que esperar a leer con detenimiento los nueve reales decretos -uno por cada preso indultado- en los que viene la argumentación ya que las referencias genéricas que ha hecho este martes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a la "concordia, la paz social y la reconciliación" le parecen "insuficientes", pero sostiene igualmente que no se podrán revocar porque no se esté de acuerdo con la supuesta "utilidad pública" de la medida.

"No se trata de si sirve o no a la paz social, sino si está razonado"

"Salvo que sean muy torpes en la redacción del decreto el recurso no triunfará. Hay un margen para la discrecionalidad. No se trata de la discusión política de sí esto sirve o no sirve a la paz social, sino si usted lo ha razonado y no hay fórmulas genéricas y vagas", subraya.

La catedrática de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Barcelona Mercedes García Arán subraya que en el caso de los presos catalanes se han cumplido todos los requisitos formales y, por tanto, el indulto "es perfectamente legal". "Cuestión distinta es que habrá quién no comparta la argumentación de la utilidad pública", añade.

En el mismo momento en el que se ha motivado la "utilidad pública" -una de razones por las que se puede conceder un indulto junto a los motivos de justicia y equidad- el Gobierno ha cumplido con la ley, según esta experta, que cree que decir que los indultos son ilegales -como sostiene el PP- es una "monstruosidad jurídica".

Razones distintas a las de un tribunal penal

"El tema de la utilidad es valorar si es necesario que la pena se siga cumpliendo o no. No es valorar si es adecuada, proporcionada, si se la merecían... Es valorar si es necesario que se siga cumpliendo (...) Ante los que dicen que no va a ser útil, yo lo planteo en otros términos. En estos momentos, el hecho de que estén en la cárcel, ¿beneficia o perjudica a intentar resolver la situación?", añade García Arán.

Esta catedrática cree además que al mantenerse la inhabilitación y ponerse la condición de que no vuelvan a cometer delitos graves en un plazo de tres o seis años, se están poniendo medios para que no puedan reincidir.

Desde la UOC, Tamarit señala que "la justicia penal, cuando las penas son graves y se aplican a hechos con trascendencia pública está claro que pueden ser un instrumento que suponga un impedimento para la concordia y el mantenimiento de la paz. Por lo tanto, el Gobierno puede atender a razones que no serían las propias de un tribunal de justicia, sino que son las propias del poder ejecutivo, entre las que están preservar la convivencia y ajustar la pena a través del mecanismo del indulto, que para eso está".

Ruiz Robledo cree, no obstante, que aunque el Gobierno tiene toda la legitimidad para conceder los indultos, el presidente Pedro Sánchez debería presentar una cuestión de confianza en el Congreso por cambiar de criterio respecto a esta medida de gracia desde las últimas elecciones generales. En un debate de la campaña de noviembre de 2019, llegó a prometer una reforma del Código Penal para volver a considerar delito la convocatoria de un referéndum ilegal, y tras la propia sentencia del 'procés' defendió el cumplimiento íntegro de las penas.