El Vaticano quiere cambiar un proyecto de ley contra la homofobia en Italia
- Considera que rompe el artículo 2 del Concordato entre ambos Estados
- La Iglesia teme que su posición en estos temas pueda ser considerada delictiva
El Estado de la Ciudad del Vaticano ha pedido formalmente al Gobierno italiano que revise algunos aspectos de su proyecto de ley contra la homofobia y la transfobia que se ultima actualmente en el Senado, impulsado por el diputado Alessandro Zan, del Partido Demócrata (PD).
Este martes se ha conocido mediante una información de Il Corriere della Sera que el secretario para las Relaciones con los Estados, monseñor Paul Richard Gallagher, acudió el pasado 17 de junio a la embajada de Italia ante la Santa Sede y para entregarle al primer consejero una "nota verbal" que indicaría que "algunos contenidos de la propuesta legislativa que se examina en el Senado reducen la libertad garantizada a la Iglesia Católica por el artículo 2, párrafos 1 y 3 del Acuerdo para la revisión del Concordato".
La noticia ha sido confirmada en rueda de prensa por el prefecto del dicasterio para Laicos, Familia y Vida, Kevin Joseph Farrell, quien ha confesado que "ciertamente hay una preocupación para la Santa Sede". El Vaticano considera que el texto presentado en el Senado viola algunos puntos claves del Concordato que regula sus relaciones con Italia, renovado en 1984 después del que se había firmado en 1929 con el dictador Benito Mussolini, que garantizó su independencia como país.
Injerencia en las escuelas católicas
El segundo artículo del Concordato sobre la misión "pastoral, educativa y caritativa" de la Iglesia es el que más choca con la nueva ley que se pretende aprobar en el Senado Italiano. El proyecto instaura el día 17 de mayo como Día Nacional contra la Homofobia y la Transfobofia, obligando a las escuelas, a todas, a organizar eventos de reflexión sobre el tema.
Además, la ley perseguiría como delito de odio la "discriminación y violencia por motivos basados en el sexo, el género, la orientación sexual, la identidad de género y la discapacidad", del mismo modo que ya se contempla para casos de racismo, por ejemplo.
La Iglesia teme que su posición en estos temas pueda ser considerada delictiva y no una opinión más, cuando el Concordato "garantiza a los católicos y a sus asociaciones y organizaciones la plena libertad de reunión y de manifestación de pensamiento con palabra, escrita o cualquier otro medio de difusión".
El Vaticano ha subrayado en un artículo publicado en su portal de noticias que no pretende impedir la autonomía del Estado italiano, sino "avisar de que algunos aspectos de la norma herirían un compromiso" aceptado por ambas partes.
Una petición sin precedentes
La Conferencia Episcopal italiana normalmente entra en el debate político del país, pero la injerencia sin precedentes del Vaticano en este asunto ha sacudido a la política de Italia, enfrascada desde hace meses en una pugna sobre sacar adelante esta norma exigida por los colectivos LGTBIQ y rostros conocidos de la cultura.
El promotor del proyecto de ley, Alessandro Zan, ha asegurado que el texto "no limita de ninguna manera la libertad de expresión, tampoco la religiosa, y respeta la autonomía de todas las escuelas". Por su parte, el líder de su partido, Enrico Letta, ha pedido esperar a leer el contenido de la carta de la Santa Sede, pero ya se ha comprometido a aprobar lo que ve como "una norma de civismo".
La derecha, sobre todo la Liga de Matteo Salvini, le ha dado las gracias al Vaticano por el "sentido común" y, aunque ha asegurado su compromiso por luchar contra "toda discriminación y a castigar cualquier violencia", ha rechazado que pueda juzgarse "a quienes creen que mamá, papá y familia son el corazón de nuestra sociedad" o a quien niegue la ideología del género en las escuelas.
¿Se impondrá la influencia de la Iglesia?
La influencia de la Iglesia católica en la política italiana es notoria, pero aún se desconoce cómo y si se solucionará este encontronazo entre el Estado del Vaticano e Italia, o qué efectos tendrá la carta entregada en la embajada.
El último artículo del Concordato establece que en caso de surgir "dificultades de interpretación y de aplicación de sus disposiciones" la Santa Sede y la República italiana encargarían "la búsqueda de una solución amistosa" a una comisión. La ministra para la Familia, Elena Bonetti, ha considerado la postura del Vaticano como "propio de las relaciones entre Estados", sin entrar en polémicas.
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