El Gobierno comenzará a exhumar a las víctimas del Valle de los Caídos tras obtener la licencia de obras
- Lo ha avanzado en un mensaje en redes sociales la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo
- El Gobierno aprobó una partida de 650.000 euros para exhumar e identificar a víctimas de la Guerra Civil en la cripta
Las exhumaciones e identificaciones de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura franquista que se encuentran sepultadas en la cripta del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familias comenzarán próximamente después de que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial haya emitido la licencia de obras.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, ha anunciado en un tuit la concesión de la licencia de obras y ha destacado que es "de justicia" que estás víctimas "puedan recuperar su dignidad".
El pasado mes de marzo, el Gobierno aprobó una partida de 650.000 euros para exhumar e identificar a víctimas de la Guerra Civil inhumadas en la cripta reclamadas por sus familias desde hace años.
La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y las comunidades autónomas acordaron el pasado 29 de marzo, en la sesión constitutiva de la Conferencia Sectorial de Memoria Democrática, el reparto de una partida de dos millones de euros destinada a localizar, exhumar e identificar a personas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Más de 30.000 personas yacen en el Valle de los Caídos
Según el censo del Ministerio de Justicia, en el Valle de los Caídos yacen los restos de 33.833 personas (casi la mitad sin identificar) de ambos bandos de la Guerra Civil, que fueron llevados allí entre 1959 y 1983 desde fosas y cementerios de todo el país.
Dos de esas víctimas son los hermanos aragoneses Manuel y Antonio Lapeña Altabás que, procedentes de Villarroya de la Sierra (Zaragoza), fueron fusilados por las tropas franquistas en 1936 y enterrados en Calatayud, aunque en 1959 fueron reinhumados en el Valle de los Caídos.
Un Juzgado de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) reconoció en 2016 a sus familiares el derecho a recuperar sus cadáveres para trasladarlos a su localidad natal, aunque los trámites se habían ido demorado desde entonces.