La ley de eutanasia entra en vigor pero las comunidades autónomas no han hecho los deberes

• Baleares, Murcia, Castilla-La Mancha y Euskadi son las únicas que han creado sus órganos y nombrado a sus miembros
• Navarra, Madrid, Asturias, Andalucía, Galicia y Extremadura no han publicado todavía el decreto que regula la Comisión
• Los expertos creen que ha habido tiempo suficiente y esperan que los motivos ideológicos no boicoteen la norma

14 horas - Entra en vigor la ley de la eutanasia: claves y requisitos

Tres meses después de su aprobación, la ley de eutanasia entra en vigor. Desde este viernes pueden registrarse las primeras solicitudes y los expertos coinciden en que estamos ante una norma garantista por el sistema de control que establece.

Podrán acogerse a este derecho quienes tengan una enfermedad grave e incurable o quienes padezcan un sufrimiento crónico e imposibilitante. Deben estar al menos un año empadronados en el país y la persona tendrá que solicitarlo dos veces con un intervalo mínimo de quince días. Debe estar consciente en el momento de la petición o haberlo especificado previamente en su documento de voluntades anticipadas, y una vez se registre la solicitud pasará varios filtros hasta que finalmente se autorice o deniegue. La última palabra la tendrán las Comisiones de Garantía y Evaluación que habrá en cada comunidad y que se encargarán de supervisar cada caso.

Y aquí está el principal escollo para que desde hoy se garantice el derecho a la eutanasia porque la norma establecía que las comunidades autónomas tenían que empezar a trabajar en la creación de estas comisiones el día después de su aprobación. Un artículo previsor que buscaba garantizar que tres meses después todo el mecanismo estuviera engrasado. Pero la realidad es que algunas comunidades han terminado los deberes, otras los han hecho a medias y algunas están en sus primeros pasos.

“Algunas comunidades han terminado los deberes, otras los han hecho a medias y algunas están en sus primeros pasos“

Baleares fue la primera en crear su comisión y en nombrar a todos sus miembros y luego lo han hecho otras como Murcia, Castilla-La Mancha, Euskadi. Aragón, Cantabria, Cataluña, Canarias, Castilla y León, la Comunidad Valenciana y La Rioja han aprobado los decretos para constituirlas y Navarra, Madrid, Asturias, Andalucía, Galicia y Extremadura todavía no han dado el primer paso.

Las comisiones: ¿garantía o barrera?

Los miembros de estas comisiones son nombrados por los Gobiernos autonómicos y en algunos casos se hace a propuesta de los Colegios Oficiales. Ha habido polémica en comunidades como Murcia, donde el PSOE ha denunciado que se incluye a profesionales que se han manifestado en contra de la ley previamente y esto es lo que más preocupa a organizaciones como Derecho a Morir Dignamente (DMD). Su presidente, Javier Velasco, dice que van a estar pendientes para evitar cualquier irregularidad.

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"Aunque parezca una contradicción va a ocurrir que personas que están en contra deben velar por su cumplimiento en sus comunidades y nos tememos que en esos lugares se rechacen muchas de las solicitudes. Por eso vamos a estar vigilantes en cuanto tengamos acceso a los datos para que no se produzca inequidad, para que un caso que se tramite favorablemente en Cataluña, la Comunitat Valenciana o Euskadi no se deniege en Murcia, Madrid o Andalucía, que son las comunidades que más nos preocupan", reconoce.

“"Aunque parezca una contradicción va a ocurrir que personas que están en contra deben velar por su cumplimiento"“

En este sentido el presidente del Colegio de Médicos de Ourense, José Luis Giménez, quien además es miembro de la Comisión que se está creando en Galicia, pide que no se haga política ni ideología con el tema porque "hablamos de personas que están sufriendo a las cuales se les ha concedido el derecho de decidir sobre su vida y su muerte". Cree, Giménez, que ha habido tiempo suficiente además para crear las comisiones y que es probable, lamenta, que en algunas comunidades haya habido "una dejación interesada o ideologizada".

Por eso, desde DMD piden que las comunidades sigan la iniciativa de la Comunitat Valenciana, donde su decreto incluye que los "profesionales sanitarios propuestos, tanto titulares como suplentes, no deben haber planteado la objeción de conciencia contemplada en la ley". Es, reconocen, una buena opción para garantizar un proceso más transparente.

La importancia de la multidisciplinaridad

La ley establece que estas comisiones tiene que estar formadas por al menos siete miembros y que tiene que ser multidisciplinar e incluir, entre otros, personal médico, de enfermería y juristas. Galicia, según anunció su presidente, Alberto Núñez Feijóo, contempla personal sanitario y legal, pero Giménez ve imprescindible que también se incluya a trabajadores sociales. "Las condiciones sociales y familiares son importantes, y habrá algún caso en el que hay que afrontar también esa problemática. Es posible que si se soluciona esta problemática pueda cambiar la idea del demandante", reconoce.

La Comunitat Valenciana establece quince miembros en su comisión, Galicia doce y otras como Euskadi y Madrid han anunciado que tendrán veinticinco. Para Kontxa Castells, portavoz del DMD en Euskadi, esto es un error. "Veinticinco personas hace que sea una comisión inmanejable y nos ha sorprendido, además, que todos son miembros de comités de ética. No entendemos que el derecho a morir tenga que llevar siempre una deliberación ética".