La Fiscalía pide seis años de cárcel para Ignacio González por amaños en la adjudicación del campo de golf del Canal

• El expresidente madrileño está procesado en otras dos piezas del caso Lezo e imputado en el caso Púnica
• Considera que cometió cohecho por adjudicar unas obras a la empresa de su hermano y su cuñado, ambos imputados

El expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, en una foto de archivo

La Fiscalía Anticorrupción pide seis años de cárcel para el expresidente madrileño Ignacio Gónzalez por una de las piezas del caso Lezo, por el que fue detenido y enviado a prisión en 2017. En este caso se investigan supuestas irregularidades en la adjudicación de las obras de un campo de golf en instalaciones del Canal de Isabel II, la empresa pública del agua en la región.

Una rama de la investigación por la que el juez de la Audiencia Nacional que lo investiga, Manuel García Castellón, propuso hace poco más de un mes llevarle a juicio por cohecho junto con su hermano Pablo Manuel y otros tres procesados, uno de ellos también cuñado de González.

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido ahora su escrito de conclusiones provisionales en el que pide seis años de cárcel para los cinco por dos delitos de cohecho. González, que estuvo más seis meses en prisión preventiva por esta causa, también está procesado en otras dos piezas del caso Lezo, por las que la Fiscalía pide ocho y cuatro años de prisión para él; y figura como imputado en el caso Púnica, en la rama donde se investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid.

Se investigan adjudicaciones a la empresa de su hermano

Según explica la Fiscalía en un comunicado, en 2006, Ignacio González, entonces presidente del Canal de Isabel II; e Idelfonso de Miguel, director gerente, se valieron de sus cargos para "asegurar la contratación de la sociedad Tecnoconcret (TCT) en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo".

Una empresa, prosigue el ministerio público, "que carecía de todo medio para ejecutar los trabajos", que estaba participada por los acusados José Antonio Clemente, Pablo Manuel González y Juan José Caballero, a quien la fiscal acusa como cooperadores necesarios. Los dos últimos, añade, "lo hacían de manera encubierta para ocultar" que eran hermano y cuñado del entonces vicepresidente madrileño.

"Esa contratación, de todo punto innecesaria e irregular" supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros -381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo- y "fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias", indica.

Además de las obras del campo de golf, González está imputado también por otras dos piezas: la compra de la empresa brasileña Emissao por el Canal en 2013, por la que la Fiscalía le pide ocho años de cárcel y a presunta adjudicación irregular a OHL de la obra del tren de Navalcarnero en 2007, hechos de los que se exculpó al expresidente de la constructora Juan Miguel Villar Mir, aunque no así a su yerno y exconsejero de OHL, Javier López Madrid.