Ábalos plantea limitar las subidas del alquiler al 10% en zonas tensionadas y Belarra niega cualquier tipo de acuerdo

• Desde el propio Ministerio de Transportes aseguran que esta proposición "cumple escrupulosamente los acuerdos firmados"

La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, durante una visita a promociones públicas de alquiler asequible

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, ha trasladado este miércoles al Ministerio de Derechos Sociales una nueva propuesta sobre la regulación del precio de los alquileres con el fin de acordar un borrador de ley de vivienda, según han informado fuentes gubernamentales a RTVE.

En la nueva propuesta de Ley de Vivienda del Departamento, a la que ha tenido acceso RTVE, se recoge que en el caso de nuevos contratos por cambio de inquilino en zonas tensionadas, los alquileres podrán subir como máximo un 10% en comparación con el contrato anterior.

Por otro lado, y también en las zonas de mercado tensionado, se establece la posibilidad de que el arrendatario pueda acogerse cuando vaya a finalizar el contrato a una prórroga extraordinaria, de carácter anual, y por un periodo máximo de tres años, en los mismos términos y condiciones del contrato anterior.

Una medida para estimular el acuerdo entre partes

Según el texto, se trata de una medida que estimula el acuerdo entre las partes, puesto que si se acuerda la firma de un nuevo contrato de arrendamiento, el arrendatario podrá, por un lado, asegurar una estabilidad por un periodo de cinco o siete años, mientras que el arrendador tendrá un estímulo para alcanzar un acuerdo y establecer una renta adecuada, pero sin incrementos desproporcionados.

El objetivo de estas dos medidas es el de evitar que se produzca un incremento abusivo de las rentas y se favorezca el acuerdo entre las partes, así como evitar posibles efectos de contracción de la oferta de vivienda en alquiler.

Asimismo, se pone de manifiesto que la aplicación simultánea de un mecanismo que intervenga los precios y los estímulos fiscales, deben conseguir el doble efecto de contención de rentas a corto plazo durante la duración de la declaración de área tensionada, junto con el estímulo a medio plazo, favoreciendo nuevos contratos en condiciones favorables para los perfiles con dificultades para acceder al precio de mercado.

Este mecanismo adicional que, "excepcionalmente y acotado en el tiempo", pudiera intervenir en el mercado para amortiguar dicha tensión y conceder a las administraciones competentes el tiempo necesario para poder compensar en su caso el déficit de oferta o corregir con otras políticas de vivienda carencias de esas zonas.

El mecanismo debe tener en cuenta que la responsabilidad en la garantía del derecho constitucional del acceso a la vivienda corresponde a los poderes públicos, al igual que debe tener la suficiente solidez técnica y seguridad jurídica para su permanencia en el tiempo. Tampoco puede producir efectos indeseados de reducción drástica de la oferta que puedan producir efectos de expulsión de las familias contrarios a los buscados.

Reducciones y bonificaciones en el IRPF

Por otro lado, la propuesta recoge de nuevo reducciones de hasta el 90% sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF si un propietario firma un nuevo contrato de arrendamiento con una reducción de más del 10 % de la renta anterior.

Así, si un propietario que tenga un contrato de arrendamiento de 700 euros al mes firma uno nuevo por 630 euros, tendrá derecho a un beneficio fiscal en el IRPF de cerca de 950 euros al año, superior al beneficio neto que le reportaría optar por un incremento de la renta.

Por otro lado, se recoge una bonificación para propietarios del 70% en el IRPF por la incorporación de una vivienda para alquiler habitual en las zonas tensionadas. Esto, según Agenda Urbana, favorece la entrada en el mercado de viviendas que anteriormente no estaban en alquiler como vivienda habitual.

También se propone una reducción del 60% en el alquiler de viviendas recientemente rehabilitadas, del 70% cuando el alquiler sea a jóvenes de entre 18 y 35 años y también del 70% cuando sean alquileres de larga duración sin incrementos superiores al IPC durante un plazo de, al menos, 10 años. Esto, según Transportes, tiene el objetivo de impulsar contratos que garanticen la estabilidad de los arrendatarios.

Por otro lado, se insta a establecer un porcentaje de reducción del 70% a propietarios que pongan su vivienda a disposición de la comunidad autónoma o ayuntamiento en el marco de algún sistema público para el alquiler social o a precio asequible, así como los arrendadores que pongan su vivienda a disposición de entidades del tercer sector que vayan a estar destinadas a la vivienda o alojamiento de personas u hogares vulnerables.

Por último, en el texto se recoge que para garantizar la solución habitacional a las personas vulnerables,  se establecerá la aplicación prioritaria del programa de ayuda a las víctimas de violencia de género, personas objeto de desahucio de su vivienda habitual, personas sin hogar y otras personas especialmente vulnerables, del Plan Estatal de Vivienda.

"Cumple escrupulosamente los acuerdos firmados"

Desde el propio Ministerio de Transportes aseguran que esta proposición "cumple escrupulosamente los acuerdos firmados y que tiene como gran objetivo acabar con las subidas abusivas, contener rentas y conseguir bajar alquileres".

"Creemos que es necesario aprobar cuanto antes una ley que garantice la función social de la vivienda, que atienda a los más vulnerables y que esté dotada de seguridad jurídica", añaden.

Mientras tanto, la ministra de Derechos Sociales Ione Belarra ha desmentido que se haya cerrado ya un acuerdo entre PSOE y Unidas Podemos sobre este tema, como se han hecho eco algunos medios. "La única manera de bajar los precios es con índices de referencia, no con incentivos fiscales. Seguimos trabajando para cumplir con lo pactado", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Con ello, hacía referencia al acuerdo entre ambos socios sobre los Presupuestos Generales del Estado de 2021, en el que se recogía que debían establecerse "mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios, tanto de los nuevos contratos como de los contratos existentes", en base a índices de referencia.

Acordaron congelar los precios en las zonas tensionadas

Los dos socios de coalición llegaron a un acuerdo el pasado 16 de junio para incluir en la futura Ley de Vivienda una congelación de los precios del alquiler en las zonas tensionadas, una medida que si bien cumplía con lo pactado en el acuerdo de investidura, no alcanzaba el compromiso de reducir los precios que ambas formaciones acordaron durante la negociación de los Presupuestos.

Precisamente la cuestión de la regulación del alquiler era el aspecto principal que mantenía encalladas las conversaciones entre ambos partidos desde el pasado año.

Parlamento - Radio 5 - Unidas Podemos: "Congelar los alquileres en las zonas tensionadas no es suficiente" - Escuchar ahora

No obstante, Unidas Podemos advirtió de que la regulación que proponía el departamento de Ábalos, manteniendo los incentivos fiscales a los propietarios, "no permitiría bajadas de los precios del alquiler, tal y como recoge el acuerdo entre ambas formaciones", formalizado en octubre de 2020.