'Luz verde' a la reforma de los interinos: el Gobierno reducirá los temporales del 30 % al 8 % y dará indemnizaciones

• El objetivo es regularizar la situación de un total de 300.000 interinos antes del 31 de diciembre de 2024
• Se realizará a través de la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de 3 años

El Gobierno y los sindicatos alcanzan un acuerdo para regularizar a 300.000 interinos antes de 2024

El Consejo de Ministros ha dado 'luz verde' este martes a la reforma para reducir la temporalidad en la Administración Pública del 30 % actual hasta el 8 %, que incluye la regularización de 300.000 trabajadores interinos antes del 31 de diciembre de 2024, a través de la convocatoria de las plazas estructurales ocupadas desde hace más de 3 años, y una indemnización de 20 días por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, para quien no supere dichas oposiciones.

"Se trata de una reforma que busca simplemente acabar con la temporalidad en el sector público, tal como hemos pactado con la Unión Europea (UE), con el objetivo de que la tasa de temporalidad se sitúe por debajo del 8 % en las Administraciones Públicas", ha destacado la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha señalado que para ello los contratos temporales pasarán a tener una duración máxima de tres años, con obligación de convocatoria de la plaza que se está ocupando temporalmente.

Bruselas ha advertido a España en repetidas ocasiones por la elevada temporalidad del sector público, con tasas de más del 30 % de eventuales, sobre todo en Sanidad y Educación. "El mapa de cómo se comporta esta temporalidad es realmente asimétrico; son las administraciones autonómicas debido a la prestación de los servicios sanitario y educativo los que tienen una mayor temporalidad y, por tanto, la norma pretende dar respuesta a ese elenco de realidades distintas", ha añadido Montero.

Otra de las consecuencias de estas continuas advertencias de la Comisión Europea ha sido la sentencia del Tribunal Supremo conocida la pasada semana, en la que cambió su doctrina y fijó un periodo máximo de tres años para que el trabajador adquiera la condición de indefinido no fijo. Además estableció una indemnización de 20 días por año trabajado a una limpiadora en dicha situación de 2009 a 2017, cuando la plaza que ocupaba fue adjudicada a otra persona en un concurso de traslados de personal fijo.

El acuerdo lo firmaron este lunes el Ministerio de Política Territorial y Función Pública y los sindicatos más representativos del sector -CC.OO., CSIF y UGT- tras la reunión de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, que está integrada además por representantes de todas las comunidades autónomas. "Es un Real Decreto-ley que se ha suscrito en acuerdo y también se ha sometido al análisis de las comunidades autónomas y las entidades locales, recogiéndose sus aportaciones", ha apuntado la ministra.

El propio ministro Miquel Iceta destacaba este lunes que se trata de "una solución práctica, justa" y que "cumple con la legalidad para los cientos de miles de personas que ocupan puestos de carácter estructural, pero que han llegado encadenando contratos temporales". "Intentamos frenar el problema de cara al futuro. No nos volverá a pasar", prometió.

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Indemnización de 20 días por año trabajado

Tal como avanzó RTVE, la norma contempla un proceso de estabilización que afectará a más de 300.000 plazas estructurales que hoy están ocupadas por personal temporal y que deberán ser fijas antes del 31 de diciembre de 2024 “como fecha límite improrrogable”.

Por su parte, las administraciones deberán indemnizar al personal afectado con 20 días por año de servicio y hasta 12 mensualidades cuando extiendan los contratos temporales más allá de los tres años y se extinga su relación laboral. Además, todo acto administrativo que suponga el incumplimiento de estos plazos máximos será nulo de pleno derecho y se exigirán las responsabilidades que procedan (en materia disciplinaria, civil o incluso penal) a los gestores.

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En su último borrador, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública planteaba una indemnización de 33 días por año trabajado, hasta un máximo de 24 mensualidades, para los funcionarios interinos contratados a partir de ahora que sean despedidos después de haber permanecido en situación de temporalidad durante un periodo superior a tres años en cualquiera de las administraciones públicas. Sin embargo, no preveía reparación económica alguna para aquellos que no pudieran retener su puesto de trabajo en el proceso de estabilización.

Concurso-oposición con un 40 % para la experiencia

El acuerdo también contempla que se valore la experiencia de aquellos trabajadores que han ocupado hasta entonces dicha plaza. Así, en esta fase de concurso-oposición la experiencia en la Administración contará un 40 %.

Además, las personas actualmente en situación de temporalidad y que no superen este proceso selectivo serán incluidas en bolsas de trabajo y recibirán una compensación económica, igualmente de 20 días, por los años en situación de abuso de su contrato temporal. Estos procesos selectivos irán unidos a procedimientos de movilidad y promoción interna de los funcionarios de carrera, para preservar también las aspiraciones legítimas de este colectivo.

Tanto el Gobierno como los sindicatos aseguran que el acuerdo ofrece seguridad jurídica, respetando los principios constitucionales de acceso al empleo público, si bien se autoriza una tasa adicional para la estabilización del personal temporal.