La Justicia colombiana imputa a 11 militares por ejecutar al menos a 6.402 civiles

• La Jurisdicción Especial de Paz de Colombia investiga 6.402 asesinatos de civiles conocidos como "falsos positivos"
• El ejercito reclutaba a jóvenes con falsas promesa de empleo para asesinarlos y presentarlos como guerrilleros abatidos en combate

El ministro de Justicia de Colombia, Wilson Ruiz

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) de Colombia imputa a once "miembros del Ejército nacional y de la fuerza pública" por las ejecuciones de civiles conocidas como "falsos positivos". Este tribunal, nacido del Acuerdo de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP y vigente desde 2017, investiga hasta 6.402 asesinatos.

"La JEP imputa crímenes de guerra y de lesa humanidad a un general, seis oficiales y tres suboficiales y a un tercero civil por 'falsos positivos' en el Catatumbo", explicó en una rueda de prensa la magistrada Catalina Díaz Gómez. Los imputados están acusados de haber matado a al menos 120 personas en estado de indefensión en el Catatumbo, Norte de Santander, presentadas como bajas en combate entre enero de 2007 y agosto de 2008, y así aumentar criminalmente las estadísticas oficiales de éxito militar", además de otras 24 desapariciones forzadas. Entre los once imputados se encuentra el brigadier general Paulino Coronado Gámez, y dos coroneles, Santiago Herrera Fajardo y Rubén Darío Castro Gómez.

Este primer auto del caso asegura que la evidencia indica "que estos 11 imputados son penalmente responsables del crimen de guerra de homicidio en persona protegida y los crímenes de lesa humanidad de asesinato y desaparición forzada" . La JEP emitirá "por lo menos seis autos" dentro de la fase de investigación de este macrocaso por los asesinatos de al menos 6.402 personas, sobre todo durante el Gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010), a manos del Ejército para presentarlas como guerrilleros muertos en combate y recibir a cambio premios e incentivos.

Muchos de los jóvenes fueron reclutados con falsas promesas de empleo

La sala consideró que estos hechos "no hubieran ocurrido sin la política institucional del Ejército de contar cuerpos, sin la política de incentivos y sin la constante presión que ejercieron los comandantes sobre sus subordinados para obtener muertos en combate y sin la estigmatización de la población civil".

Muchos de los jóvenes reclutados con falsas promesas de empleo y que después serían asesiados y presentados como guerrilleros abatidos en combate, provenían de Soacha, ciudad vecina de Bogotá. El brigadier general Coronado Gámez es parte del grupo de militares destituidos por los casos de "falsos positivos" en esta misma ciudad. "La JEP continuará indagando la eventual participación de niveles superiores por participación u omisión", sentenció la magistrada Díaz Gómez.

La JEP, que no imputa penas privativas ni individuales, da 30 días hábiles a estos militares para reconocer los hechos y su responsabilidad o rechazarlos; en tal caso, puede imponer las denominadas sanciones propias que consisten en privaciones de la libertad de 15 a 20 años. En caso de que los acusados reconozcan su responsabilidad y aporten verdad se impondrán sanciones especiales que comprenden restricciones efectivas de la libertad de periodos de cinco a ocho años.

“Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate“

Esas restricciones implican limitaciones a derechos como la libertad de residencia y movimiento, prevén la realización de trabajos para reparar a las víctimas y la sociedad, por ejemplo la construcción de escuelas o vías, y la participación en programas de promoción medioambiental y deben ajustarse a los fines de la sanción del derecho nacional e internacional.

Este auto es el primero que sale del caso 03 de los "falsos positivos" y renombrado como "Asesinatos y desapariciones forzadas presentados como bajas en combate por agentes del Estado", donde hay acreditadas a la fecha 1.043 víctimas, de las cuales 658 son mujeres, en lo que fue uno de los capítulos más oscuros del conflicto armado colombiano en el que están involucrados unos 1.500 militares.