Aragonés defiende la legalidad del fondo para los encausados en el Tribunal de Cuentas

• Desvincula mesa de diálogo de negociación de Presupuestos Generales del Estado
• El Gobierno central dice que estudiará el fondo y recurrirá si no es conforme a la legalidad

Aragonés defiende la legalidad del fondo para los encausados en el Tribunal de Cuentas

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reivindicado este miércoles la "legalidad" del fondo creado para ayudar a los ex altos cargos del Govern a quienes el Tribunal de Cuentas reclama fianzas millonarias por promover el 1-O en el extranjero: "Ante decisiones arbitrarias, actuaciones decididas y de acuerdo con la ley", ha dicho. El Gobierno central, por su parte, ha avisado que estudiará si el "conforme a la ley" y, de lo contrario, lo recurrirá.

"Cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración", ha sostenido el 'president' durante su comparecencia de este miércoles en el Parlament sobre "la desjudicialización del conflicto político entre Cataluña y España".

Y ha agregado: "Se ha hecho una solución que es de emergencia pero que es de cobertura general para evitar que las personas perseguidas tengan que responder con patrimonio particular unas fianzas que son indecentes. Esta actuación permite ganar tiempo para hallar una respuesta adecuada y para que se frene la causa del Tribunal de Cuentas".

Desvincula mesa de diálogo de negociación de Presupuestos Generales

Por otro lado, ha desvinculado la mesa de diálogo con el Gobierno central de las negociaciones entre partidos para consensuar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Ha respondido así a la pregunta del presidente del grupo parlamentario de JxCat, Albert Batet: "La mesa de negociación de resolución del conflicto tiene que avanzar independientemente de las posiciones de los grupos parlamentarios en Madrid. No es una negociación a cambio de los Presupuestos Generales del Estado", ha subrayado el presidente catalán.

Se trata, ha dicho Aragonès, de una "negociación compleja, difícil, pero necesaria" y por ello ha pedido "separar las dos cosas".

Por su parte, Batet ha preguntado a Aragonès si "es conveniente" fijar una estrategia conjunta entre los partidos en Madrid: "Todas estas decisiones estratégicas del independentismo se tienen que tomar desde el consenso".

El Gobierno estudiará el aval del Govern a las fianzas del Tribunal de Cuentas

El Gobierno, por su parte, estudiará y “recurrirá” si no está “con arreglo a ley” la decisión del Govern de avalar a los 34 ex altos cargos a los que el Tribunal de Cuentas reclama fianzas por valor de 5,4 millones por el empleo de dinero público para promocionar el referéndum del 1-O de 2017.

Así lo ha manifestado la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que señala que la Generalitat de Cataluña, al igual que otros gobiernos autonómicos, sabe que se debe trabajar “en los límites de la legalidad” -lo que “no es optativo, sino obligatorio”- y reitera que la Abogacía del Estado estudiará esta cuestión.

“Desde que Sánchez preside el Gobierno la Generalitat no ha traspasado ni una sola línea de la legalidad y del cumplimiento de la misma y ahora tampoco va a ocurrir”, ha incidido Calvo, que ha querido quitar importancia al asunto y ha afirmado que el Ejecutivo ha recurrido “muchas cuestiones a otras muchas comunidades”.

Por otro lado, el líder del PP,  Pablo Casado,  aseguró que su partido pedirá la inhabilitación de quienes aprueben los avales y ha pedido a Sánchez que evite lo que considera una "inadmisible malversación" y un "fraude de los que malgastaron el dinero de los españoles para dar un golpe al Estado".

Calvo entiende que esta cuestión forma parte del “debate de la conversación pública”, pero ha insistido en que “todos tenemos que cumplir la legalidad” y reitera que esta cuestión se estudiará por parte de la Abogacía General del Estado y “si no está con arreglo a ley no podrá concurrir”.