La Comisión Interamericana de Derechos Humanos constata que el Estado colombiano usó fuerza letal en las protestas

• El informe recopila graves testimonios por "tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían configurar tortura"
• Iván Duque defiende que el Gobierno ha sido "respetuoso" con la "protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía"

La CIDH concluye que el Gobierno colombiano usó fuerza letal en las protestas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha constatado que la respuesta del Gobierno colombiano a las protestas sociales "se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza y que en muchos casos la actuación incluyó la fuerza letal".

Así lo ha determinado la CIDH en el informe presentado este miércoles tras su visita en junio a Colombia para revisar numerosas denuncias de violencia policial y civil en el marco de las protestas antigubernamentales que comenzaron el pasado 28 de abril en contra de una reforma tributaria.

"La Comisión Interamericana recibió información sobre el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, con base en la discriminación étnico-racial, contra periodistas, contra misiones médicas; irregularidad en los traslados por protección, denuncias de desaparición, el uso de la asistencia militar de manera inadecuada", ha resumido la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, en una rueda de prensa desde Washington.

En ese sentido, la comisión ha explicado que recibió un total de 2.908 solicitudes para dar testimonio de los cuales finalmente se logró contar con 302 declaraciones individuales y colectivas, con más de 500 personas implicadas.

El documento, que contiene 40 recomendaciones al Estado colombiano, recoge múltiples hechos de violencia especialmente contra el derecho a la vida y la integridad personal, y en él advierte sobre la disparidad en las cifras de víctimas mortales, que según ha dicho Urrejola, la sociedad civil eleva a 84 personas.

Preocupación por violaciones de derechos humanos

La CIDH ha manifestado su preocupación por el alto número de denuncias de desaparición durante las manifestaciones en las que fueron detenidas más de 7.000 personas a través de la figura del traslado por protección.

En ese sentido, el informe recopila graves testimonios por "tratos crueles, inhumanos y degradantes que podrían configurar tortura" y que habrían ocurrido durante esas detenciones.

La CIDH también recibió información de la Defensoría del Pueblo según la cual hubo 112 hechos de violencia basada en género y orientación sexual por parte de la fuerza pública, así como ataques sexuales contra mujeres, entre las que aparecen una policía y una periodista.

"Para la CIDH, la violencia de género perpetrada por agentes del Estado es un mecanismo de represión contra mujeres, niñas y personas LGBTI", ha agregado Urrejola.

La Comisión ha destacado las denuncias de violencia contra periodistas y medios de comunicación y de limitaciones a su labor informativa, así como agresiones a misiones médicas que pusieron en riesgo al personal de salud y manifestantes heridos.

Recomienda separar la Policía de la ESMAD

Por esas violaciones, ha recomendado al Estado colombiano separar a la Policía y a su Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) del Ministerio de Defensa para "garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos", evitando así cualquier perspectiva militar.

Sin embargo, ha aclarado que no cuenta con información sobre instrucciones u órdenes de altos mandos para cometer esas violaciones de derechos humanos, por lo tanto no puede hablar de una sistematicidad en ellas.

En referencia al ESMAD, la CIDH también ha recomendado limitar su actuación a "casos estrictamente necesarios". También ha sugerido que la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad sea "extraordinaria, subordinada y complementaria".

Condena el vandalismo

Las protestas en Colombia, que inicialmente fueron convocadas para rechazar una reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, derivaron en una de las peores crisis recientes del país y, pese a que la mayoría transcurrió de forma pacífica, en ciudades como Bogotá y Cali estuvieron marcadas por la violencia.

La CIDH ha constatado que parte de esa convulsión obedece a un "clima de polarización" presente en diferentes sectores sociales y en el que se manifiestan discursos estigmatizantes, condiciones "especialmente preocupantes cuando provienen de autoridades públicas".

La comisión ha condenado además infiltración de grupos vandálicos que ocasionaron cuantiosas pérdidas económicas; ataques e incendios a instalaciones del Estado; los bloqueos viales que causaron desabastecimiento de alimentos, medicinas y combustibles en 26 de los 32 departamentos del país, y la muerte de dos bebés ocurridas por la falta de atención médica.

En ese sentido, ha hecho un llamamiento al Estado "para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los delitos cometidos en el marco de las protestas", y ha instado al Gobierno a promover y reforzar un proceso nacional de diálogo en el que todos los sectores sean escuchados.

"Nadie puede recomendar ser tolerante con la criminalidad"

El presidente colombiano ha respondido en declaraciones a medios que nadie puede recomendar a un país ser tolerante con la criminalidad y ha anunciado que la Policía seguirá siendo parte del Ministerio de Defensa porque así es como mantiene una coordinación con todas las fuerzas y puede cumplir labores humanitarias y de protección.

Duque ha añadido que el Gobierno ha sido "respetuoso" con la "protesta pacífica como una expresión de la ciudadanía", si bien "los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la Constitución y la ley".