El Parlamento Europeo exige que no se apruebe el fondo de recuperación de Hungría si contribuye a su ley homófoba

• Los eurodiputados expresan su "firme condena" a la polémica ley y reclaman acciones legales "inmediatas"
• Vox ha votado en contra y el PP se ha abstenido en bloque salvo González Pons, que ha apoyado la resolución
• La Comisión ya está trabajando en la apertura de este procedimiento de infracción

El primer ministro húngaro Viktor Orban

El Parlamento Europeo ha pedido este jueves que Bruselas no apruebe el acceso de Hungría por la pandemia, de los que les corresponden en torno a 7.000 millones de euros, hasta que se constate que el presupuesto de la UE no vaya a "contribuir activamente a la violación de los derechos fundamentales" en el país.

En la resolución, que ha sido aprobada este jueves por 459 votos a favor, 147 en contra y 58 abstenciones, los eurodiputados han expresado su "firme condena" de la controvertida ley húngara que discrimina y estigmatiza al colectivo LGTBIQ, por lo que han reclamado acciones legales "inmediatas" contra el Gobierno de Viktor Orban.

El Parlamento húngaro aprueba un proyecto de ley que prohíbe hablar de homosexualidad en las escuelas

En contra han votado el grupo de Conservadores y Reformistas, incluido Vox, y los ultraderechistas de Identidad y Democracia (ID), mientras que el Partido Popular español se ha abstenido en bloque a excepción de Esteban González Pons, quien ha apoyado la resolución como la mayoría del Partido Popular Europeo.

La norma, que vincula la homosexualidad con la pedofilia y prohíbe hablar de la identidad sexual en escuelas y medios de comunicación, entra en vigor este mismo jueves y ya fue objeto de un agitado debate en la cumbre de líderes del pasado mes de junio. Asimismo, ha supuesto un punto de inflexión en el tira y afloja entre Budapest y Bruselas por su cumplimiento de los valores comunitarios, que dura ya varios años.

Señalan un "desmantelamiento gradual de derechos fundamentales"

Esta ley, aseguran los eurodiputados, "no es un caso aislado, sino otro ejemplo deliberado y premeditado del desmantelamiento gradual de los derechos fundamentales en Hungría".

"Las campañas de desinformación y la LGBTIQ-fobia organizadas y promovidas por el Estado se han convertido en herramientas de censura política en manos del Gobierno húngaro", advierten.

El documento aprobado por la Eurocámara señala también la alarma ante prácticas como la modificación de la Constitución para especificar que "la madre es una mujer y el padre es un hombre" o la prohibición de facto del reconocimiento jurídico del género para las personas transgénero e intersexuales.

También piden a los Estados miembros que lleven el caso ante el Tribunal si la Comisión no actúa, y plantean la presentación de una demanda interestatal ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Piden que la UE no contribuya a la violación de derechos

La Comisión, por su parte, ya está trabajando en la apertura de este procedimiento de infracción después de que su presidenta, Ursula von der Leyen, advirtiera este miércoles de que Bruselas emplearía todos los medios de los que dispone ante este nuevo desafío de Budapest a los principios del Estado de derecho comunitarios.

"Si Hungría no corrige, la CE recurrirá a los poderes que le confieren los tratados. Vamos a recurrir a estos instrumentos sin prejuicio del Estado miembro que incumpla la legislación comunitaria", declaró Von der Leyen.

Respecto a los 7.000 millones de euros a los que Hungría accedería a través del plan de recuperación, los eurodiputados piden a la Comisión que "analice cuidadosamente" cada medida del plan de reformas presentado por el Gobierno de Viktor Orbán para acceder estos fondos y "que solo lo apruebe si se constata que no contribuirá a la aplicación de la ley" anti LGTBIQ+.

"Y, por ende, que el presupuesto de la Unión no contribuya activamente a la violación de los derechos fundamentales en Hungría", añaden.

El mecanismo de condicionalidad

Aunque aún no ha tomado ninguna decisión de manera oficial sobre este plan, uno de los prerrequisitos de Bruselas para dar su visto bueno es que los planes nacionales aborden "todas o una parte significativa" de las recomendaciones que se le hacen a cada uno de los Estados miembros.

En el caso de Hungría, se trata de recomendaciones en el área del cumplimiento del Estado de derecho, la lucha contra la corrupción, la independencia judicial, el acceso a la información pública y una mayor vigilancia sobre las contrataciones públicas.

El Parlamento Europeo también insta a la Comisión a que active inmediatamente el mecanismo de condicionalidad que en ciertos casos vincula la obtención de fondos comunitarios con el cumplimiento de los valores europeos, creado a final de 2020, si bien aún no se ha puesto en marcha al estar recurrido por Hungría y Polonia.

El requisito para activar este mecanismo es que la violación de estos principios afecte de un modo suficientemente directo al buen uso del dinero europeo o a los intereses financieros de la Unión Europea, un extremo que, según un informe encargado por un grupo de eurodiputados a varios expertos y profesores universitarios.

Según el informe, Hungría "no puede ser un administrador de confianza para los fondos europeos" hasta que resuelva sus problemas en áreas como la gestión transparente de esta financiación, la ausencia de una fiscalía nacional efectiva y la falta de garantías de independencia judicial.