Al menos 72 muertos y 757 detenidos en Sudáfrica tras la entrada en prisión del expresidente Jacob Zuma

• Zuma presidió el país durante 9 años hasta 2018 y ha sido condenado a 15 meses de cárcel
• El hijo del presidente declaró que habría "derramamiento de sangre" en caso de que se produjese el ingreso en prisión

Agentes de policía vestidos de paisano caminan por el estacionamiento de un centro comercial

Al menos 72 personas han muerto y 757 han sido detenidas hasta este martes en Sudáfrica por los violentos disturbios ocurridos en los últimos días en varios puntos del país, según han informado este martes las autoridades del país.

Esta violencia, que ha obligado al despliegue del Ejército con la movilización de 2.500 soldados, se inició el pasado viernes a raíz del encarcelamiento del expresidente Jacob Zuma por desacato judicial, pero se ha convertido después en una oleada de saqueos masivos y vandalismo indiscriminado.

Los graves incidentes se han concentrado en la oriental provincia de KwaZulu-Natal (de donde es originario Zuma y su mayor bastión de apoyo político) y en la populosa Gauteng, región donde están dos de las principales ciudades del país, Pretoria y Johannesburgo.

Durante los días previos diversos partidarios de Zuma habían animado a la población a "resistir al encarcelamiento" del expresidente. Durante la semana pasada, su hijo declaró que habría "derramamiento de sangre" a fin de proteger a su padre para ir a la cárcel y en estos días se han podido observar varias imágenes en las que había enfrentamientos armados entre civiles.

La situación "no está bajo control"

En KwaZulu-Natal, el jefe de Gobierno provincial, Sihle Zikalala, ha confirmado esta mañana en una rueda de prensa un balance total de 26 muertos sólo en esa región, pero los disturbios y saqueos continúan aún, especialmente en los alrededores de las ciudades de Durban y Pietermaritzburg.

Una situación similar se vive en Gauteng, donde el líder del Ejecutivo regional, David Makhura, ha confirmado 19 fallecimientos, con diez de ellos concentrados en una mortífera estampida en centro comercial en el distrito de antiguos guetos negros de Soweto (suroeste de Johannesburgo).

"Los saqueos continúan así que no puedo decir que (la situación) esté bajo control", ha lamentado Makhura en declaraciones a los medios desde Soweto.

Jacob Zuma dimite como presidente de Sudáfrica

Unas horas antes, el ministro de Seguridad sudafricano, Bheki Cele, había confirmado en una rueda de prensa el arresto de 757 personas en todo el país. "Ningún descontento o circunstancias personales de nuestro pueblo dan el derecho a nadie a saquear, vandalizar y hacer lo que quieran e incumplir la ley", ha afirmado el ministro.

Cele, quien en los últimos días ha sido objeto de duras críticas por la incapacidad de las fuerzas de seguridad de prever y manejar la ola de vandalismo, ha advertido también de que los afectados por los incidentes -tanto a nivel personal como material- no deben tomarse ahora la justicia por su mano.

Estos actos violentos empezaron el viernes en KwaZulu-Natal, provincia natal del polémico expresidente Jacob Zuma, quien el pasado 29 de junio fue condenado a 15 meses de cárcel por desacato judicial, al negarse repetidamente a declarar por corrupción.

El país está en plena tercera ola de covid

Aunque el propio exmandatario se entregó pacíficamente a las autoridades a última hora del pasado miércoles, las primeras protestas se produjeron como muestra de apoyo a Zuma, en forma de cortes de carreteras.

En los siguientes días, sin embargo, no sólo se han extendido por toda esa provincia, sino que se replicaron en otras zonas, especialmente en el área de Johannesburgo, degenerando en una oleada de criminalidad generalizada.

Los disturbios se producen, además, en el peor momento de una agresiva tercera ola de casos de covid-19 en el país, que es el más golpeado por la pandemia de toda África (con unos 2,2 millones de contagios y unas 64.000 muertes).

Anoche, el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, ha advertido que la caótica situación va a impactar en la seguridad alimentaria y sanitaria del país, además de suponer un severo revés para la recuperación económica en general.