La omnipresencia de la Justicia en el debate político: un arma arrojadiza entre partidos

• Críticas a las sentencias, señalamiento de jueces, recursos en los tribunales y la batalla por el CGPJ, a la orden del día
• La "politización de la Justicia" y la "judicialización de la política" viene desde los años 80, dicen los expertos

La Justicia, a debate político

"La respuesta jurídica a la pandemia ha sido un completo fracaso del Gobierno". “Esta sentencia evidencia que la Justicia no es igual para todos, los corruptos son amparados”. “El PP debe tener una Constitución específica en la que solo se renueva el Consejo General del Poder Judicial cuando gobierna el PP”. “Vamos a recurrir a la Justicia con todas nuestras fuerzas para que no se cometa esta tropelía”. “El Tribunal Constitucional está abandonando al pueblo español cuando más lo necesita”. “El informe del Supremo sigue la línea represiva de la causa general contra el independentismo” (...).

Todas estas citas y otras muchas más han salido de la boca de los líderes o miembros de la cúpula de los distintos partidos políticos en el último año, y es que el calendario judicial y el debate político van habitualmente de la mano. Así ha quedado en evidencia este miércoles en que el Tribunal Constitucional ha tumbado (como pedía Vox) el primer estado de alarma decretado por el Gobierno durante la primera ola de coronavirus en 2020. Las críticas por parte de los principales partidos de la oposición no se ha hecho esperar y lo ha tildado de "varapalo judicial", mientras que el Ejecutivo se ha dicho "sorprendido" y ha defendido que sin esta herramienta no hubiera sido posible afrontar la pandemia.

Las decisiones judiciales no dejan de marcar el calendario político. En el último mes, eran el aval de la Justicia al cartel electoral de Vox sobre los menores migrantes no acompañados, los recursos anunciados contra el fondo del Govern para pagar las fianzas del 'procés' en el Tribunal de Cuentas o la condena firme contra Isa Serra (Unidas Podemos) los que tenían fuerte presencia en los discursos políticos. Y justo antes de eso, lo que copaba el debate nacional eran los indultos del ‘procés’, recurridos por PP, Vox y Cs apelando al informe contrario del Tribunal Supremo; o el sonado ‘caso Kitchen’ que afecta al PP y que tiene dos investigaciones abiertas en paralelo: la judicial en la Audiencia Nacional y la comisión parlamentaria. Y de fondo, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) bloqueada desde hace dos años y medio, como una de las principales armas arrojadizas entre el PSOE y el Partido Popular.

“Desde finales de los 80 se da la politización de la justicia y la judicialización de la política“

Aunque parece que la politización de la justicia va a más, el politólogo Pablo Simón afirma a RTVE.es que esto “no es nada novedoso” y que “desde finales de los años 80 existe una doble dinámica: la politización de la Justicia y la judicialización de la política”. “Los partidos tratan de condicionar la conformación de los órganos judiciales (como el CGPJ) con el objeto de influir en su ventaja política y, por otra parte, cada vez que existe un desacuerdo de carácter político, se recurre a los órganos jurisdiccionales para cargarse de razones y abortar así decisiones o medidas con las que no están de acuerdo”.

Las sentencias están “sujetas a crítica sana y constructiva”, admite el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid y viceportavoz de Jueces y Juezas por la Democracia, Fernando de la Fuente. Sin embargo, considera que “cada vez más se produce una falta de respeto por la Justicia y las resoluciones judiciales” y se hace “un uso instrumental de la Justicia” con fines políticos.

Críticas a las sentencias y señalamiento de jueces

“Lo más criticable es que la simple apertura de una investigación en un juzgado o una detención, sin tener sentencia condenatoria, ya se utiliza como si existiera esa condena y se quebranta la presunción de inocencia”, lamenta María Jesús del Barco, jueza decana de Madrid y portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM). “A algunos, por sus intereses partidistas y de cara a sus votantes, les interesa vender una versión de los hechos que puede no tener que ver con lo que luego es la realidad”.

También critica el “ataque personal” que se hace en ocasiones de determinados jueces para “tratar de inquietarle en su independencia”. “Si una condena contra ti se archiva, no dices ni pío pero, si hay condena, justificas que es un juez conservador o progresista y siembras dudas sobre su fiabilidad y su independencia”. Reconoce que ella también se “sorprende a veces” de algunas resoluciones, pero lamenta que las valoraciones se hagan sin conocimiento. Tras la sentencia de La Manada, “en 17 minutos había ya críticas en redes sociales de políticos, cuando a mí me llevó un par de tardes entenderla y leérmela bien con los conocimientos de Derecho que tengo”.

“Somos muy críticos con la personalización de la Justicia”, coincide De la Fuente, porque “el juez es imparcial, intenta hacer su trabajo lo mejor que puede y al final muy pocas resoluciones son a gusto de todo el mundo”. Critica así que se “dude de la imparcialidad” de los jueces, aunque reconoce: “Es verdad que los jueces a veces no contribuimos en exceso a esto, sobre todo cuando pasan de la Justicia a la política y luego vuelven a su puesto anterior”.

La influencia en los órganos de gobierno de la Justicia y las “puertas giratorias”

“Si eres juez y te metes a político, no vuelvas a tu puesto anterior en la Audiencia Nacional“

Concepción Rodríguez, presidenta de Foro Judicial Independiente, se muestra en este sentido “favorable a que se supriman las puertas giratorias”: “Si eres juez y te metes a político, no vuelvas a tu puesto anterior en la Audiencia Nacional”. Pone de ejemplo a la actual Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, que pasó de la Fiscalía a la política con el PSOE, ejerció de ministra de Justicia y volvió después al Ministerio Público.

Ese viaje de ida y vuelta a la justicia lleva siendo habitual durante décadas. Esta misma semana el recién cesado ministro de Justicia ha solicitado su reincorporación a la Audiencia Nacional. Engrosan a esta lista otros nombres como Eloy Velasco, que antes de volver a la magistratura había sido director general de Justicia de los gobiernos de la Generalitat Valenciana de Eduardo Zaplana y Francisco Camps, y José de la Mata, director general de Justicia con José Luis Rodríguez Zapatero.

Todo esto, señala, perjudica la “confianza” que tiene el ciudadano en la Justicia y hace que se pierda la “apariencia de independencia” que es fundamental. Precisamente, el eurobarómetro de abril de 2021 señala que solo el 45% de los españoles confía en la Justicia. Pero no solo las “puertas giratorias” son, a su juicio, el problema sino también la “invasión política en la administración de Justicia” por cómo está configurada la elección de los órganos judiciales, condicionada directamente a la política.

El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa (GRECO), dependiente del Consejo de Europa, ha señalado en varias ocasiones que “el talón de Aquiles de la judicatura española” es su “supuesta politización”. Su recomendación para preservar la independencia judicial española es modificar la forma en la que se elige al presidente y a los veinte vocales del CGPJ, cuya función constitucional, precisamente, es la de ser garantía de la independencia de los jueces y de los tribunales.

Ocho de esos vocales, los de “reconocida competencia”, son elegidos por el Parlamento con una mayoría de tres quintos y, antes de 1985, los otros doce vocales magistrados eran elegidos por los propios jueces. Sin embargo, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) hizo que esos 12 miembros restantes, aunque deben recibir el aval de las asociaciones de jueces restantes, sigan necesitando un respaldo de los tres quintos de la Cámara para ser designados.

“Cada vez está más politizada la designación del CGPJ“

“Al final, lo que vemos es un órgano en el que se nombran personas que están muy alejadas de la realidad de los tribunales y los juzgados de España y cada vez está más politizada la designación del CGPJ”, denuncia Rodríguez, quien recuerda que se trata del órgano que lleva a cabo los nombramientos de los altos cargos judiciales. En concreto, el presidente del CGPJ lo es también del Tribunal Supremo y el Consejo se encarga del nombramiento de los magistrados de este alto tribunal y de los presidentes de Tribunales y Salas. Rodríguez cree que más allá del órgano de poder, los jueces sí son independientes y ejercen sus obligaciones constitucionales con libertad y profesionalidad.

La ‘judicialización’: los recursos en los tribunales para hacer política

“El porcentaje de casos en los tribunales con opciones políticas son altísimos y dan muchísimo trabajo“

Aparte del poder que tiene la política en el órgano de gobierno de la Justicia Española, los partidos tienden a recurrir las decisiones de sus adversarios. “El porcentaje de casos que existen en los tribunales con opciones políticas son altísimos”, subraya De la Fuente. Critica que en muchas ocasiones son procedimientos “que no tienen relevancia jurídica pero dan muchísimo trabajo y complican la vida diaria de los juzgados”, algo que se ha incrementado con el aumento de formaciones políticas en los últimos años: “Hay más diferencias políticas y, cuando no las solucionan por falta de la cultura del consenso, se acude innecesariamente a los tribunales”.

Solo en el último trimestre, según la memoria del Tribunal Constitucional, se han presentado diez recursos de inconstitucionalidad: siete sobre leyes promulgadas por el Gobierno y tres sobre leyes autonómicas. Uno de ellos fue presentado por el presidente del Gobierno contra una ley autonómica, otros seis fueron presentados por diputados o senadores y otros tres fueron recurridos por las CC.AA.

“Los partidos recurren a los jueces como instrumento de presión para hacer política”, expone por su parte Simón, quien apunta que, en ocasiones, también “los jueces hacen política”, como se ve en algunas sentencias de “marcado perfil ideológico”. Además, los jueces “no son seres robóticos” y pueden ser "vulnerables al estado de la opinión pública” con temas muy mediáticos o políticos.

¿Qué dicen los partidos de todo esto?

RTVE.es ha pedido la opinión sobre todas estas cuestiones a los cuatro principales partidos políticos, aunque el PSOE ha sido el único que no ha querido entrar a valorarlas y se ha limitado a defender que “siempre han respetado todo lo que tiene que ver con la Justicia”.

El diputado del PP Carlos Rojas ha lamentado que, “por parte de otros partidos”. se quiebre en muchas ocasiones “la presunción de inocencia” y hagan una “burda utilización de la Justicia”. “Atizan a la Justicia cuando las resoluciones no son buenas para ellos y ponen de ejemplo las que les pueden beneficiar, es un doble rasero inaceptable”. También lamenta que se “mezcle” el debate jurídico y el político “con comisiones de investigación” en el Congreso en una suerte de “juicio paralelo con personas que ya están declarando en los tribunales”. Por último, ha dicho que hay que “dejar trabajar” a los tribunales y ha defendido que sean los propios jueces los que elijan el CGPJ.

Pedro Fernández (Vox) defiende que los partidos recurran a la Justicia ante medidas que sospechan que incumplen la legalidad y avala el debate político sobre cuestiones judiciales porque muchas “afectan al día a día de los españoles”. Las resoluciones judiciales “dicen a un Gobierno de turno cómo tiene que actuar, le recuerda su obligación de respetar las leyes”, añade. A su juicio, es compatible “el respeto a las decisiones judiciales” con que los partidos “puedan hacer su interpretación estrictamente política” de las mismas. Por último, critica que los distintos Gobiernos han tratado de “quebrar” la independencia judicial: “A veces han tenido éxito y han podido dirigir algunas decisiones judiciales y otras no”.

Y Roberto Uriarte (Unidas Podemos) defiende el “legítimo” debate político sobre cuestiones judiciales ya que los jueces están “condicionados por sus opiniones políticas” pero debe ser “respetuoso”. “Lo que es peligroso es que haya presiones que se dan en secreto, se hacen en silencio” a los tribunales por parte de políticos y "también de poderes económicos”. Cree que no habría tanto abuso del recurso a los tribunales “si tuviéramos mejores relaciones entre los partidos y no se hiciera una política tan visceral”. Por último, rechaza una reforma legal para reforzar la independencia judicial y pide buscar “personas de consenso” para los órganos judiciales: “El problema está en el uso fraudulento de la ley, y si se hiciera otra ley se estaría pensando en cómo defraudarla antes de entrar en el BOE”.