El Tribunal de Cuentas rechaza ampliar el plazo para que los excargos del Govern abonen su fianza de 5,4 millones

• Tienen hasta el miércoles para proceder al pago, un plazo "razonable y suficiente" según la instructora del caso
• El Ejecutivo sigue estudiando si recurrirá el fondo de diez millones de euros de la Generalitat para el pago de las fianzas

Carles Puigdemont ofrece una rueda de prensa acompañado de Pere Aragonès

El Tribunal de Cuentas ha denegado la prórroga a los 34 ex altos cargos de la Generalitat para abonar de forma solidaria la fianza de 5,42 millones de euros que les reclama por la promoción en el extranjero del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 mediante Diplocat, las "embajadas catalanas". De esta forma, mantiene el plazo para abonar dicha fianza hasta el próximo miércoles.

Así lo han confirmado a Efe y a Europa Press fuentes del Tribunal de Cuentas, órgano que ha encausado a varias decenas de altos cargos de la Generalitat entre 2011 y 2017, entre ellos Carles Puigdemont, Artur Mas y Oriol Junqueras por la promoción del procés en el exterior.

La delegada instructora Esperanza García Moreno ha señalado que el plazo concedido, que es "superior al de diez días hábiles otorgado con carácter general" es "razonable y suficiente para proceder al afianzamiento señalado".

Contra la resolución con fecha 15 de julio cabe recurso ante la Sala de Justicia de este Tribunal a interponer en el plazo de cinco días, contados desde la notificación, sin que ello implique la suspensión de las actuaciones. Según fuentes consultadas, este escrito habría sida notificada este mismo lunes, por lo que el vencimiento se produciría este viernes.

La instructora del órgano fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles a las defensas de los excargos -entre los que se incluyen el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras- para depositar la fianza, impuesta para que puedan hacer frente a las responsabilidades contables a las que pudieran ser finalmente condenados.

Tal y como establece la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas, si las defensas no abonan la caución correspondiente, se procederá al embargo de bienes.

Los diez millones del fondo de la Generalitat

El pasado 6 de julio, el Govern creó un fondo con dotación inicial de 10 millones de euros, gestionado por el Instituto Catalán de Finances (ICF), para ayudar a estos antiguos cargos de la Generalitat.

A este fondo se podrá acoger a él cualquier funcionario al que se pidan responsabilidades legales por actividades relacionadas con el desempeño de su cargo, siempre que cumpla ciertos requisitos.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, reivindicó la "legalidad" de ese fondo porque, a su juicio, "cualquier servidor público tiene derecho a ser defendido por su administración" ante "decisiones arbitrarias".

Por su parte, el Ejecutivo central está estudiando la legalidad de ese fondo para determinar si se ajusta a derecho o, en caso contrario, lo recurrirá.

Los recursos contra la fianza

Mientras, al Tribunal de Cuentas ya llegó el recurso presentado por la defensa de Puigdemont contra la fianza reclamada. En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, pidió que se anulara la caución al considerar que "tiene reconocida inmunidad como europarlamentario" que "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas".

Añadió que, en el caso de que no fuesen acogidas sus pretensiones, se ampliara el tiempo otorgado para el pago de la fianza y que se aclarara cómo la instructora había llegado a determinar el importe.

En este procedimiento también consta el recurso interpuesto por la defensa del expresidente catalán Artur Mas,  quien alegó indefensión por una "irregular" tramitación de diligencias, pidió anular la liquidación provisional hasta que se resolviese su petición y reclamó suspender el plazo para abonar la fianza.

Cantidades individuales pero a pagar de forma solidaria

Según el acta de liquidación provisional, al que ha tenido acceso Europa Press, el Tribunal de Cuentas reclama a 34 ex cargos cantidades individuales por conceptos concretos que aprobaron cuando estaban en sus respectivos puestos en el Govern.

La mayor suma se le atribuye al ex secretario del Diplocat Albert Royo, a quien se le responsabiliza de 3,6 millones; le siguen la ex interventora de la Generalitat Mireia Vidal, por 3,1 millones; el ex conseller de Presidencia Francesc Homs, por 2,9 millones; el ex presidente Artur Mas por 2,8 millones; y el ex conseller de Economía Andreu Mas-Colell por 2,7 millones.

En el caso de Raül Romeva, uno de los nueve indultados por el Gobierno, la cifra alcanza los 2,1 millones de euros; Junqueras -también beneficiado por la medida de gracia- figura con una responsabilidad contable de 1,9 millones, al igual que Puigdemont.

Aunque se les reclama a cada uno cantidades individuales, todos ellos deberán responder al total de 5,4 millones de forma conjunta y solidaria.