Imputan por "detención ilegal" a la responsable del confinamiento de los estudiantes del macrobrote de Mallorca
Un juzgado de Palma ha citado como investigada a la directora general de Salud Pública del Govern de Baleares, Maria Antònia Font, por los presuntos delitos de prevaricación y detención ilegal por ordenar el pasado 25 de junio el confinamiento forzoso de los 175 estudiantes del macrobrote de Mallorca.
Según han confirmado fuentes de la investigación, la alto cargo del Ejecutivo autonómico tendrá que declarar el próximo 7 de septiembre.
El juzgado, ante el cual varios progenitores presentaron una querella, ha decidido investigar las circunstancias y los motivos que rodearon el traslado vigilado por la Policía Nacional y el confinamiento de estudiantes peninsulares en el Hotel Palma Bellver.
Por su parte, el Gobierno de las Islas Baleares ha transmitido en un comunicado "su respeto por todas las actuaciones del poder judicial" y ha reiterado que está a disposición de cualquier requerimiento por parte de los tribunales.
"Esto es compatible con la defensa y apoyo a la actuación de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Consumo, así como de todos sus miembros, para controlar el macrobrote de contagios" ha añadido, ya que considera que "la actuación fue proporcionada".
Asimismo, el Ejecutivo recuerda que los jueces no atendieron judicialmente las peticiones de habeas corpus solicitadas por algunos de los jóvenes a los que se requirió mantener cuarentena.
Una decisión polémica
La Fiscalía de Baleares ya se opuso a esta decisión hace un mes, cuando en un escrito solicitó al Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Palma que no ratificase la resolución de la directora general al considerar que las medidas adoptadas no resultaban "plenamente justificadas ni proporcionadas de acuerdo con la legislación vigente".
"La decisión fue identificar a estos alumnos, hablar con los monitores, y trasladarlos al 'hotel puente' para hacerles una prueba PCR", defendió entonces la consellera de Salud Patricia Gómez, mientras que la presidenta de Baleares, Francina Armengol, afirmó más tarde que "es un peligro para la salud pública que un contacto estrecho no haga la cuarentena".
Finalmente, el 30 de junio, el Juzgado se expresó en el sentido de mantener el confinamiento únicamente en el caso de los jóvenes que hubieran dado positivo por coronavirus en las pruebas realizadas, dando la razón a algunas de las quejas de padres y estudiantes.
Ante esto al menos 45 jóvenes optaron por quedarse en el 'hotel puente' Palma Bellver, mientras que los demás decidieron abandonar Mallorca en un barco con destino a Valencia pagado por el propio Govern. Sin embargo, al menos 13 de los 118 estudiantes que zarparon en el buque dieron positivo a su llegada a al Puerto de Valencia.
Este brote por COVID-19 vinculado a viajes de estudios ha llegado a superar los 2.000 contagiados.
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