El presidente del TC niega presiones y reconoce que las deliberaciones sobre el estado de alarma fueron "complejas"

• Así lo ha señalado en una entrevista en TVE días después de que se declarase inconstitucional el primer estado de alarma
• González Rivas fue uno de los cinco magistrados que discrepó de la sentencia, cuya resolución fue conocida la pasada semana

El presidente del Constitucional, sobre la sentencia del estado de alarma: "No he recibido presiones"

El presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, uno de los cinco magistrados que votó en contra de que se declarara inconstitucional el primer estado de alarma, ha negado este martes haber recibido presiones del Gobierno, al tiempo que ha reconocido que las deliberaciones fueron "complejas" porque había dos visiones antagónicas.

"Yo no me he sentido presionado por ningún poder público. El tribunal actúa resolviendo cuestiones de enorme complejidad política, pero actúa teniendo como norte la aplicación del texto de la Constitución", ha señalado el presidente en una entrevista en TVE, tan solo unos días después de que el Constitucional tumbase el primer estado de alarma decretado por el Gobierno para combatir la pandemia, tal y como pedía Vox. Fue una decisión muy ajustada, con seis magistrados a favor de declarar su inconstitucionalidad, frente a otros cinco que avalaban la medida excepcional.

Precisamente González Rivas fue uno de los cinco magistrados que discrepó de la sentencia, ya que a su juicio “ninguno de los derechos fundamentales” fue suspendido, ni tan siquiera el de libre circulación, y que las medidas del real decreto fueron “proporcionales” para el objetivo de salvar vidas, argumentó en su voto particular, conocido este martes.

El presidente ha reconocido que las deliberaciones fueron intensas debido a la falta de acuerdo entre las dos partes y a la "complejidad" de la materia a tratar. "La complejidad a veces de los temas dificulta llegar a soluciones con suficiente apoyo", ha apuntado González Rivas.

Otros votos particulares

Los magistrados del Tribunal Constitucional que votaron en contra de la sentencia que declara la inconstitucionalidad de algunos preceptos del decreto de estado de alarma de marzo de 2020 coinciden en sus argumentos en defender la proporcionalidad e idoneidad del instrumento elegido por el Gobierno para imponer limitaciones de derechos como el de circulación o reunión que se impusieron para hacer frente al coronavirus. Por contra, la mayoría dictaminó que lo que hubo fue una restricción de "alta intensidad" de derechos que hubiera requerido un estado de alarma.

La magistrada María Luisa Balaguer presentó un voto particular a la sentencia, cuyo contenido coincide en gran medida con el del presidente. Según detalla, la restricción de movimientos “no fue absoluta” y critica el “ejercicio de voluntarismo cargado de subjetividad” que supone calificar el confinamiento domiciliario como una “medida suspensiva de la libertad deambulatoria”. En su opinión, "se daban las circunstancias propias de la declaración del estado de alarma".

El magistrado Andrés Ollero, por su parte, justifica su voto discrepante al señalar que el estado de excepción "tiene claros precedentes referidos a problemas de orden público con notorias connotaciones políticas", mientras el de alarma "remite a catástrofes y situaciones como la actual pandemia".

Sentencia del Constitucional - La gravedad de la pandemia justificaba el estado de excepción

Y, por último, Cándido Conde-Pumpido, cuyo voto fue conocido la pasada semana junto al borrador de la sentencia. El magistrado fue más allá y advirtió de que esta resolución "crea un grave problema político al desarmar al Estado contra las pandemias, privándole del instrumento que la ley determina expresamente para hacer frente a las crisis sanitarias, el estado de alarma". Además, se mostró muy crítico con la mayoría, al argumentar que su decisión "no responde a verdaderos criterios jurídicos".

En este sentido, Conde-Pumpido ha expresado públicamente este martes sus disculpas hacia sus compañeros del órgano de garantías por las expresiones "desafortunadamente" contenidas en el borrador de su voto particular. Aún queda por conocer el último de los cinco votos discrepantes, el del magistrado Juan Antonio Xiol, que ha pedido un par de días más para terminar de redactar su escrito.