Los sindicatos alertan de que la reforma de los interinos podría ser "discriminatoria" y exigen "seguridad jurídica"

• La norma fue aprobada este miércoles en una votación muy ajustada, que salvó ERC en el último momento
• A cambio, el Gobierno aceptó que los interinos con más de diez años en una plaza podrán ocuparla sin opositar

Imagen de archivo de una protesta de trabajadores interinos

El decreto de los interinos, aprobado este miércoles por tan solo un voto de diferencia y gracias al apoyo en el último momento de ERC, incluirá algunas concesiones no acordadas previamente con los sindicatos como que los trabajadores temporales con más de diez años en una plaza que no haya salido a concurso puedan ocuparla sin pasar la fase de oposición. Los sindicatos entienden que puede existir una discriminación con este nuevo criterio, por lo que piden “seguridad jurídica” para estos procesos.

“Desconocemos al amparo de qué criterios se fijan estos diez años, pero entendemos que puede existir una discriminación”, ha señalado este jueves el secretario de Acción Sindical del CSIF, Francisco Lama, en los micrófonos de RNE. Lama, que fue una de las personas que negoció este decreto, ha hecho una “valoración positiva” del mismo, aunque ha reconocido que prestarán atención a “cómo se hace ese encaje jurídico dentro de la norma”.

Las mañanas de RNE - CSIF pide "seguridad jurídica" para evitar que los tribunales echen abajo el decreto de los interinos - Escuchar ahora

Lo cierto es que la aprobación de la reforma para reducir la temporalidad en la Administración Pública estuvo en el aire hasta el último momento. El Ministerio de Hacienda se vio obligado a ceder, en primer lugar, con Unidas Podemos, aceptando que las pruebas de la fase de oposición puedan no ser eliminatorias; y posteriormente con ERC, que reclamaba que los interinos con más de 10 años ocupando una plaza estructural que nunca haya sido convocada pudiesen acceder a la misma sin pasar la fase de oposición.

Según UGT, son medidas que estuvieron sobre la mesa en la negociación del pasado mes de junio, pero que el Gobierno rechazaba alegando "inconstitucionalidad", ha señalado el secretario general, Pepe Álvarez, en una entrevista en la Cadena Ser. Ahora, el Ejecutivo lo defiende a través del artículo del 61.6 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que habilita la valoración de méritos para el acceso como una posibilidad excepcional.

"Se trata de aplicar la excepcionalidad del EBEP para aquellos que estén ocupando una plaza superior a 10 años y que esa plaza nunca se haya convocado. De manera que este colectivo no tendrá que hacer la fase de oposición", apuntaba la ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, que ha tomado las riendas del decreto tras los cambios en el Gobierno.

El proceso selectivo podría ser tumbado por los tribunales

No obstante, Lamas ha recordado que “el Constitucional ha puesto veto a esos procesos restrictivos”, por lo que la reforma de los interinos, si finalmente se incluyen estas nuevas concesiones, podría finalmente ser tumbada por los tribunales. “Por lo tanto, exigimos que se deje todo bien redactado y que tenga ese amparo tan necesario constitucional para evitar que los tribunales echen abajo ese proceso selectivo”, sentencia.

El Congreso aprobó que la iniciativa se tramite como proyecto de ley para que los grupos puedan presentar propuestas de modificación a través de enmiendas. En este sentido, desde CC.OO. han anunciado que se reunirán con los grupos parlamentarios para hacer un seguimiento de la norma hasta su aprobación, que está prevista en el mes de octubre.

“Y vigilar que en su tramitación no se modifiquen los aspectos fundamentales de lo acordado con el Gobierno, especialmente en los puntos que aumentan el peso de la experiencia en la fase de concurso y simplifican la fase de oposición, y en la aplicación de las indemnizaciones como medida compensatoria y disuasoria”, ha apuntado el sindicato en una nota de prensa.

En la misma línea, desde UGT han asegurado que seguirán la tramitación muy de cerca “con la finalidad de que la esencia, objetivos e innovaciones contenidas en el Acuerdo permanezcan intactos” y “partiendo siempre de la necesaria seguridad jurídica que garantice su correcta y oportuna ejecución”. No obstante, han añadido que "valoran positivamente su convalidación".

Incertidumbre entre los interinos con más de 10 años en una plaza tras el anuncio de que podrán ocuparla sin opositar

Vox anuncia que llevará el decreto al Constitucional

El decreto acaparó las críticas de todos los grupos políticos, que alegan una falta de consenso. Uno de los más duros fue Vox, que anunció durante el debate parlamentario que, si finalmente se aprobaba el decreto, lo llevarán al Constitucional. "Vox no advierte, actúa. Si aprueban este decreto, que tiene visos de ser inconstitucional, Vox actuará", señaló el diputado José María Figaredo. A su juicio, el Gobierno "está echando a los interinos a los leones", mientras que "la inseguridad jurídica que está creando es absoluta".

“Se lo ha dicho Vox, el que avisa no es traidor“

En la misma línea se posicionó el diputado de Foro Asturias Isidro Martínez, quien recalcó que su aprobación condena al decreto a un "periplo judicial de incierta deriva". "Se lo ha dicho Vox, el que avisa no es traidor", sentenció.

La reforma fue acordada el pasado mes de junio con el apoyo de los sindicatos más representativos, pese a la disconformidad de las comunidades autónomas. El rechazo se extiende asimismo a algunos colectivos de interinos, quienes a través de diversas organizaciones se han movilizado para intentar tumbar el decreto en la fase parlamentaria.

La temporalidad en el sector público en España es uno de los problemas recurrentes a la hora de acotar los grandes males que azotan a nuestro mercado laboral y por ende a la economía. De hecho, Bruselas ha advertido a España en repetidas ocasiones por la elevada temporalidad del sector público, con tasas de más del 30 % de eventuales, y que es especialmente alarmante si hablamos de trabajadores que llevan más de un trienio prestando servicios en el conjunto de las Administraciones Públicas encadenando contratos bajo esta modalidad.