El juez manda al banquillo a dos ex altos cargos del Grupo Planeta por la presunta contratación de Villarejo

• García Castellón, instructor de la macrocausa Tándem, plantea juzgarles por un presunto delito de cohecho activo
• También propone juzgar al excomisario por investigar un arbitraje entre medios con el Proyecto July

El comisario jubilado José Manuel Villarejo, tras salir de la Audiencia Nacional para declarar en un juicio por una pieza del caso `Tándem¿.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha propuesto juzgar a dos exdirectivos del Grupo Planeta, Luis Elías Viñeta y Antonio López López, por un delito de cohecho activo, y al excomisario José Manuel Villarejo por un delito de cohecho pasivo por el 'Proyecto July', donde se habría encargado de investigar al árbitro de un conflicto entre medios y habría recibido por ello 48.000 euros.

García Castellón, titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, ha puesto fin a la instrucción de esta pieza separada 12 de la macrocausa Tándem, proponiendo juzgar a Villarejo, pero también al expolicía Antonio Giménez Raso por cohecho pasivo.

En concreto, los exdirectivos del Grupo Planeta a los que el juez plantea juzgar son Luis Elías Viñeta, director de la asesoría jurídica y secretario del Consejo de Administración de Planeta, y Antonio López López, responsable de seguridad.

Esta pieza del caso Tándem o Villarejo se abrió en agosto de 2019 después de que el empresario Javier Pérez Dolset, fundador del grupo Zed, aportara dos audios relacionados con la contratación de Villarejo por parte de Planeta.

García-Castellón ha indagado en la presunta contratación de Villarejo por parte del Grupo Planeta para investigar a un árbitro que participó en el procedimiento de resolución del conflicto entre el Grupo Planeta y Kiss FM. Según relata el juez en su auto, los contactos entre Cenyt, la empresa de Villarejo, y responsables del Grupo Planeta se produjeron entre febrero y junio de 2014.

Villarejo elabora el Proyecto July

Todo empezó cuando el excomisario pidió a Giménez Raso que contactara con el jefe de seguridad del Grupo Planeta para comentarle que podía conseguir información relevante a propósito del árbitro Julio González Soria y de su actuación en el procedimiento.

Para perfilar esta propuesta se produjeron dos encuentros: uno entre Villarejo, Giménez Raso y López López en Madrid, y un segundo de todos ellos en una comida en Barcelona a la que también acudió Elías Viñeta, director de la asesoría jurídica y secretario del consejo de administración de Planeta. En esa comida, Villarejo reiteró que podía obtener información del citado árbitro, y que sus servicios tendrían un precio de un millón de euros.

Con posterioridad, el excomisario ofreció realizar una investigación patrimonial del árbitro por 40.000 euros, lo que quedó reflejado en la "Propuesta de asesoramiento" al Grupo Planeta, del 16 de febrero de 2014 como "planteamiento original" y el 28 de abril de 2014 se presentó la "redacción actualizada".

Esta propuesta, que tenía por finalidad investigar si hubo un soborno a González Soria, se denominó Proyecto July, cuyo coste sería de 40.000 euros más IVA, y en el que se indicaba que existía "capacidad de acceso a bases de datos restringidos".

Procedimiento un conflicto entre medios

En la propuesta se analizaba el contrato firmado en 2001 entre Onda Cero (que fue adquirida en el año 2003 por Antena 3, controlada por Grupo Planeta) y el Grupo Radio Blanca Kiss FM, que pertenecía a Blas Herrero, operación en la que surgieron conflictos contractuales que desembocaron en el procedimiento de arbitraje.

En él, Kiss FM exigía una elevada indemnización a Planeta y para resolverlo cada grupo designó un árbitro, mientras que el elegido por la Cámara de Comercio de Madrid fue Julio González Soria.

Finalmente se resolvió que Planeta tenía que indemnizar a Kiss FM con 186 millones de euros, decisión que el Grupo recurrió ante la Audiencia Provincial de Madrid, pero no pudo evitar ser condenada a abonar a KISS FM 211 millones de euros en 2007.

El informe sobre el patrimonio de González Soria, así como de su situación personal y financiera fue abonado en mayo de 2014 por Planeta Corporación al despacho de abogados Stuart & Mackenzie, vinculado a Villarejo a través de una transferencia bancaria por un total de 48.400 euros, según indica el auto.

García-Castellón ha recordado en su escrito que cuando se produjeron los hechos Villarejo todavía era miembro activo del Cuerpo Nacional de Policía, por lo que constituirían presuntos delitos de cohecho.