El juez Pedraz archiva la querella por genocidio contra Brahim Gali, líder del Frente Polisario

• La Asociación Saharaui de Derechos Humanos presentó esta querella por hechos cometidos entre 1975 y 1990
• El sobreseimiento sólo afecta al líder del Frente Polisario pero no al resto de querellados

El líder del Frente Polisario, Brahim Gali, en una imagen de archivo durante su viaje a Ecuador en 2017.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha archivado una de las querellas impuestas contra el líder del Frente Polisario, Brahim Gali, por un delito de genocidio al considerar que no se ha acreditado la comisión del tipo penal y que, en todo caso, los hechos están prescritos.

Esta es una de las dos querellas que estaba investigando la Audiencia Nacional contra Gali, quien llegó a prestar declaración por videoconferencia ante el juez tras varios días hospitalizado por COVID-19 después de entrar en España el pasado mes de abril. Tras su comparecencia, en la que el magistrado rechazó enviarle a prisión o retirarle el pasaporte, como pedían las acusaciones, Gali salió de España rumbo Argel el 2 de junio.

En su auto de archivo a la querella interpuesta por la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (Asadeh), el magistrado considera que los hechos, presuntamente cometidos contra ciudadanos marroquíes entre 1975 y 1990, estarían prescritos, que no se ha acreditado la comisión del delito de genocidio, y que los testimonios de los testigos contradicen las afirmaciones de la querella. El sobreseimiento solo afecta a Gali y no al resto de querellados.

Querella archivada por segunda vez

La querella que ha archivado el juez se remonta a 2008 y se dirige contra trece militares marroquíes por delitos de genocidio en concurso con asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones. Fue archivada en 2020 y reabierta el pasado mes de mayo. Ahora el juez vuelve a archivarla porque según el Código Penal vigente (el de 1973) en la época en la que presuntamente se cometieron los hechos, los delitos estarían prescritos al haber excedido los 20 años previstos en la ley. Además, dicha norma no contemplaba la regulación del delito de genocidio, sino que fue el Código Penal de 1995 el que lo incorporó y lo declaró imprescriptible.

En cualquier caso, el juez concluye que las conductas no integran los elementos que requiere dicho delito, esto es, "la intención conjunta que guía, según la querella, a los asesinatos y torturas a los disidentes de destruir total o parcialmente el propio grupo nacional al que pertenecen". "No hay rastros de esos subgrupos en los que dividen al Pueblo Saharaui según su localización geográfica", señala el juez, quien considera que se ha tratado de "forzar la norma penal" para lograr calificarlo como un delito de genocidio y evitar así "la aplicación de la figura de la imprescriptibilidad" que contempla el Código Penal actual.

El juez comparte con la defensa de Gali las contradicciones de los testigos con respecto a las afirmaciones de la querella sobre la participación del líder del Polisario en los hechos y aprecia una "insuficiencia manifiesta" en "detalles relevantes sobre circunstancias de lugar y tiempo". "Todo ello resta credibilidad a los testimonios prestados e impide mantener la imputación contra el querellado", concluye.

Crisis diplomática con Marruecos

La entrada del líder saharaui en España supuso una crisis diplomática con Marruecos y un gran revuelo político. En el plano judicial implicó la reactivación de esta querella a la que se suma otra, todavía activa, impulsada por el activista de origen saharaui Fadel Mihdi Breica.

En paralelo a las investigaciones dirigidas por la Audiencia, un juez de Zaragoza investiga el aterrizaje de Gali en España en una causa en la que se ha conocido recientemente que el Ministerio de Exteriores comunicó al Estado Mayor del Ejército del Aire que no era preciso realizar trámites de aduana o inmigración a los ocupantes del avión en el que viajaba.

Sobre esto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, en visita a las tropas españolas desplegadas en Líbano, ha desvinculado este jueves a su departamento y al Ejército del Aire de la entrada del presidente de la autoproclamada República Árabe Saharaui Democrática (RASD).