La junta militar birmana se compromete a restablecer la democracia en dos años

• Seis meses después del golpe, Birmania vive una situación de caos social y político, agravada por la COVID
• El líder de los golpistas se muestra dispuesto a unas "elecciones libres" con agosto de 2023 como plazo máximo

Seis meses del golpe de Estado en Birmania

El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, se ha comprometido este domingo a restablecer un sistema democrático en el país antes de agosto de 2023, cuando se cumplen seis meses del golpe de Estado con el que se alzó en el poder y que supuso el encarcelamiento de varios líderes políticos, incluida la nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

y se mostró dispuesto a aceptar la mediación de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN),

"Garantizo el establecimiento de una unión basada en la democracia y el federalismo", ha afirmado el líder militar, quien puso como condición para celebrar los comicios la estabilización del país, con agosto de 2023 como fecha límite, al no poder mantener por más tiempo el estado de emergencia, según su interpretación de la Constitución.

De agotarse ese plazo, el general Hlaing, nombrado este domingo primer ministro de un Gobierno interino por el Consejo de Administración Estatal (nombre oficial de la junta militar), permanecería dos años y medio en el poder en total.

"Tenemos que crear las condiciones para celebrar unas elecciones generales justas y plurales. Tenemos que prepararnos. Me comprometo a convocar unas elecciones multipartidistas sin falta", subrayó.

En este sentido, destacó que "unas elecciones libres y justas son el sustento vital de una democracia multipartitita" y reconoció que "es de mucha mayor importancia para un país donde una democracia naciente está siendo restaurada".

Los militares justificaron el levantamiento, que acabó con un proceso democrático que ellos habían diseñado un década antes, por un supuesto fraude electoral en las elecciones de noviembre en las que el partido de Suu Kyi arrasó como había hecho en 2015.

Caos social y político

Seis meses después del golpe de Estado militar del 1 de febrero, Birmania vive una situación de caos social y político que ha dejado al país al borde de convertirse en un estado fallido, cuyo futuro resulta difícil de vislumbrar.

Casi 1.000 civiles muertos por la represión de las fuerzas de seguridad, una Administración y un sector privado casi paralizados por las huelgas, un brote de COVID-19 fuera de control y una violencia latente de guerrillas y grupos prodemocráticos son el legado de la Junta Militar golpista.

Suu Kyi sigue detenida, al igual que los otros miembros de su Gobierno democrático y se enfrenta a un oscuro juicio acusada de los más variopintos delitos, desde importación ilegal de walkie talkies a violar secretos oficiales, por lo que pòdría ser condenada a una larga pena de cárcel. Su paradero sigue siendo desconocido y con el acceso limitado a sus abogados desde si detención.

Imagen de archivo de una protesta contra el golpe militar en Birmania. STR / AFP

Represión de las protestas

Mientras, los movimientos de protesta contra la junta militar, que empezaron con timidez y ganaron fuerza con el paso de las semanas, fueron reprimidos con brutalidad por las fuerzas del orden, que dispararon a matar contra los manifestantes y han causado 939 muertes, además de arrestar a 6.990 personas, según la Asociación para la Asistencia de los Presos Políticos (AAPP).

La fuerte represión mantenida durante meses terminó por forzar a los manifestantes a cambiar su modus operandi, con protestas relámpago que se convocan con muy poca antelación y se disuelven antes de que lleguen las fuerzas de seguridad.

En paralelo a las protestas, tomó fuerza un movimiento de desobediencia civil con la huelga de miles de trabajadores del sector público en todo el país, lo que ha generado problemas en el sector bancario, sanitario, educativo e industrial, entre otros. Este movimiento ha llevado al sistema público al borde del colapso, a pesar de la represión de la junta.

Varias potencias, como la UE, Estados Unidos, Reino Unido y Canadá han aprobado en los últimos meses paquetes de sanciones selectivas dirigidas contra los intereses económicos de los militares birmanos. Por su parte, el Consejo de Seguridad de la ONU no ha pasado de una condena a la violencia contra civiles, principalmente por el veto de Rusia y China.

La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), a la que Birmania pertenece, ha tratado de mediar y arrancó al general golpista Min Aung Hlaing un compromiso para detener la violencia contra los civiles, pero de momento no se ha visto reflejado en los hechos.