El Gobierno autoriza con condiciones la opa del fondo IFM sobre el 22,7 % de Naturgy

• Se trata de un paso necesario para la aprobación definitiva de la operación, aún pendiente de la decisión de los accionistas
• IFM debe apoyar nuevas inversiones, seguir cotizando en Bolsa, mantener su sede en España y la mayoría de la plantilla

Logo de Naturgy en su sede en Madrid

El Consejo de Ministros ha dado este martes su visto bueno a la oferta pública de adquisición (opa) lanzada en enero, un paso necesario para su aprobación definitiva. La operación estará sujeta a que la compañía apoye durante cinco años las inversiones vinculadas a la transición energética, mantenga su sede en España y la mayoría de la plantilla.

Así lo ha confirmado la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, quien ha destacado que se trata de una operación "singular" sobre una empresa que es "estratégica" y que debe ser concebida como una "oportunidad que ayude a consolidar con robustez el marco normativo y la transición energética".

En la misma línea, desde el Gobierno consideran que la opa del fondo australiano sobre Naturgy supone un espaldarazo para la entrada de inversión en España. "Se desprende de este acuerdo la solidez de un país que exige garantías, pero que se muestra como un país confiable a la inversión internacional", ha subrayado posteriormente la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez.

En enero IFM lanzó una opa sobre el 22,69 % de Naturgy a un precio de 23 euros por acción que el lunes rebajó a 22,07 euros, tras descontar el dividendo a cuenta de 0,30 euros por título que la compañía española abonará mañana y el dividendo de 0,63 euros que repartió en marzo. Así, se sitúa actualmente apenas un 1,7 % por encima del precio de cotización de la compañía, cuyos títulos se intercambian en el mercado este martes a 22,69 euros.

La operación debía contar con esta autorización del Consejo de Ministros, debido a la normativa de blindaje aprobada el año pasado ante la irrupción de la COVID-19, que permite al Ejecutivo vetar la compra por un inversor extranjero de más de un 10 % de una empresa española de un sector estratégico. La oferta deberá ser aprobada ahora por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Igualmente, el consejo de administración de Naturgy también deberá dar su opinión sobre la oferta.

Una autorización con condiciones

El visto bueno del Gobierno estará sujeto a una serie de condicionantes, ha explicado la vicepresidenta. Entre ellos, y durante un plazo de cinco años, la compañía deberá apoyar las inversiones de la sociedad en proyectos de transición energética en España que contribuyan a generar valor, así como mantener la sede de la compañía en España y "una parte significativa" de la plantilla.

Además, IFM deberá respaldar una política de dividendos "prudente" y una política de endeudamiento externo que permita mantener esta ratio, sin superar los niveles recomendados por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Igualmente, tampoco podrá respaldar la exclusión de Naturgy de las Bolsas españolas durante los próximos tres años.

Según el Gobierno, dichas condiciones tienen como objetivo asegurar la estabilidad de Naturgy y garantizar la protección y buena gestión de sus activos estratégicos en el contexto de la política energética y de transición ecológica. Su incumplimiento, ha destacado Ribera, supondrá la revocación de la inversión y una infracción "muy grave".

CriteriaCaixa, principal accionista de Naturgy

El principal accionista de Naturgy, CriteriaCaixa, ha ido reforzando su posición, escalando hasta casi el 26 % del capital. Le siguen en el accionariado de Naturgy los fondos GIP (20,6 %) y CVC -con el grupo March- (20,7 %) y la estatal argelina Sonatrach (4,1 %). El resto del capital de Naturgy está en manos de inversores institucionales (21 %).

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CVC y GIP se han comprometido a no desprenderse de sus participaciones en la oferta. En concreto, con fecha 25 de enero de 2021, dirigieron sendas cartas a IFM en las que se obligan a no aceptar la opa y votar a favor y apoyar acuerdos en la junta general de accionistas para que, lo antes posible después de la oferta, la composición del consejo de administración de Naturgy refleje su capital social y el fondo pueda designar consejeros conforme a dicha proporcionalidad.

El fondo IFM, por su parte, ha dejado claro que no tiene intención de promover la exclusión de participación de Naturgy. En las cartas señalan que todas las partes entienden que la posibilidad de que los accionistas minoritarios se beneficien de la oferta depende de la voluntad de los grandes accionistas de no vender su posición para reducir el impacto del prorrateo.