El Constitucional francés avala el pasaporte COVID para restaurantes y la vacuna obligatoria a los sanitarios

• Sí veta que se pueda rescindir un contrato por no tener el documento y el aislamiento obligatorio durante diez días
• El polémico pasaporte COVID, que también se pide en museos, cines y discotecas, se aplicará desde el 9 de agosto

Turistas usando mascarillas mientras esperan para entrar al Museo del Louvre

El Gobierno francés ha recibido este jueves el visto bueno a dos de las medidas más polémicas previstas en el país contra la pandemia: la obligación de presentar a partir del 9 de agosto un certificado sanitario para acceder a bares y restaurantes y de que el personal médico se vacune contra la covid.

La entrada en vigor de la nueva ley en la que se enmarcan ambas exigencias estaba pendiente del aval del Consejo Constitucional, el organismo encargado de velar por el respeto de la Carta Magna en la normativa.

Esa institución había sido consultada por el propio primer ministro, Jean Castex, y por parlamentarios de la oposición de izquierdas.

El llamado "pase sanitario" consiste en un test negativo de coronavirus de menos de 48 horas para los lugares culturales y de menos de 72 horas para los viajes; una pauta de vacunación completa o una prueba de haber pasado el virus en los seis meses previos.

Ya se aplicaba en museos o cines

Se exigía ya desde el 21 de julio en lugares culturales como museos o cines, y desde este próximo lunes también en bares, restaurantes o centros comerciales.

El Consejo Constitucional estima que la protección de la salud que estas medidas ofrecen está por encima de la afrenta a las libertades que denuncian los opositores de la ley.

Su presentación pasa a ser también obligatoria en centros médicos u hospitalarios para quienes acompañen a los pacientes o los visiten, pero en ningún caso, según se precisó este jueves, puede limitar el acceso de los enfermos a los cuidados.

"No dejaremos de atender a nadie", destacó este jueves el ministro de Sanidad, Olivier Véran.

La justicia no avala los despidos

No todas las disposiciones evaluadas, no obstante, obtuvieron el aval del organismo. El Consejo Constitucional censuró la posibilidad de romper de forma anticipada un contrato temporal o interino a quienes no dispongan de ese justificante sanitario.

E igualmente vetó el aislamiento obligatorio durante diez días de quienes hayan dado positivo de coronavirus, el mismo que se aplica a quienes lleguen procedentes de un país de riesgo elevado, al considerar que constituye una privación de la libertad.

El primer ministro francés dijo tomar nota de ambas anulaciones, y recalcó que los poderes públicos se volcarán en recordar a todas las personas contagiadas la necesidad de "respetar escrupulosamente" las correspondientes recomendaciones médicas.

Oposición popular al certificado

El presidente francés, Emmanuel Macron, consideró el pasado 12 de julio que el pase sanitario es "una pequeña herramienta que puede salvar vidas", pero el anuncio de su generalización y de la ley que lo valida, a mediados de julio, ha provocado una nueva oleada de manifestaciones masivas en el país.

El Ministerio del Interior francés calcula que más de 204.000 personas protestaron el pasado sábado, 31 de julio, frente a las 161.000 de la semana anterior o las 110.000 del 17 de julio. Y este fin de semana se prevén nuevas protestas.

Un sondeo del instituto demoscópico Elabe publicado este jueves por el diario "Les Échos" apunta a que solo un 37 % de franceses aprueban esas movilizaciones, que destacan por su heterogeneidad. Agrupan tanto a antivacunas como a contrarios a las nuevas restricciones o a adeptos de teorías del complot.

Porque a nivel general, según esa misma encuesta, el uso del certificado sanitario recibe un apoyo mayoritario: seis de cada diez habitantes no tienen problemas en presentarlo para viajar, acceder a sitios culturales u hospitales, y un 55 % tampoco se opone a que lo pidan en bares y restaurantes.