El juez sienta en el banquillo a Ignacio González por adjudicaciones asociadas al campo de golf del Canal

• Por delitos de cohecho, tráfico de influencias, prevaricación administrativa y fraude a las administraciones públicas
• Abre juicio oral a otras cuatro personas, entre ellas, el hermano y el cuñado del expresidente madrileño

El expresidente madrileño Ignacio González en una imagen del 17 de octubre de 2019.

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha acordado la apertura de juicio oral al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González y a otras cuatro personas por las presuntas irregularidades cometidas con ocasión de la adjudicación de dos contratos públicos del Canal de Isabel II vinculados con el campo de golf del Canal.

En un auto, en el que recoge los escritos de acusación de Fiscalía -que pide para González 6 años de cárcel-, Comunidad de Madrid, Canal de Isabel II, PSOE, CCOO de Madrid y el Ayuntamiento de la capital, el magistrado abre juicio oral en la pieza 2 del denominado caso Lezo por delitos de cohecho, tráfico de influencias en concurso con cohecho, prevaricación administrativa y dos delitos de fraude a las administraciones públicas.

Esta es la tercera causa por la que González ha sido enviado a juicio. Las otras dos son por el presunto fraude en la compra de la empresa brasileña Emissao por parte del Canal en 2013 y por la presunta adjudicación irregular a OHL de la obra pública del tren de Navalcarnero (Madrid) en 2007, hechos por los que la Fiscalía pide para él 8 y 4 años de cárcel respectivamente.

Además de a Ignacio González, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 abre juicio oral al director gerente de Canal de Isabel II entre 2003 y 2009, Ildefonso de Miguel, así como a los socios de la empresa TCT José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y Juan José Caballero Escudier, estos dos últimos hermano y cuñado, respectivamente, del expresidente de la Comunidad de Madrid.

"Contratación de todo punto innecesaria e irregular", señala el juez

El auto relata cómo en el año 2006 los acusados Ignacio González e Ildefonso de Miguel, valiéndose de los cargos públicos del máximo nivel que ostentaban en el ente público Canal de Isabel II, "dirigieron su actuación a asegurar la contratación de la sociedad TCT en dos concursos públicos promovidos por dicho organismo".

TCT, que según el escrito carecía de todo medio para ejecutar los trabajos contratados, estaba participada por los acusados José Antonio Clemente Marín, Pablo Manuel González González y José Juan Caballero Escudier, si bien estos dos últimos lo hacían de manera encubierta para ocultar sus vínculos familiares con el expresidente de la Comunidad de Madrid.

"Esa contratación de todo punto innecesaria e irregular, que supuso para TCT un beneficio total de 504.780 euros -381.029 en el primer caso y 123.751 en el segundo- fue solicitada e impuesta de común acuerdo por todos los acusados a las adjudicatarias como condición para obtener las adjudicaciones", concluye.

Un año después de la adjudicación, González y De Miguel, según la acusación de la Fiscalía, facilitaron la tramitación de un modificado, "lo que garantizaba su adjudicación directa a Dragados" (antes ACS) y, "por ende", la subcontratación de TCT. Dragados firmó con TCT un contrato por 160.204 euros, pero el objeto se amplió y el importe total ascendió a unos tres millones de euros. En junio de 2006, antes de que el modificado se adjudicara a Dragados, los acusados de TCT subcontrataron a Onlygolf y Fieldture, "acordando con ellas percibir una comisión del 8% por su intermediación".

La Fiscalía acusa al hermano de González, "oculto bajo las siglas 'PG'", de recibir en efectivo 101.348 euros; a Caballero -"JJC"- 94.425 euros, y a Clemente -"JCM"- 71.199 euros.

El segundo concurso fue convocado por el Canal el 27 de julio de 2006 para la gestión de las instalaciones deportivas. Entre las diez empresas licitadoras, se acordó su adjudicación a la UTE formada por TCT, SOTO ONCE e IRIDIUM CONCESIONES DE INFRAESTRUCTURAS, "esta última, sociedad del grupo DRAGADOS" por 3,2 millones de euros.

Tras la adjudicación, esa UTE constituyó la sociedad GREEN CANAL GOLF y en junio de 2007 subcontrató con TCT el mantenimiento del césped durante cinco años por 9.875 euros mensuales. Ese mismo día, los responsables de TCT subcontrataron a ONLYGOLF, "consiguiendo así por su mera intermediación un beneficio aproximado del 20%". Los tres acusados de TCT dispusieron, según la Fiscalía, de 543.729 euros que se repartieron entre sí.