Belarra advierte a Marlaska que "toda la responsabilidad" por repatriar a los menores de Ceuta es de Interior
- Una carta remitida por el Ministerio de Derechos Sociales expresa sus dudas legales sobre la repatriación
- La misiva supone una nueva muestra del enfrentamiento de los socios de coalición por la devolución de los menores
El Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 que dirige Ione Belarra ha advertido que "toda la responsabilidad" de la devolución de los menores que entraron en Ceuta a mediados de mayo, emprendida el viernes por Interior, es "única y exclusivamente" del ministerio que lidera Fernando Grande-Marlaska.
En una carta interna adelantada por El Confidencial y a la que ha tenido acceso TVE, el departamento que dirige Podemos asegura que han sabido de la operativa de repatriación de los menores a través de "las organizaciones de infancia en terreno" y que, según las mismas, el dispositivo "parece estar realizándose sin la observancia estricta de la legislación española, de las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención de los Derechos del Niño".
Por eso -prosigue la carta- "y tras haber mostrado nuestra disposición y ofrecido nuestro apoyo en reiteradas ocasiones" para garantizar "el retorno seguro" de los menores, el ministerio se ve en la "necesidad de dejar constancia de que toda la responsabilidad de las actuaciones llevadas a cabo por la Delegación de Gobierno de Ceuta y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" en la repatriación a Marruecos es "única y exclusivamente del Ministerio del Interior".
Derechos Sociales advierte que, "de confirmarse estas informaciones", las actuaciones realizadas podrían suponer además un incumplimiento de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, del Acuerdo Marco con el Reino de Marruecos y de otros principios de derecho internacional.
Por ese motivo, concluye la misiva, "de confirmarse las actuaciones supuestamente no acordes a la ley emprendidas en el día de hoy, estas supondrían un incumplimiento de los derechos de las niñas y niños extranjeros en España, algo muy grave en el marco de nuestra legislación y de nuestros compromisos internacionales en materia de derecho de infancia".
La carta fue remitida a última hora del viernes por el secretario de Estado de Derechos Sociales, Ignacio Álvarez, y la directora general de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia, Violeta Assiego, y está dirigida al secretario de Estado de Seguridad, Rafael Pérez, y a la directora general de Relaciones Internacionales y Extranjería del Ministerio del Interior, Elena Garzón.
Tensión entre los socios de coalición
El escrito es una nueva muestra del enfrentamiento entre los dos socios de la coalición a cuenta de la decisión de España de devolver a Marruecos a parte de los 800 menores de edad que entraron en Ceuta los días 17 y 18 de mayo pasado, cuando unas 10.000 personas cruzaron a esa ciudad española, en el norte de África, desde el país vecino.
Según han asegurado a TVE fuentes de Interior, con esos retornos se cumple el convenio entre España y Marruecos firmado en 2007 por el que, según afirman, se garantizan las condiciones de reunificación familiar del menor o su entrega a una institución para su tutela. Un proceso que, defienden, se hace de forma individualizada.
El PSOE, a través de su portavoz en la Asamblea de Madrid y exsecretaria de Estado de Migraciones, Jana Halloul, ha defendido que la estrategia migratoria del Gobierno es "muy valiente y muy progresista", y ha asegurado que las devoluciones de menores a Marruecos se realizan "con todas las condiciones y de manera garantista".
Según ha explicado Halloul, Interior trabaja con un marco jurídico que "garantiza que se haga bien con los menores, como no puede ser de otra manera". "Se está trabajando con los expedientes individualizados de cada niño y con el retorno a sus familias", ha añadido.
La devolución de los menores comenzó el viernes en pequeños grupos de entre los 234 adolescentes cobijados en el polideportivo Santa Amelia y ha continuado este sábado con el traslado de otros 15 menores, que han sido acompañados por agentes de la Policía Nacional de Ceuta.
Excluidos los menores "vulnerables"
El Ministerio del Interior ha elaborado con criterios no explicitados un listado que incluye a 150 de los niños y adolescentes que accedieron irregularmente a la ciudad sin compañía y que continúan en territorio español acogidos en el citado polideportivo, los módulos prefabricados de Piniers y el Centro de Realojo Temporal de La Esperanza.
De la devolución quedarán excluidos los menores "vulnerables", es decir, aquellos que han asegurado haber huido de situaciones de violencia o explotación en su país, aunque las ONG encargadas de ese trabajo todavía no habían podido entrevistar a ninguno de los 234 acogidos en el Santa Amelia con edades comprendidas entre 13 y 17 años.
La repatriación se está ejecutando supuestamente al amparo del Acuerdo firmado en 2007 entre España y Marruecos "sobre cooperación en el ámbito de la prevención de la emigración ilegal de menores no acompañados, su protección y su retorno concertado", que exige "estricto respeto de la legislación nacional respectiva, de las normas y principios del Derecho internacional, en especial de las disposiciones pertinentes de la Convención de los Derechos del Niño, y de los Protocolos Facultativos de los que ambos Estados son Partes".
El Defensor del Pueblo ha recordado en una actuación de oficio a Interior que la autoridad gubernativa está obligada, una vez acordada la iniciación del procedimiento de repatriación, a "oír al menor si tuviese suficiente juicio" y a recabar dictámenes "de los servicios de protección de menores y del Ministerio Fiscal" antes de "resolver lo que proceda sobre el retorno o su permanencia en España".
Mientras tanto, la Fiscalía General del Estado está recabando información sobre los expedientes de los menores.
Distintas ONG como Save The Children están preparando un escrito para solicitar al Juzgado de Guardia la paralización cautelarísima de estas expulsiones al entender que el procedimiento que se está utilizando no se ciñe a lo previsto en la legislación española.
Una vez al otro lado de la frontera los jóvenes son llevados a un centro construido en la localidad de Martil, a unos 40 kilómetros de Ceuta, que gestiona la entidad pública L'Entraide Nationale mientras se localiza a sus familias para proceder a su reagrupación.