Las claves de la devolución de menores en Ceuta: en el punto de mira de la Justicia y las ONG

• La Justicia frena las devoluciones durante 72 horas y recuerda que solo se puede expulsar a adultos
• Interior defiende que se ajustan a la legalidad y que cumple con el principio del "interés superior del menor"

Ceuta acoge a cerca de 800 menores migrantes desde la llegada masiva del pasado mayo

La devolución de menores en Ceuta, iniciada el pasado viernes y mediante la cual cerca de medio centenar de niños y adolescentes han sido repatriados a Marruecos, se ha topado con múltiples obstáculos y varios reveses judiciales. Instituciones como el Defensor del Pueblo, la ONU y varias ONG han criticado que se trata de un procedimiento "ilegal", ya que no se tiene en cuenta la situación de cada menor, mientras que la Justicia ha paralizado cautelarmente las expulsiones y ha pedido explicaciones al Ministerio del Interior.

Su titular, Fernando Grande-Marlaska, prefiere denominarlos "retornos asistidos" y ha reiterado que en todo caso se respeta el "interés superior del menor". El lunes un juzgado de Ceuta frenó de forma cautelar la devolución de nueve menores y cuestionó la legalidad de estas repatriaciones, ya que "la legislación española solo permite la devolución de mayores de edad" sin expediente a aquellos que hayan pretendido entrar ilegalmente en el país o que hayan sido expulsados anteriormente e intenten de nuevo volver a España.

Más tarde ese mismo día, otro juzgado de la ciudad autónoma paralizó todos los traslados de menores a Marruecos durante 72 horas después de que cinco menores presentaran una petición de 'habeas corpus'. Durante este plazo, el Gobierno central y el de Ceuta deberán aportar documentación para explicar cómo se están ejecutando esos traslados y si se llevan a cabo respetando la legislación española.

El martes la Audiencia Nacional dio un plazo de 24 horas a Interior para confirmar si ordenó a la Delegación de Gobierno la devolución de los menores. En su respuesta de este miércoles, el ministerio de Marlaska alega que la orden salió desde la Ciudad Autónoma y no desde Madrid, por lo que la Audiencia "no sería competente" para investigar estos hechos. Sin embargo, la Audiencia Nacional, que no ha suspendido de urgencia las devoluciones, sí se ha declarado competente para investigarlas ya que el objeto del recurso es la comunicación del 10 de agosto con el membrete de la Secretaría de Estado de Seguridad en la que "por indicación del Ministerio del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos".

Estas son las claves que hay que tener en cuenta:

Las devoluciones colectivas "vulneran el derecho nacional e internacional"

La cuestión clave para determinar la legalidad de las devoluciones es si estas se están produciendo de forma generalizada o estudiando caso a caso la situación de cada menor. "Se está vulnerando tanto el derecho nacional como internacional. Ni se está dando audiencia a los niños, ni se les está permitiendo que tengan asistencia letrada, ni se está llevando a cabo la determinación del interés superior de cada uno de estos niños", explica a RTVE.es Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.

En resumen, para actuar acorde a legislación como la Convención sobre los Derechos del Niño, las devoluciones "tienen que ser individuales y no pueden ser colectivas", insiste Perazzo. Su organización ha estado realizando en los últimos tres meses, junto a la administración ceutí, expedientes individuales de 350 de los cerca de 800 menores que acoge la ciudad.

De ellos, una cuarta parte había sufrido abusos o violencia en su país, según la organización. Entre aquellos que están siendo repatriados, los acogidos en el polideportivo, no habían comenzado aún con las entrevistas, pero "tampoco les ha entrevistado" Interior, critica Perazzo, quien cree que puede haber perfiles vulnerables entre ellos.

El criterio que ha definido qué niños serían repatriados ha sido solo el perfil de vulnerabilidad establecido por los técnicos de la Fundación Samu, responsable del dispositivo de acogida, según explicó el presidente de Ceuta, Juan Vivas, quien admitió que las repatriaciones se han hecho bajo el paraguas del convenio con Marruecos que, en su interpretación, "no establece la obligatoriedad de las entrevistas individuales".

Marlaska defiende que los menores repatriados "no son vulnerables"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido insistentemente que las devoluciones son legales, ya que están previstas en un acuerdo bilateral con Marruecos en 2007. Marlaska reiteró el martes en una entrevista en RNE que los jóvenes "no son vulnerables" ni tienen arraigo en España y "no hay ningún riesgo" para ellos en Marruecos, por lo que se les puede repatriar. También ha afirmado que acatará la decisión judicial y que la polémica se debe a una "discusión técnico jurídica" sobre cómo aplicar el convenio con Marruecos de 2007.

Según este convenio, que entró en vigor en 2012, los retornos se decidirán "con observancia estricta de la legislación española, las normas y principios del derecho internacional y de lo establecido en la Convención sobre los Derechos del Niño", lo que según las ONG no se está cumpliendo ya que no se ha individualizado la situación de cada menor.

Marlaska subraya que nadie ha obligado a los niños y adolescentes a ser repatriados. "Los menores querían volver a su país", defendió el lunes en la Cadena Ser. Save The Children niega tajantemente esta afirmación. "A los niños nadie les ha preguntado. En una de las devoluciones cuatro se escaparon y otros han presentado 'habeas corpus'", asegura Perazzo.

Tras la noticia de la paralización de las devoluciones, una decena de menores han intentado fugarse del polideportivo, que acoge algo más de un centenar de ellos. Este martes la situación es menos tensa que en los últimos días y el centro ha amanecido sin vehículos policiales.

La Coordinadora de Barrios, la ONG que interpuso el recurso para paralizar la expulsión de los nueve jóvenes el lunes, denuncia que en el polideportivo del que salen los menores "no se ha producido ningún tipo de evaluación de sus circunstancias", según relató a RTVE la abogada de la asociación Patricia Fernández Vicens.

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Críticas de la Fiscalía, la abogacía, el Defensor del Pueblo o la ONU

La devolución ha sido cuestionada también por la Fiscalía, el Defensor del Pueblo, el Defensor del PuebloConsejo General de la Abogacía, El relator especial de Naciones Unidas para los migrantes, Felipe González, ha asegurado que si este tipo de acciones se llevan a cabo sin haber completado el "procedimiento de determinación del interés superior del niñ@, violan el Derecho Internacional". También ha asegurado que el interés superior del menor "no puede ser llevada a cabo discrecionalmente por las autoridades políticas".

Es el mismo argumento que defienden otras organizaciones como Unicef, que cree que las autoridades no han tenido "tiempo suficiente" para identificar a los menores y "cumplir todas las garantías previstas por la Convención sobre los Derechos el Niño". El Comité de Derechos del Niño de la ONU también ha respondido a una petición de Save The Children y Andalucía Acoge y ha pedido a España paralizar las expulsiones.

Los cientos de menores acogidos en el polideportivo y en un albergue de la ciudad autónoma llegaron a Ceuta entre el pasado 17 y 18 de mayo, en una de las peores crisis humanitarias en décadas. En dos días cruzaron la frontera unas 8.000 personas, de las cuales la mayoría fueron devueltas en los días siguientes.

Quedaron atrás los menores, alojados en las naves del Tarajal, en condiciones denunciadas por las ONG. Algunos escaparon y están escondidos en las calles de Ceuta, mientras que la mayoría fueron trasladados más tarde al polideportivo y al centro de menores Piniers.

Este martes el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha señalado que entre los menores alojados en Santa Amelia "no se había hecho advertencia alguna de que estuvieran en situación de vulnerabilidad". Las devoluciones han comenzado entre los jóvenes de este centro ya que eran los "más cercanos a alcanzar la mayoría de edad y estaban en peores condiciones de habitabilidad".

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Choque en el Gobierno de coalición

La repatriación ha llegado al campo de batalla político y ha provocado un nuevo choque en el Gobierno de coalición. La vicepresidenta segunda, y principal exponente de Unidas Podemos en el Ejecutivo, Yolanda Díaz, ha pedido a Pedro Sánchez frenar las deportaciones, según ha explicado en una entrevista en Radio Nacional la responsable de Organización de su partido, Lilith Verstrynge.

Pero el principal enfrentamiento se ha producido entre Interior y Derechos Sociales, el ministerio dirigido por la líder de Podemos Ione Belarra. El lunes, tras conocer la decisión judicial que paralizaba los retornos, envió una carta a Marlaska en la que exigía el fin de las devoluciones y pedía actuar "de forma individualizada".

Es la segunda carta enviada por Belarra a Marlaska en apenas tres días, y en ella eleva el tono de las críticas a Interior. El ministro socialista no ha querido entrar al trapo y ha restado importancia al choque con la formación morada. "Todo el Gobierno estamos trabajando de forma conjunta para el cumplimiento de la ley, todos con la misma voluntad", ha asegurado.