Interior responde a la Audiencia que la orden de devolución de menores la dio Ceuta y que no es de su competencia
- La Audiencia había dado 24 horas al ministerio de Marlaska para confirmar que había ordenado el retorno a Marruecos
- Interior defiende que las repatriaciones las solicitó la Ciudad Autónoma y que el caso ya está en manos de un juzgado
El Ministerio del Interior ha contestado a la Audiencia Nacional que este órgano judicial no es competente para investigar las devoluciones de menores migrantes no acompañados en Ceuta, ya que no fue el ministerio de Fernando Grande-Marlaska quien dio la orden, sino que lo solicitó la Ciudad Autónoma. La Audiencia Nacional había dado, tras el recurso de una ONG, 24 horas a este departamento para justificar si efectivamente había ordenado la devolución de menores a Ceuta.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso RTVE, Interior adjunta el escrito dirigido a la Delegación del Gobierno en el que pedía repatriar a los jóvenes a su país de origen, un proceso iniciado el pasado viernes y paralizado ahora por un juzgado de Ceuta. Alega que la Audiencia "no sería competente" para investigar los hechos, ya que el acuerdo por el que se ordena el retorno de los menores no ha sido dictado por el Ministerio del Interior, sino que fue una solicitud de la Ciudad Autónoma que reclamaba la aplicación del acuerdo entre España y Marruecos de 2007 en el que se prevé el procedimiento de repatriaciones.
El ministerio justifica que su escrito del 10 de agosto que dio origen a las repatriaciones no constituye una orden. El texto rezaba así: "Por indicación del Ministerio del Interior, se ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores al Reino de Marruecos, respetando en todo momento sus intereses y derechos".
Por lo tanto, y según el escrito remitido a la Audiencia este miércoles, "no existe acto o instrucción del Ministerio del Interior que pueda ser recurrido ante la Sala a la que nos dirigimos", argumenta. Explica que solo envió el 10 de agosto a la Delegación del Gobierno de Ceuta una comunicación que "se limita a poner de manifiesto que el ministro del Interior ruega se proceda a efectuar el retorno de los menores respetando sus intereses o derechos".
Interior reitera, en la línea de lo que ha defendido Marlaska estos días: que es el Gobierno de Ceuta quien procedió a solicitar el retorno de los menores y que estos hechos están ya siendo enjuiciados por un juzgado de Ceuta.
El propio presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas, defendió el martes que fue él quien pidió a Interior actuar para devolver a los cerca de 800 menores acogidos en dos centros de Ceuta. Este miércoles ha insistido en que el Gobierno central y el local han actuado "conjuntamente y de manera coordinada" y ha reiterado su "respaldo" a "la actuación llevada a cabo por el Ministerio del Interior".
El caso ya lo investiga un juzgado de Ceuta
Además, Interior subraya que los acuerdos de retorno de menores ya están siendo enjuiciados por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Ceuta, que ha sido el que ha acordado como medida cautelar la suspensión de las devoluciones durante 72 horas. En este plazo Interior debe explicar que en las devoluciones se ha estudiado el expediente individual de cada menor, lo que según las ONG que han llevado el caso a la Justicia no ha ocurrido.
La cuestión clave para determinar la legalidad de las devoluciones es si estas se están produciendo de forma generalizada o estudiando caso a caso la situación de cada menor. "Se está vulnerando tanto el derecho nacional como internacional. Ni se está dando audiencia a los niños, ni se les está permitiendo que tengan asistencia letrada, ni se está llevando a cabo la determinación del interés superior de cada uno de estos niños", ha explicado a RTVE.es Catalina Perazzo, directora de Incidencia Social y Política de Save the Children.
El proceso de devolución, que Interior prefiere denominar "retorno asistido", ha despertado las críticas de la ONU, Unicef, el Defensor del Pueblo, la Fiscalía, la abogacía española y varias organizaciones. Denuncian que las repatriaciones no pueden ser colectivas.
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