La Justicia ordena que se mantengan paralizadas las repatriaciones a Marruecos de nueve menores desde Ceuta

• La medida cautelar dio pie a que las autoridades españolas suspendieran el conjunto de las devoluciones
• Según el auto, deben regir la Ley de Extranjería y los tratados internacionales, no el acuerdo con Marruecos

Un menor intenta acceder a la zona de embarque de vehículos del puerto de Ceuta

El juzgado de Ceuta ha ordenado este martes que se mantengan paralizadas las repatriaciones de nueve menores a Marruecos, una medida cautelar que dio pie a que las autoridades españolas suspendieran el resto de devoluciones de 700 jóvenes en la misma situación. El auto, al que ha tenido acceso RNE, ha argumentado que la norma que rige es la Ley de Extranjería española junto a los tratados internacionales, mientras ha calificado de "declaración de intenciones" el acuerdo con Marruecos. Finalmente, el tribunal también ha dictado que es la Delegación del Gobierno, y no la ciudad autónoma, la competente en esta cuestión.

El juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de la ciudad autónoma entiende que "existen datos bastantes para entender que se podría haber producido una vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva" de los niños en caso de devolución. "De levantarse dicha medida se estaría permitiendo la repatriación de los mismos", ha razonado en el auto, con la intención de dictar una sentencia mientras los menores permanecen en España para poder garantizar su amparo y defensa de derechos fundamentales.

El acuerdo con Marruecos no es un tratado internacional

Según el auto, el convenio acordado por España y Marruecos el 6 de marzo de 2007 en el que la Abogacía del Estado basaba la defensa del procedimiento elegido para las expulsiones "no es un tratado internacional", sino "una declaración de intenciones" que "no constituye fuente de obligaciones internacionales, ni se rige por el derecho internacional".

El tribunal ha recordado que en el texto de dicho acuerdo se obliga a España a "acatar nuestro ordenamiento jurídico y las normas de derecho internacional, concretamente la Convención sobre los Derechos del Niño para proceder a la repatriación de los menores". Por ello, reza el auto, "únicamente es posible llevar a cabo dicha repatriación si esta se realiza con absoluto respeto a nuestro ordenamiento jurídico", es decir, conforme a la Ley de Extranjería y con la de Protección Jurídica del Menor.

“"No consta que se haya cumplido con ninguno de los preceptivos trámites"“

Sin embargo, "no consta que se haya cumplido con ninguno de los preceptivos trámites: no se ha aportado información alguna de los menores afectados que permitan conocer los datos que han determinado su repatriación". Tampoco consta que se haya comunicado el inicio del proceso de repatriación ni a los menores, ni a la Ciudad Autónoma -pese a asumir esta la guarda de los menores- ni al Ministerio Fiscal, "sin que en modo alguno pueda entenderse que se cumple con los trámites exigidos la mera remisión a Fiscalía del listado de menores que ese mismo día se van a repatriar". Finalmente, "tampoco se ha aportado la resolución motivada susceptible de ser recurrible".

El tribunal ha remarcado que "uno de los principios esenciales de nuestro ordenamiento es que las leyes deben cumplirse en sus propios términos", lo que implica "que todos, incluidas las Administraciones, tienen la obligación de las normas vigentes, sin realizar excepciones no contempladas expresamente en el propio texto normativo".

Marlaska: "Interior no es competente"

Tras conocerse el auto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska,  ha insistido en que la tutela y la repatriación de los menores no es competencia de su departamento, sino de la ciudad autónoma. "El Ministerio de Interior no ha adoptado ninguna decisión al respecto, porque no es el competente. Puesto que no es el competente, no se puede sentir desautorizado", ha replicado este martes en una rueda de prensa en la que ha afirmado que el Gobierno "acata" y "cumple" las resoluciones judiciales.

Según Marlaska, la reunión de este miércoles de Sánchez y Vivas sigue en la línea de la "cooperación" entre instituciones para resolver la cuestión "en interés del menor". "La cooperación de todas las administraciones ha sido permanente y directa todo el tiempo", ha zanjado en la comparecencia ante los medios por la llegada de refugiados afganos.

Antes, este martes, la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez había explicado que las devoluciones desde Ceuta a Marruecos se realizaron en cumplimiento de un acuerdo entre ambos países firmado en 2007. "Si la Justicia observara que hay que atender algún matiz, por supuesto que podríamos atenderlo", ha respondido a preguntas de los periodistas tras el Consejo de Ministros.

"Está constatada nuestra defensa de los derechos humanos y, al igual que en el caso de Afganistán, estamos dando solución a un problema", ha añadido la portavoz, quien ha subrayado que "lo importante es reunir a los menores" con sus familias, y más ahora que se inicia el curso escolar.