Enlaces accesibilidad

La Justicia escocesa archiva el procedimiento de extradición de Ponsatí tras su marcha a Bruselas

  • Asegura que no es competente para seguir en el procedimiento
  • Ponsatí es eurodiputada desde mayo pasado y vive actualmente en Bruselas

Por
La eurodiputada Clara Ponsatí en una rueda de prensa
La eurodiputada Clara Ponsatí en una rueda de prensa en Bruselas. 

La Justicia escocesa ha archivado este jueves el procedimiento de extradición de la eurodiputada independentista Clara Ponsatí, reclamada en España por un delito de sedición por su participación en el 1-O y la declaración unilateral de independencia de Cataluña, al considerar que ya no tiene competencia por su traslado a Bélgica y asegura que es algo que "compete a las autoridades españolas".

"El tribunal no tiene ninguna competencia en este caso", ha afirmado el juez Nigel Ross, quien ha puesto fin así a varios años de litigio en Escocia por el intento de secesión de Cataluña en 2017.

Ponsatí es eurodiputada desde el 1 de febrero de 2020, un día después de que el Reino Unido abandonara la Unión Europea y cuando se reasignaron 27 de los 73 esccaños británicos al resto de países miembros.

El magistrado ha explicado que Clara Ponsatí había notificado a los tribunales escoceses en mayo pasado que ahora vive en Bélgica tras su elección como diputada en el Parlamento Europeo, y que, por lo tanto, no es posible extraditarla de Escocia a España.

Fuera de la jurisdicción de Escocia

El tribunal de Edimburgo ha concluido que el caso de Ponsatí no se puede dirimir por la justicia del país, pues la académica vive y trabaja en Bélgica,  estando fuera de la jurisdicción de Escocia.

"No se puede extraditar a alguien que no está aquí", ha afirmado el juez en una audiencia celebrada este jueves ante las partes afectadas, el Gobierno de España, representado por la Fiscalía de Escocia, y la defensa de Clara Ponsatí, los letrados Aamer Anwar y Clair Mitchell.

La exministra de Educación catalana cuando el Govern de Carles Puigdemont y catedrática de Economía en la Universidad Escocesa de St Andrews fue objeto de un procedimiento de extradición examinado por la Justicia escocesa.

Archivo de la causa

Durante la audiencia, la Fiscalía, representada por John Scott, criticó la ruptura de confianza de Ponsatí con el Tribunal al no haber notificado su cambio de residencia hasta el pasado mayo, cuando éste tuvo lugar en enero de 2020, según la orden del Tribunal General Europeo de Justicia el pasado 30 julio.

Según las condiciones de su libertad establecidas el pasado noviembre de 2019, la exconsejera debería haber notificado cualquier cambio con suficiente antelación.

"Esta mañana hemos comparecido ante el Tribunal, representando a Clara Ponsatí -quien estuvo ausente en la vista de hoy- habiendo anticipado que ella ya no se encontraba dentro de la jurisdicción escocesa", ha declarado a los medios congregados a la salida del tribunal su abogado defensor, Aamer Anwar.

El representante legal de Ponsatí ha agregado que por ello "ha sido acordado que debe ser retirada su orden y que las acciones de este tribunal para su extradición han llegado a su final".

Sigue estando reclamada por España

No obstante, Clara Ponsati sigue estando reclamada por España. En marzo, el Parlamento Europeo votó a favor de levantar tanto su inmunidad, como la de sus excompañeros en el Govern Carles Puigdemont y Toni Comin. Para estos dos, la solicitud de extradición ya está en manos de los tribunales belgas.

El pasado 30 de julio el Tribunal General de la Unión Europea (TGEU) revocó su decisión de devolver a Ponsatí, como a sus compañeros de partido (JxCat) en el Parlamento europeo, Carles Puigdemont y Toni Comín, su inmunidad parlamentaria retirada por la Cámara el mes de marzo.

El vicepresidente del TGEU clarificó que "la inmunidad que ampara a los diputados durante sus desplazamientos al lugar de reunión del Parlamento o cuando regresen de éste permanece jurídicamente intacta" y por ello "pueden desplazarse para asistir a las reuniones del Parlamento."

El mismo auto recuerda que las euroórdenes contra los eurodiputados independentistas se mantienen suspendidas hasta que el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TSJEU) se pronuncie a la cuestión prejudicial que el juez instructor, Pablo Llarena, interpuso para esclarecer los criterios de rechazo de entrega de un ciudadano.

Una vez que el TSJEU se pronuncie, el juez Llarena determinará las acciones a seguir con el fin de extraditar a los tres europarlamentarios proindependentistas huidos de la Justicia tras su participación en el referéndum ilegal de independencia de Cataluña en octubre de 2017.