La "brecha digital" y la falta de inversión agravan el colapso de la Justicia

• Las asociaciones de magistrados denuncian que la digitalización acelerada puede hacer perder "garantías judiciales"
• Los juzgados más afectados, como los que tramitan los ERTE, siguen sin recuperar el ritmo previo a la pandemia

Primer juicio telemático celebrado en Vigo, en mayo del año pasado

Más de año y medio después del inicio de la pandemia, la Justicia sigue arrastrando retrasos por la suspensión de los procesos impuesta por el primer estado de alarma. El atasco ya era endémico en algunos juzgados, pero la crisis del coronavirus "lo único que ha hecho ha sido agravarlo", especialmente en aquellos que se ocupan de las medidas sanitarias o de dirimir los ERE y los ERTE, según denuncian las asociaciones judiciales.

Con la COVID-19 llegó, además, una digitalización de la justicia acelerada y en muchos casos improvisada. "En la práctica no se ha implementado una justicia digital segura. Se habla de juicios telemáticos, de hacer diligencias online, pero no hay herramientas informáticas que garanticen la identidad de las partes o la privacidad del contenido", explica a RTVE.es Natalia Velilla, magistrada y miembro de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria.

El protocolo sanitario limita el número de personas que pueden acceder físicamente a los tribunales y prima las conexiones por videollamada, a las que no todo el mundo puede acceder. "Hemos tenido testigos que no han podido venir por la Covid y otros que sí porque tenían un ordenador y una pantalla", relata Ascensión Martín, portavoz de Jueces y Juezas por la Democracia.

“En la práctica no se ha implementado una justicia digital segura“

"Voluntarismo" para evitar el colapso de los juzgados

La declaración del estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, supuso la paralización de todos los procesos considerados no esenciales. Solo se llevaría a cabo cualquier "trámite judicial que, de no practicarse, pudiera causar un perjuicio irreparable", aseguró en su momento el ministro Juan Carlos Campo.

Más tarde, en abril, un decreto impuso que se celebraran las vistas preferentemente por vía telemática y que la vía de comunicación con los juzgados fuera por correo electrónico o por teléfono. Con ello y gracias al "voluntarismo" de los jueces que desde entonces vienen reforzando las jurisdicciones más colapsadas, afirma Velilla, se recuperó una cierta normalidad.

Aun así, a día de hoy, en juzgados como el de Velilla se celebran aproximadamente seis juicios a la semana, cuando antes del coronavirus solían ser 11. Ella es magistrada en un juzgado de Familia, donde, comenta, la situación sí ha vivido un gran cambio a raíz de la crisis: "Se ha notado un mayor incremento de las reclamaciones relacionadas con la crisis. Por ejemplo, la reducción de las pensiones de alimentos por padres en ERTE y padres en situación de desempleo".

La jueza aporta un ejemplo de esta lentitud. "La prohibición de entrada de mucha gente en los juicios hace que se ralenticen. Hasta el momento de la admisión no está permitida la entrada de los testigos en el edificio, así que cuando les llamas tienes que esperar a que seguridad encuentre a la persona que está esperando en la puerta a 40 grados a la sombra. Es todo muy cutre y muy mal llevado", dice.

Más medidas de agilización pero sin aumentar la inversión

"Todavía no se ha producido el colapso que anticipábamos", admite Velilla. Las razones, asegura, están en que "se ha retraído bastante la actividad judicial porque mucha gente ha solucionado sus problemas extrajudicialmente, ya que no había tanta facilidad de moverse a nivel judicial". Eso, y que "mucha gente ha renunciado" a iniciar litigios.

Ambas asociaciones critican que la adopción de nuevas medidas y la digitalización no han ido acompañados de una mayor inversión. Martín denuncia que "ahora mismo se están haciendo muchos autorrefuerzos y las nuevas promociones se están destinando a juzgados que están retrasados, pero no ha habido un incremento de la planta judicial".

“Siempre se hacen las reformas legales a coste cero. Podemos hacer leyes maravillosas, pero si tenemos las mismas personas no se consigue nada“

Coincide con ella la portavoz de la AJFV, que denuncia que "no se ha invertido ni un euro en justicia con la pandemia". "Siempre se hacen las reformas legales a coste cero. Podemos hacer leyes maravillosas, pero si tenemos las mismas personas no se consigue nada". Asegura, además, que muchas de las bajas que se han producido por casos de COVID y cuarentenas no se han cubierto.

"La preocupación máxima es la brecha digital"

En España, la implantación de la justicia digital ha llegado de manera muy dispar según el territorio. En algunas comunidades, donde las competencias están cedidas a nivel autonómico, la digitalización ha ido a varias velocidades. Es el caso de Madrid, Cataluña, Andalucía o la Comunidad Valenciana.

En otras, dependientes del Ministerio de Justicia "se ha hecho un esfuerzo grande" por acelerar la llegada de los trámites virtuales o implantar el teletrabajo, asegura Martín. El mayor problema, sin embargo, está en la "justicia de proximidad", los juzgados de paz de los pequeños pueblos, advierte.

"La preocupación máxima es la brecha digital, que la España despoblada no tenga órganos jurisdiccionales dotados de apoyo a los ciudadanos de a pie". Aquí ha costado más implantar ciertos trámites, pero la brecha está en todas partes, también en las ciudades.

"Los juicios telemáticos se hacen con total voluntarismo y sin aplicaciones seguras. No todo el mundo se sabe conectar o lo sabe hacer correctamente", lamenta Velilla, que denuncia que "se pierde mucho tiempo con los medios técnicos" porque no hay personal especializado, sino que se encargan los funcionarios del juzgado. "Cualquier actuación telemática se convierte muchas veces en un suplicio".

Pero más allá de la lentitud del proceso, la magistrada eleva el tono y advierte de riesgos mayores. "Me temo que se están consolidando acciones que en su día estaban justificadas por evitar contagios, pero ahora estamos perdiendo derechos fundamentales". Cita, por ejemplo, "el de la audiencia pública, a las garantías y la identificación de las partes".

"Una justicia en la que las cosas más sencillas puedan ser digitales abarataría el procedimiento e impediría las aglomeraciones. Qué mejor momento que ahora", reclama.