Mil días de bloqueo del Poder Judicial: una "anomalía democrática" marcada por la bronca política

• PP y PSOE alcanzaron un principio de acuerdo en febrero, pero se frustró entre acusaciones de querer controlar la Justicia
• Los magistrados denuncian la situación y varias asociaciones proponen que sean los jueces quienes elijan a los vocales

Pleno del Consejo General del Poder Judicial

El gobierno de los jueces cumple este lunes 1.000 días de bloqueo, una situación inédita en democracia a la que se ha llegado tras años de discrepancias y vetos entre el Gobierno y el PP. Los veinte vocales del Consejo General del Poder Judicial llevan desde el 4 de diciembre de 2018, cuando expiró el mandato de cinco años que consagra la Constitución, en una situación de interinidad, un récord que supera incluso el anterior bloqueo, entre 2006 y 2008, que se produjo también cuando el PSOE estaba en el Gobierno y el PP en la oposición.

El bloqueo político para su renovación o para la reforma del sistema de elección de los vocales preocupa a las asociaciones de jueces, que califican la situación de "insostenible". Ambos partidos habían alcanzado en varias ocasiones un acuerdo para la renovación, pero se vio frustrado finalmente por acusaciones cruzadas de querer controlar la justicia. Las negociaciones se han frenado o han cambiado de ritmo según se sucedían las distintas elecciones en los últimos años: dos comicios generales, unos autonómicos y procesos electorales en Andalucía, Galicia, País Vasco, Cataluña y Madrid.

Los vocales actuales fueron elegidos en 2013, en tiempos de mayoría absoluta de Mariano Rajoy. Diez fueron propuestos por el PP, siete por el PSOE, uno por IU, otro por CiU y otro por el PNV. El presidente actual es el conservador Carlos Lesmes. Entre el CGPJ y el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha habido varios choques relativos a los nombramientos, al sistema de elección, y también por las críticas del entonces vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias a los jueces. El último encontronazo fue por la decisión del Gobierno de impedir que el rey acudiera a la tradicional entrega de despachos en Barcelona ante la inminencia del 1-O y la sentencia de inhabilitación de Quim Torra, algo que causó gran malestar en el seno del Poder Judicial.

Ahora, septiembre, con el inicio del curso político y el jurídico, se plantea como un mes clave para determinar los siguientes pasos de la tortuosa negociación.

La Asociación Jueces y Juezas por la Democracia ha pedido al presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, que dimita el próximo día 6 de septiembre, durante su discurso de inauguración del año judicial, para forzar la renovación. "Parece que todos se hayan amoldado a esta anormalidad democrática", asegura a RTVE.es Ascensión Martín, portavoz de la asociación, quien culpa al PP de poner "todo tipo de excusas para no sentarse a negociar".

Desde la Asociación Profesional de la Magistratura o la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, defienden, en cambio, implantar un sistema en el que la elección de los vocales la lleven a cabo los jueces y no los partidos políticos, en línea con lo que pide el líder del PP, Pablo Casado.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - El CGPJ, 1.000 días sin renovar: "Por sentido de estado debería haber habido un acuerdo"

¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Recorremos los principales hitos de estos mil días:

2018. Un acuerdo dinamitado por un Whatsapp

Cuando quedaban pocas semanas para el fin del mandato del CGPJ, PP y PSOE habían llegado a un principio de acuerdo para renovar sus miembros. El órgano tendría mayoría progresista, con 11 jueces de 20, y estaría presidido por el conservador Manuel Marchena, quien saltaría a la fama más adelante por presidir el juicio a los líderes del ‘procés’.

Todo quedó en papel mojado por un mensaje de Whatsapp del entonces líder del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, en el que aseguraba que con el pacto su partido controlaría la Sala Segunda del Supremo, la encargada de juzgar casos de corrupción "desde detrás". El escándalo que supuso la publicación de este mensaje provocó la renuncia de Marchena y una vuelta a la casilla de salida.

2020. El Gobierno propone rebajar la mayoría para elegir a los vocales

Ante el nuevo bloqueo, el Gobierno puso en marcha la maquinaria legislativa para forzar al PP a mover ficha. En octubre presentó una proposición de ley para rebajar la mayoría con la que se elige a los vocales, que pasaría de tres quintos del Parlamento a una mayoría absoluta, con lo que no sería necesario el apoyo del PP.

La primera llamada de atención de Europa contra esta reforma la hizo el presidente del Grupo de Estados contra la Corrupción (GRECO) del Consejo de Europa, Marin Mrcela, quien se dirigió por carta al Ministerio de Justicia para advertirle de que rebajar la mayoría suficiente para renovar a los miembros del CGPJ se apartaba de las normas del Consejo de Europa relativas a la composición de consejos judiciales y elección de sus miembros.

Y, después, fue la Comisión Europea quien pidió al Gobierno respetar la independencia judicial. Finalmente el Ejecutivo de Pedro Sánchez la retiró en abril de 2021.

Otro destino diferente tuvo la segunda proposición presentada por PSOE y UP, en diciembre de 2020, que buscaba limitar las funciones del CGPJ para impedir que llevara a cabo nombramientos de altos cargos mientras estuviera en funciones. La reforma entró en vigor en marzo de este año y supone que este órgano no puede proponer el nombramiento del presidente del Supremo y sus magistrados, de los miembros del Constitucional, de los presidentes de las Audiencias o de los Tribunales Superiores de Justicia, entre otros.

2021. Nuevo pacto y nuevo fracaso

Tras meses de críticas de un partido al otro por la responsabilidad del fracaso del acuerdo, en febrero de 2021 llegaba un nuevo principio de pacto. Se mantenían las listas que habían presentado los dos negociadores en 2018, con pocos cambios. Sin embargo, cuando parecía que estaba cerrado no solo ese acuerdo, sino también el de renovación de otros órganos bloqueados como el Defensor del Pueblo o el Tribunal Constitucional, las negociaciones se rompieron ante el veto del PP al nombramiento como vocal del juez progresista Ricardo de Prada, uno de los autores de la sentencia de la trama Gürtel.

En un primer momento el partido de Casado había vetado también a Victoria Rosell, exdiputada de Unidas Podemos y delegada del Gobierno para la Violencia de Género, aunque desde el PP negaron que su presencia fuera el motivo del fracaso de la negociación. Los ‘populares’ habían puesto como condición, durante meses, que la formación morada no estuviera presente en la negociación.

Fuentes del Gobierno aseguraron que las posturas eran "irreconciliables", mientras que los de Casado aludieron a "diferencias importantes que impiden alcanzar cualquier tipo de acuerdo". Hasta el momento, ese fue el último intento más cercano por desbloquear el órgano. Poco después llegarían las elecciones anticipadas madrileñas, en las que se paralizaron las negociaciones.

¿Qué pasa ahora?

La crisis de Gobierno que emprendió Sánchez el pasado julio ha supuesto un nuevo impulso para la negociación. El nuevo ministro de Presidencia, Félix Bolaños, emprendió una ronda con los principales partidos y se emplazó, tras una reunión telefónica con la portavoz del PP en el Congreso, Cuca Gamarra, a reunirse presencialmente en septiembre.

Las negociaciones han estado marcadas por la crítica unánime de las distintas asociaciones judiciales. Algunas, como la Asociación Profesional de la Magistratura o la Asociación Judicial Francisco de Vitoria, son partidarias de implantar un sistema en el que la elección de los vocales la lleven a cabo los jueces y no los partidos políticos.

"Este sistema ha colapsado, ha devenido inútil, ineficiente y pernicioso para el Estado de Derecho", asegura Natalia Velilla, miembro de AJFV. Critica que con el método actual no es el Congreso quien elige a los jueces, sino que lo hacen únicamente "dos partidos".

La asociación Jueces y Juezas por la Democracia, de tendencia progresista, ve secundario decidir sobre el modelo de elección de los miembros del CGPJ. "La solución es que se sienten, negocien y se renueve. Una vez esté renovado ya podemos debatir si los jueces lo podemos elegir, pero ese es otro debate", afirma su portavoz Ascensión Martín.

En el plano político, el PP apoya que sean los jueces quienes elijan su gobierno, y lo pone como condición para negociar la renovación, mientras que PSOE y Unidas Podemos se inclinan por mantener el modelo actual.

¿Cómo se elige el CGPJ y quién lo forma?

El máximo órgano de gobierno de los jueces está formado por 20 vocales, 12 de los cuales son jueces en activo elegidos por el Congreso y el Senado (seis y seis, respectivamente), de entre una lista propuesta por las asociaciones judiciales. Los otros ocho son juristas "de reconocida competencia y con más de quince años de ejercicio en su profesión", según el artículo 122 de la Constitución. La Cámara Baja elige a cuatro y la Cámara Alta a los otros cuatro por mayoría de tres quintos.

La Carta Magna no especifica cuál debe ser el método de elección de los doce vocales magistrados, por lo que en su primer mandato fueron elegidos por los jueces. En 1985 se reformó la ley para que fuera el Parlamento quien los nombrara. Y en 2001, bajo el Gobierno de José María Aznar, se modificó la ley, pero no se dio la elección a los jueces. En la Ley Orgánica 2/2001, de 28 de junio se mantuvo que la elección de los 12 vocales fueran del Congreso y el Senado, aunque introdujeron que podrían presentar candidatos las asociaciones de jueces y sobre ese listado elegiría el Parlamento.