España contará con 550 nuevos kilómetros libres de peajes a partir del 1 de septiembre

• Se trata de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell y de la AP-7 entre la frontera francesa y la ciudad de Tarragona
• Todo el tramo entre Madrid y Barcelona será gratuito

Los catalanes, los más beneficiados de la liberación de peajes

Todos los peajes que hay actualmente entre Zaragoza y la costa Mediterránea y entre Francia y Tarragona, así como otros tramos que también discurren por Cataluña, tendrán que levantar sus barreras y pasarán a ser gratuitos para todos los usuarios a partir de las 00:00 (hora peninsular española) del miércoles 1 de septiembre.

Se trata, en total, de algo más de 550 kilómetros por los que un turismo paga ahora en torno a 58 euros para recorrerlos, un dinero que los conductores se ahorrarán a partir de ahora, al menos hasta que un nuevo sistema de peajes sea implementado en toda España, como planea el Gobierno hacer en 2024.

Sin embargo, en contra de estos planes orientados a reducir el déficit de 9.000 millones de euros que acumulan las carreteras españolas, desde 2018 el Gobierno ya ha liberado de peajes 652 kilómetros de la AP-1 entre Burgos y Armiñón, de la AP-7 entre Alicante y Tarragona y de la AP-4 entre Sevilla y Cádiz.

En esta ocasión, se trata del tramo de la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell, en la provincia de Tarragona, y del tramo de la AP-7 entre la frontera francesa y la ciudad de Tarragona. En total, 477 kilómetros. Por el primer enlace, un turismo paga 25,95 euros y por el segundo, 25,75 euros.

La eliminación de estos peajes no solo favorecerá a la población catalana y aragonesa, sino a todos los habitantes del Norte, Centro y Oeste peninsular que se dirijan a Barcelona o a hacer turismo en la Costa Brava o Dorada, con destinos tan populares como Salou. Así, por ejemplo, todo el tramo entre Madrid y Barcelona será gratuito.

España contará a partir del 1 de septiembre con 550 nuevos kilómetros libres de peajes

¿Cómo va a financiar el Gobierno las carreteras españolas?

Para las dos carreteras de titularidad estatal, la AP-7 y la AP-2, el Gobierno gastará hasta 627 millones de euros en sendos contratos de conservación viaria y en la explotación de las vías de servicio, mientras que la Generalitat destinará 23,7 millones durante los próximos cuatro años solo en garantizar la seguridad vial de estas carreteras.

Estos importes seguirán engordando el amplio déficit de 9.000 millones de euros que ya existe en la conservación de carreteras, puesto que la concesionaria, en este caso Abertis -compañía controlada por la italiana Atlantia y la ACS de Florentino Pérez-, se encargaba de todo ello con los ingresos procedentes de los peajes.

En 2019, antes de la pandemia, en torno a 13.000 vehículos circulaban diariamente por este tramo de la AP-2 y alrededor de 50.000 en la AP-7 entre Francia y Tarragona, según datos del Ministerio de Transportes. Con la gratuidad, se prevé que esta movilidad se dispare, con el consiguiente efecto que provocará en el desgaste de la vía.

Solo por la AP-7, el Gobierno ya ha calculado que habrá que pagar casi 1.300 millones a la compañía en forma de compensación por revertirla al Estado, ya que se entrega con todas las inversiones realizadas necesarias para su uso.

Además, Abertis ya ha anunciado el despido mediante un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de 348 trabajadores vinculados a todas las autopistas que dejarán de ser de pago, porque su trabajo está vinculado al peaje y a los servicios centrales y de soporte.

"Transitar" hacia un modelo basado en la "contribución del usuario"

En un artículo publicado en La Vanguardia, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha defendido "tarificar la red viaria" de cara a paliar un sistema actual plagado de "desequilibrios e ineficiencias".

La reciente nueva ministra retomaría así la propuesta que lanzó José Luis Ábalos en abril de cara a 2024, y que fue incluida en el plan de reformas pactado con Bruselas a cambio de la llegada de los fondos de recuperación.

Como ya hiciera su homólogo, Sánchez también aboga por dialogar con "grupos políticos, agentes sociales y administraciones" hasta consensuar un modelo "basado en los principios de equidad territorial, seguridad viaje y sostenibilidad ambiental".

La ministra indica que el Gobierno ve necesario abordar el debate porque "el porcentaje de la red tarificada de alta capacidad en España es de las más bajas de Europa -el 15%-, mientras que países de nuestro entorno apuestan por cobrarla casi en su totalidad".

El Secretario general de infraestructuras, Sergio Vázquez, ha indicado a TVE que se tratarían de "tasas simbólicas", muy por debajo de los actuales peajes y que se deben al principio de que "quien contamina: paga", todo con la finalidad de mantener las carreteras en buen estado.