La nueva ley universitaria: más investigación, menos "precariedad" docente y cambios en la elección del rector

• No habrá que ser catedrático para ser rector y los profesores con contrato temporal no podrán representar más del 20%
• Se aumenta del 51% al 55% el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que deben tener las universidades públicas

Imagen de archivo del exterior de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el Anteproyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), que modificará la Ley Orgánica de Universidades (LOU), y que busca acabar progresivamente con la "precariedad" laboral de miles de docentes, mejorar la gobernanza y dotar a los centros de una mayor inversión que refuerce la investigación y la calidad de la enseñanza.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el titular de Universidades, Manuel Castells, ha recordado que esta reforma es "un componente clave" de la acción del Gobierno en esta legislatura y ha justificado su aprobación en la necesidad de adaptar las normas a los cambios profundos que ha vivido la sociedad en las últimas dos décadas.

"Cabe decir que esta ley respeta escrupulosamente las competencias autonómicas y además la autonomía de las universidades establecida en nuestra Constitución", ha precisado el ministro al inicio de su intervención en la rueda de prensa.

También ha resaltado el proceso de consulta llevado a cabo durante el último año para elaborar la Ley. Según ha explicado, este proceso ha supuesto la realización de 70 reuniones con órganos colegiados como la Conferencia General de Política Universitaria, el Consejo Estatal de Estudiantes, o el Consejo de Universidades, agentes sociales como los diferentes sindicatos mayoritarios y la CEOE y CEPIME, CRUE Universidades Españolas, los grupos parlamentarios y otros agentes de la comunidad universitaria.

Uno de los objetivos clave: poner fin a la precariedad de los docentes

La reforma del sistema universitario se marca distintos objetivos como el de promover el acceso a la educación superior; adecuar la ordenación de las enseñanzas universitarias; garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador; y garantizar la calidad y la buena gobernanza de las instituciones universitarias.

Dentro de esas metas generales están contempladas medidas que persiguen poner fin a la "precariedad" laboral que, ha reconocido Castells, sufren los docentes y especialmente el profesorado asociado.

Las mañanas de RNE con Íñigo Alfonso - Los profesores asociados denuncian su precariedad en la universidad

Así, se establecen tres niveles de progresión en la carrera académica (incorporación, consolidación y promoción) y distintas figuras contractuales: Profesor Ayudante Doctor; Titular o contratado equivalente; y Catedrático. Respecto a las contrataciones, se obligará a rebajar la temporalidad del personal docente e investigador, pasando del actual 40% permitido al 20%. Contempla además pasar del 51 al 55 % el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que debe tener las universidades públicas.

Asimismo, se establece una reserva de plaza de mínimo el 15% para profesorado asociado con título de Doctor y con una relación contractual previa mínima de cinco años con la universidad, en los programas de promoción y estabilización en aquellas universidades que tengan más del 15% de su plantilla, contada en efectivos, de profesorado asociado.

Las categorías profesionales con mayor presencia en las plantillas de personal docente e investigador (PDI) son las de titular de Universidad, en el régimen funcionarial, y la de asociado, en el régimen laboral a tiempo parcial, el 28 y 33 %, respectivamente, según datos de la Conferencia de Rectores.

Los PDI suman 125.471 docentes, la mitad de los cuales tiene más de 50 años y solo el 19 % menos de 40.

También se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor, destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de cinco cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal, con el objetivo de que obtenga el título de Doctor y se introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.

Incremento en la financiación y más investigación

El titular de Universidades ha subrayado también la intención de su departamento de incrementar la financiación de las universidades públicas hasta el 5 % del PIB en una década, situando a España en la media europea, a través de acuerdos con las comunidades autónomas.

Esa mayor inversión serviría para mejorar la calidad que ofrecen los centros universitarios y, previsiblemente, para sustentar la mayor apuesta por la investigación.

En este sentido, la LOSU otorga relevancia a la producción y transferencia del conocimiento estableciendo que todas las universidades dediquen como mínimo un 5% de su presupuesto a la investigación, asegurando una reserva de plaza del 15% de entre las plazas permanentes para investigadores, promocionando el liderazgo de los jóvenes investigadores, e impulsando la transferencia de conocimiento a entidades, instituciones y empresas.

"Sin investigación no hay universidad", ha recalcado Castells.

Cambios en la elección del rector

La futura ley orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU), promoverá una gobernanza que al mismo tiempo sea "eficiente y democrática" e incorpora cambios en la designación de los rectores. Se establecen así dos sistemas de elección.

El primero de ellos es la elección directa por sufragio universal ponderado por todos los miembros de la comunidad universitaria (en la forma en que se establezca en los Estatutos de la universidad), como ya establecía la LOU.

El segundo sistema es la elección mediante un órgano específico (que podrá determinar la universidad a través de sus Estatutos), órgano que estará formado por entre 20 y 30 miembros de los cuales el 50% corresponderá al personal docente e investigador de la universidad, el 10% a los estudiantes, otro 10% al personal técnico, de gestión y de administración y servicios, y el 30% restante a personas externas a la universidad de reconocido prestigio.

Ya no hará falta, además, el requisito de ser funcionario en activo del Cuerpo de Catedráticos de Universidad para acceder al cargo de rector, sino simplemente ser funcionario y reunir los siguientes requisitos: tener reconocidos tres sexenios de investigación, tres quinquenios de docencia y cuatro años de experiencia de gestión universitaria en algún cargo unipersonal.

En palabras de Castells, se cambia una "definición por rango a una por méritos".

Mayor vínculo con las empresas

Por otro lado, Castells ha explicado la intención de ofrecer una vinculación más estrecha con las empresas, en línea con lo que se impulsará desde la Formación Profesional. Además, se crearán pasarelas entre la FP y la Universidad que permitirán a los alumnos acceder a formación de las dos ramas.

Del mismo modo, habrá nuevos títulos oficiales más enfocados al mercado laboral, se promoverá el emprendimiento y se asentarán las bases para que las Universidades puedan trabajar con empresas y entidades.

Medidas que favorecerán la igualdad y la equidad

Siguiendo el compromiso del Gobierno por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, ha explicado Castells, también se pondrán en marcha mecanismos que promuevan esa igualdad en todos los niveles. Entre las medidas específicas se encuentran la paridad entre mujeres y hombres en los órganos colegiados, la incorporación de unidades de igualdad y de diversidad en las universidades con recursos suficientes, los planes de igualdad de política universitaria y de recursos humanos, los protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, un registro salarial que sirva para luchar contra la brecha de género en los salarios o medidas de conciliación.

Por otra parte, se "reafirma" la política de becas para que quienes quieran estudiar una carrera puedan hacerlo y se incrementará la participación de estudiantes en los órganos de Gobierno. Respecto a esto último, se creará un consejo de estudiantes en cada centro y se establecerá un catálogo de derechos y deberes del alumnado.

También es importante para el Ministerio de Universidades mejorar la calidad de la enseñanza para que dé respuesta a las demandas sociales y cumpla con los objetivos del desarrollo sostenible o contribuya a mejorar la cohesión territorial, cultural y lingüística. La Universidad aspirará a convertirse en espacio de debate cultural y también promoverá las prácticas deportivas.

Más internacionalización del sistema español

Por último, con el propósito de aumentar el grado de internacionalización del sistema universitario español, la LOSU insta a fomentar alianzas interuniversitarias para el desarrollo de títulos y programas conjuntos con universidades extranjeras así como doctorados de cotutela internacional, garantiza la movilidad nacional e internacional del profesorado universitario, del estudiantado y del personal de administración y servicios a través del refuerzo de programas como el Erasmus+, y modifica la figura actual del profesor visitante e introduce una nueva de profesorado distinguido para atraer talento a la universidad.

El Consejo de Ministros ya aprobó el pasado mes de mayo, a propuesta del Ministerio de Universidades, el anteproyecto de Ley de Convivencia Universitaria, que considera como falta muy grave las novatadas, el plagio de Trabajos de Fin de Grado, de Máster o Tesis Doctoral, o el acoso, lo que supondrá la expulsión de la universidad de dos meses a tres años o la pérdida de derechos de matrícula parcial durante un curso académico.