La nueva ley de Universidades obligará a reducir los contratos temporales de docentes del 40 al 20%

• Subirá el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55%, según ha informado el ministro de Universidades
• El Consejo de Ministros ha aprobado este martes esa reforma que busca acabar con la precariedad laboral de miles de docentes

El ministro de Universidades, Manuel Castells, en una imagen de archivo.

La nueva reforma universitaria, presentada este martes al Consejo de Ministros, busca reducir la contratación temporal de docentes, rebajándola del actual 40 % permitido al 20 % y subiendo el porcentaje mínimo de profesorado funcionario del 51 al 55%.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el ministro de Universidades, Manuel Castells, ha subrayado también la intención de su departamento de incrementar la financiación de las universidades públicas hasta el 5 % del PIB en una década, situando a España en la media europea.

La futura ley orgánica del Sistema Universitario Español (LOSU) es la tercera en democracia tras la Ley de Reforma Universitaria de 1983 y la Ley Orgánica de Universidades de 2001. Se enmarca en la reforma integral del sistema universitario que tiene pensado realizar el Gobierno para los próximos años y también incorpora un cambio en la designación de los rectores, un cargo reservado hasta la fecha a los catedráticos.

Uno de los objetivos ligados a la norma es el de alcanzar el máximo consenso posible con la comunidad universitaria y con los grupos parlamentarios, con quienes el ministro Manuel Castells ha conversado el proyecto desde principios de año.

Acabar progresivamente con la "precariedad" de los docentes

Esta reforma del sistema universitario se marca diferentes objetivos que han sido desgranados este martes por Castells. Uno de ellos es combatir progresivamente la "precariedad" laboral que afecta al personal docente e investigador (sobre todo del profesorado asociado) y contribuir a que puedan tener una carrera académica estable.

Así, se obligará a rebajar la temporalidad en la contratación del personal docente e investigador, pasando del actual 40% permitido al 20%, y también se contempla pasar del 51 al 55 % el porcentaje mínimo de profesorado funcionario que debe tener las universidades públicas, teniendo en cuenta las "jubilaciones masivas" que están previstas durante la próxima década, ha dicho el ministro.

También se crea la figura transitoria del Profesorado Contratado No Doctor, destinada a personas que hayan tenido una relación contractual como docente durante un mínimo de 5 cursos académicos con alguna universidad pública mediante alguna figura contractual de carácter temporal, con el objetivo de que obtenga el título de Doctor y se introduce en todos los concursos la equiparación entre los méritos de docencia y los de investigación.

Asimismo, habrá una reserva de plazas del 15% para doctores y se limitará también el tiempo de sustitución de los profesores.

Las categorías profesionales con mayor presencia en las plantillas de personal docente e investigador (PDI) son las de titular de Universidad, en el régimen funcionarial, y la de asociado, en el régimen laboral a tiempo parcial, el 28 y 33 %, respectivamente, según datos de la Conferencia de Rectores.

Los PDI suman 125.471 docentes, la mitad de los cuales tiene más de 50 años y solo el 19 % menos de 40.

La aprobación de la LOSU también allanaría el camino para garantizar la buena gobernanza de las instituciones universitarias y fomentar la investigación, la transferencia y la movilidad del personal docente e investigador.