La Fiscalía pide información a varios países para investigar si el rey emérito se enriqueció con comisiones internacionales
- Los fiscales del Supremo ven indicios de cuatro posibles delitos: blanqueo, tráfico de influencias, cohecho y delito fiscal
- El Ministerio Público aclara: "No estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal"
La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado información a Suiza y a las autoridades de otros países para investigar si el rey Juan Carlos I se enriqueció mediante el cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".
La propia Fiscalía ha confirmado que tiene indicios tras una información que publicaba este mismo viernes el diario El Mundo, que ha tenido acceso a la comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas. Precisamente, Suiza mantiene abierta una investigación sobre la fundación Zagatka, fundada en 2003 por Álvaro de Orleans-Borbón, primo lejano de Juan Carlos I, quien le sufragó gastos de vuelos privados.
La Fiscalía del Tribunal Supremo, señala el periódico, dispone de "elementos indiciarios de que los fondos que son objeto de investigación" tienen, entre otras, la referida procedencia ilícita. En este sentido, añade, investiga la posible comisión de delitos de "blanqueo de capitales, contra la Hacienda pública, cohecho y tráfico de influencias".
La Fiscalía aclara: "No estamos ante un dictamen o conclusiones"
Posteriormente, el Ministerio Público ha emitido una nota aclaratoria en la que recuerda que la Fiscalía del Tribunal Supremo tiene abiertas en la actualidad tres diligencias referidas a las finanzas del rey emérito y dice que el proceso de recabar información no se trata de "un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones" del fiscal.
"La Fiscalía del Tribunal Supremo en el marco de las referidas diligencias de investigación ha remitido diferentes solicitudes de asistencia jurídica internacional a las autoridades judiciales de distintos países, entre ellos Suiza, con el objeto de recabar la necesaria información y documentación que permita avanzar en dichas investigaciones", comienza la nota.
El Ministerio Público recuerda que la solicitud "exige necesariamente detallar todos aquellos indicios de criminalidad disponibles por la autoridad requirente, acompañados de una inicial y provisional calificación jurídica de los hechos sobre los que se fundamenta la petición, respetando así las formalidades requeridas por la normativa en materia de cooperación internacional".
Ello, prosigue la nota, implica que "no estamos ante un dictamen, petición de procesamiento o conclusiones del fiscal, sino en el marco de una solicitud de información, en la que simplemente se detallan los posibles ilícitos que son objeto de investigación".
A continuación, destaca que "resulta obvio que será precisamente el contenido de la respuesta que la autoridad requerida dé a la correspondiente comisión rogatoria lo que en su momento permitirá al Fiscal confirmar o descartar esos indicios, o incluso abrir otras vías de investigación". Y concluye destacando el "compromiso" de la Fiscalía para investigar con la " obligada exhaustividad y el máximo rigor, así como con la exigible celeridad, con frecuencia condicionada por la propia dinámica de la cooperación internacional".
El abogado del monarca carga contra la Fiscalía
La defensa del rey Juan Carlos I ha denunciado por su parte que las "graves afirmaciones e imputaciones" contenidas en la comunicación de la Fiscalía a las autoridades suizas y en las que se aprecian "indicios de criminalidad" contra el rey emérito se realizan "sin apoyatura alguna y son carentes de la más mínima justificación". Denuncia también que con ello se vulnera la presunción de inocencia del monarca.
Y todo ello, el mismo día en que el rey Felipe VI se ha reunido con la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, en una audiencia celebrada en su despacho oficial del Palacio de la Zarzuela durante la cual le ha entregado la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, que se presentará el lunes en la solemne apertura del Año Judicial.
El Gobierno ha calificado de "preocupantes" las informaciones sobre el rey emérito y ha dicho esperar que la Fiscalía "llegue hasta el final". Entre los partidos de la coalición, el PSOE mediante Felipe Sicilia ha mostrado su “respeto” a las investigaciones y ha pedido “dejar que la Justicia trabaje”. También dice respetar la investigación de la Fiscalía el portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, pero ha pedido no hacer “juicios de valor apresurados”. “El fiscal está actuando de una manera partidista”, ha criticado por su parte el diputado Iván Espinosa de los Monteros (Vox), mientras que Unidas Podemos ha cargado en Twitter contra una Jefatura de Estado que es una “vergüenza internacional para España”.
Investigaciones abiertas
El rey Juan Carlos permanece desde hace un año Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos) tras irse de España por sus presuntos negocios irregulares en el extranjero, que la Fiscalía del Tribunal Supremo sigue investigando por si pudo cometer algún delito, una vez que dejó de ser inviolable cuando abdicó en junio de 2014.
Campos, con la colaboración del fiscal jefe Anticorrupción Alejandro Luzón, lleva a cabo tres diligencias de investigación. La primera y principal, por el supuesto cobro de de unos 65 millones de euros por presuntas comisiones por la concesión del AVE a La Meca a empresas españolas.
La segunda, por el presunto uso por parte de Don Juan Carlos y otros familiares de tarjetas de crédito opacas con cargo a cuentas en las que no figuran como titulares; y la úlitima investigación, por la existencia de una cuenta con 10 millones de euros a nombre del ex jefe de Estado en la isla de Jersey, un paraíso fiscal.
Ante estos hechos, el antiguo monarca ha hecho dos regularizaciones fiscales. La primera, el 9 de diciembre por 678.000 euros en relación al uso de tarjetas bancarias con fondos opacos del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, uno de los tres asuntos investigados. Y una segunda, el 25 de febrero por casi 4,4 millones de euros por rentas no declaradas en relación con los gastos costeados por la Fundación Zagatka.
Tras ambas regularizaciones, en mayo se supo que Hacienda notificó al emérito la apertura en colaboración con la Fiscalía de una inspección y le pidió más información para comprobar la veracidad de las regularizaciones que ha presentado hasta ahora, un proceso que aún no ha culminado.
El frente judicial de Don Juan Carlos se completa con la demanda que Larsen (también investigada en Suiza) ha presentado ante en Londres por la "vigilancia ilegal" y "hostigamiento" que asegura sufrió por parte de los servicios secretos españoles y del propio Rey emérito.