Villarejo, la reforma de Génova o los indultos del 'procés': los juicios pendientes del nuevo año judicial
- El excomisario se sentará por primera vez en el banquillo de la Audiencia Nacional con 30 líneas de investigación abiertas
- La Justicia decidirá también sobre la trama Kitchen, la Púnica y sobre el segundo estado de alarma
El nuevo año judicial echa a andar este lunes con un intenso calendario por delante. Se espera que en este curso culminen o se avance en algunas de las causas más importantes de los últimos años. La Audiencia Nacional dirimirá si el PP pagó en B parte de la reforma de su sede en Génova, mientras que el Tribunal Supremo se pronunciará sobre los indultos a los líderes del "procés" y el Constitucional lo hará sobre el segundo estado de alarma, después de haber tumbado el primero.
Será también el curso en el que se verá por primera vez al comisario Villarejo sobre sus negocios. El policía retirado será juzgado a partir del 13 de octubre por tres de esas piezas (Iron, Land y Pintor), presuntos encargos de espionaje que involucran desde las herederas de la urbanización de lujo La Finca en Madrid, hasta empresarios como Juan Muñoz, marido de Ana Rosa Quintana, que figura entre los acusados. La Fiscalía pide para el comisario, en conjunto, más de 99 años de cárcel.
Sobre otra de esas piezas, la 'operación Kitchen', la Fiscalía debe decidir si recurre el fin de las pesquisas sobre el presunto espionaje parapolicial al extesorero del PP Luis Bárcenas, unos hechos por los que el juez procesó al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz y a la cúpula de su departamento, dejando fuera a la exsecretaria general del partido María Dolores de Cospedal y a su marido.
Indultos y estado de alarma: el Gobierno a examen de la Justicia
A lo largo de este año judicial, al menos dos decisiones de calado del Gobierno pasarán por el tamiz de la Justicia. Una, los indultos a los nueve políticos independentistas catalanes condenados por sedición, un asunto en manos del Supremo que no espera resolver antes de primavera.
Y la otra, la legalidad del segundo estado de alarma, decretado en octubre y que duró seis meses, que será sometida a debate este mes por el Constitucional, que ya anuló el primer confinamiento al considerar que el paraguas jurídico adecuado era el estado de excepción.
Pero esas no serán las únicas decisiones que evaluará la Justicia.
El Supremo debatirá el 19 de octubre el recurso de Vox y el PP contra el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal general del Estado tras su etapa como ministra de Justicia. Y, además, es probable que en los próximos meses el Supremo resuelva el recurso de la sentencia de los ERE.
Los papeles de Bárcenas vuelven a juicio
Pronto se conocerá la sentencia sobre el presunto pago de la reforma de la sede del PP a cuenta de la supuesta caja B, reflejada en los "papeles de Bárcenas". El extesorero, en prisión por la Gürtel, es el principal acusado, y el fiscal considera a la formación responsable civil subsidiaria.
Por otro lado, el juez Santiago Pedraz debe decidir si continúa adelante con el procedimiento en el que se ha investigado si las presuntas donaciones de empresarios al PP anotadas por Bárcenas eran a cambio de adjudicaciones públicas u otros favores, o si lo archiva.
Juicios contra Alberto Rodríguez (Podemos) y la Gürtel en Boadilla
Con septiembre llegan también los juicios y uno de los primeros será el que celebre el Supremo el día 21 con el exsecretario de Organización de Podemos Alberto Rodríguez como acusado por dar presuntamente una patada a un policía en una protesta de 2014.
Un día después, casi una treintena de acusados serán juzgados por los negocios de la Gürtel en Boadilla del Monte (Madrid); y el día 20, la Audiencia de Madrid juzgará al exconcejal de Palma Javier Rodrigo de Santos por presunta agresión sexual a dos presos que disfrutaban de permisos en la ONG en la que trabajaba el expolítico, que ya fue condenado por abusos sexuales a menores.
También continuará la instrucción del caso Neurona, en el que se investiga si hay irregularidades en el contrato que suscribió Podemos con esa consultora de cara a las elecciones de 2019. De esta causa derivó otra, en plena investigación, para determinar si la ministra Irene Montero y su asesora pagaron a la segunda con fondos del partido para que cuidase de su hija.
Otra causa que continúa es la abierta por una presunta agresión del líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, a un ciudadano, por lo que el político podría ser juzgado por un delito leve de maltrato.
Sigue la investigación de la Púnica y de la 'operación Titella'
Entretanto, continuará la investigación de casos como Púnica, sobre la presunta financiación irregular del PP de Madrid -con los expresidentes Esperanza Aguirre e Ignacio González imputados; o de la operación Titella, por la que fue detenido el productor José Luis Moreno, a quien la Policía considera líder de una red criminal presuntamente dedicada a la estafa y el blanqueo.
Otras causas como la que sentará en el banquillo al expresidente catalán Jordi Pujol y a sus siete hijos; varias piezas del caso Lezo con Ignacio González como acusado; o el caso Nummaria, donde los actores Imanol Arias y Ana Duato están acusados de presunto fraude a Hacienda, están aún pendientes de fecha de juicio.
Pendiente está el expresidente catalán Carles Puigdemont de la decisión de la Justicia europea sobre la euroorden y la posterior actuación que acuerde el magistrado del Supremo Pablo Llarena.
Tres investigaciones abiertas contra el rey emérito
Al margen de estas causas judicializadas, la Fiscalía continúa las tres investigaciones contra el rey emérito: una por el cobro de 65 millones de euros por presuntas comisiones de las obras del tren de alta velocidad Medina-La Meca (Arabia Saudí), otra sobre si recibió donaciones no declaradas y una tercera respecto de si ocultó fondos en paraísos fiscales. Simultáneamente, Hacienda inspecciona las dos regularizaciones fiscales cumplimentadas por Juan Carlos de Borbón.
La semana pasada se conoció además que la Fiscalía del Tribunal Supremo había solicitado información a Suiza y a las autoridades de otros países para investigar si el Juan Carlos I se enriqueció mediante el cobro de "comisiones y otras prestaciones de similar carácter en virtud de su intermediación en negocios empresariales internacionales".
La propia Fiscalía ha confirmado que tiene indicios tras una información que publicaba el diario El Mundo, que ha tenido acceso a la comisión rogatoria librada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, a las autoridades suizas.