Lesmes apela al "patriotismo constitucional" para renovar el CGPJ: "La situación es insostenible"

• Hace este llamamiento en la Apertura del Año Judicial cuando son ya más de 1.000 días los que el CGPJ lleva en funciones
• Carga contra el Gobierno por insinuar que los indultos fueron "concordia frente al resentimiento": los jueces no actúan con "revancha"

Lesmes apela al "patriotismo constitucional" para renovar el CGPJ: "La situación es insostenible"

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha urgido a los partidos políticos a que saquen al Poder Judicial de la “lucha partidista” y ha apelado al “patriotismo constitucional y generosidad” de las fuerzas políticas a alcanzar “en las próximas semanas el acuerdo necesario para la renovación”. Todo ello, ha dicho, porque "la situación en la que nos encontramos resulta insostenible para la Judicatura y para la propia sociedad".

Lesmes ha hecho este llamamiento durante el acto de apertura del Año Judicial que ha estado presidido por el rey Felipe VI y se ha celebrado en el Salón de Plenos del Supremo ante las máximas autoridades del Estado. Sus palabras, dentro de un discurso enfocado a la defensa de la independencia judicial, llegan además cuando se han cumplido más de 1.000 días de un CGPJ en funciones (desde diciembre de 2018) y entre los constantes enfrentamientos entre PSOE y PP para alcanzar un acuerdo que desbloquee la renovación del Poder Judicial.

“El mandato de cinco años es "obligatorio" y "no puede ser considerado orientativo"“

El presidente del Supremo se ha referido así a la “anormal situación” en la que se encuentra el CGPJ “por causas que son completamente ajenas al mismo”. Ha recordado que la Constitución establece el mandato de cinco años tanto de los Vocales y Presidente del mismo y ha recordado que el Congreso y el Senado “están obligados a respetar ese plazo” que no puede ser considerado como “meramente orientativo”.

Esta obligación, ha proseguido, es "extensible" a las fuerzas políticas allí representadas y no puede subordinarse "a razones de oportunidad política, cualesquiera que estas sean, pues no hay mejor forma de defender la Constitución que procurando su cumplimiento”. A continuación, ha recordado que lleva pidiendo el cumplimiento del deber constitucional de la renovación desde 2018.

Casi tres años de bloqueo en el CGPJ mientras sigue la batalla política entre PSOE y PP

Lesmes ha añadido que ha efectuado ese mismo recordatorio “hasta en seis ocasiones a los presidentes del Congreso y del Senado” y que el Pleno del Consejo lo ha reclamado “otras tres veces solo durante el último año”. Sin embargo, ha criticado que “lo cierto es que ninguno de esos llamamientos ha surtido efecto y asistimos un año más, con especial polémica, a esta anormal prolongación del mandato del Consejo".

Critica la reforma del CGPJ en funciones: "Debilita la función del Consejo"

A todo ello, ha proseguido, la situación se ha visto "agravada" por la reforma que limita los poderes que tiene el CGPJ en funciones. Lesmes ha recordado que el Consejo se pronunció en contra de esta reforma y reclamó un informe de la Comisión de Venecia y que se pronunciaran las asociaciones judiciales, “siendo todas estas peticiones desatendidas”.

También ha criticado que “la urgencia de esta reforma y su propio contenido se han querido fundamentar en una pretendida pérdida de confianza parlamentaria de nuestra institución", ignorando que el Consejo goza "de plena autonomía respecto de los demás poderes públicos" sin depender de las Cortes Generales, tal y como señaló el Tribunal Constitucional una sentencia del 15 de noviembre. Así, ha aseverado que “la justificación de la necesaria renovación del Consejo no resulta del cambio de composición de las Cámaras (tras unas elecciones)" sino "exclusivamente de la finalización del plazo del mandato establecido en la Constitución”.

“"Este incumplimiento de la legalidad afecta de forma directa al CGPJ"“

“Unas y otras acciones conducen, inexorablemente, al debilitamiento de la legítima función constitucional del Consejo, como garante de la independencia judicial”, ha proseguido, tras lo que ha llamado a los políticos a desbloquear la renovación. La situación actual, ha proseguido, "resulta insostenible" porque "este incumplimiento de la legalidad, postergando la renovación del Consejo, está afectando de manera directa a un órgano que fue diseñado por la propia Constitución para garantizar la independencia en el ejercicio de la función judicial frente a todos”, ha proseguido.

Entre esas afecciones, Lesmes ha recordado que el Consejo, pese a que “ha procurado seguir desarrollando su labor con normalidad”, no ha podido “cumplir con una de las funciones esenciales que tiene atribuida", como la de algunos nombramientos, algo que "coloca en una muy difícil situación a los órganos judiciales afectados y de manera especial a este Alto Tribunal”. Así, ha recordado que todavía hay once vacantes sin cubrir, "de una planta de 79 magistrados, por no hablar de muchas otras en las presidencias de diversos tribunales que se han venido produciendo”. Todo ello, ha proseguido, "en un contexto social y político de la máxima complejidad".

Sobre los indultos: los jueces no actúan con "revancha" ni "rencor"

En su discurso, Lesmes también se ha referido a los polémicos indultos del 'procés', concedidos en julio y que están pendientes de resolverse en el Tribunal Supremo tras varios recursos interpuestos. En este sentido, ha criticado sin mencionar al Gobierno que el Ejecutivo haya contrapuesto "la concordia frente al resentimiento" para justificarlos, "como si la acción de la Justicia al aplicar la ley a la que todos nos debemos fuese un obstáculo para la convivencia u obedeciera a razones distintas de las previstas en las normas".

"Nada más alejado de la realidad", ha proseguido. "La función de los jueces y magistrados, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, con independencia absoluta de influencias externas o internas, políticas o de cualquier otra índole, no se corresponde en modo alguno con la idea de revancha o con el sentimiento de rencor, pues juzgar es dar a cada uno lo suyo de acuerdo con las leyes, leyes que han sido democráticamente aprobadas y que, por tanto, expresan la voluntad de la mayoría".

Por último, ha zanjado que "la justicia no es, ni ha sido nunca, un obstáculo para la paz, sino el instrumento fundamental para salvaguardar el orden jurídico y, por ende, la convivencia pacífica entre los ciudadanos".

Delgado: la Justicia "no puede convertirse en campo de batalla"

Durante el acto, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha presentado la Memoria Anual del Ministerio Fiscal, ha anunciado que ya prepara un nuevo marco estatutario para el Ministerio Fiscal con el que dotar a la Fiscalía de una mayor autonomía y ha alertado “los peligros que acechan” una Justicia que “no puede convertirse en campo de batalla política”.

Sus primeras palabras, sin embargo, han sido en recuerdo de las víctimas del coronavirus y en reconocimiento de quienes “lo dieron todo por la sociedad con un coste altísimo”. También ha hecho un “llamamiento a la solidaridad internacional ante la grave situación que se vive ahora en Afganistán”, donde se están viendo “comprometidos” muchos derechos humanos, especialmente en el caso de las mujeres, ha dicho.

Por último, ha resumido las actuaciones de la Fiscalía en el último año Fiscal, destacando las relativas a las residencias de ancianos y personas con discapacidad, la violencia de género, la trata de seres humanos y los delitos de odio, sobre todo los relativos al acoso sufrido por los menores extranjeros no acompañados en Madrid y Barcelona.

Al acto han acudido la presidenta de Justicia, Pilar Llop; el presidente del Senado, Ander Gil; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas, María Teresa Fernández de la Vega y María José de la Fuente; y el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán. También ha asistido el líder de la oposición, Pablo Casado, y de destacados miembros del mundo de la Justicia, como el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, los ex presidentes del TS Pascual Sala y Gonzalo Moliner, magistrados del propio Supremo, los vocales del CGPJ, fiscales, abogados del Estado y letrados de la administración de justicia.