"Por primera vez en la historia de España, la FP va a dejar de ser la 'pariente pobre' del sistema"

• RTVE.es entrevista a la profesora de la UM Pilar Martínez-Clares y al catedrático de la UB Antonio Benito Echeverría
• El Gobierno aprueba este martes la nueva Ley de FP que establece una oferta flexible y consolida la modalidad dual

Un grupo de alumnos de FP asiste a una clase de programación.

La FP tiene pendiente en España un "cambio radical"que será impulsado por la vía legislativa. Sobre el papel, el anteproyecto de Ley Orgánica de Ordenación e Integración de la Formación Profesional apuesta por un modelo más flexible que refuerce la relación entre los centros educativos y las empresas, y que dé respuesta a las demandas del mercado laboral, pero, ¿cuál es el punto de partida y hacia dónde se dirige la transformación?

RTVE.es entrevista a dos de las voces que mejor pueden responder a esas cuestiones: Pilar Martínez-Clares, Profesora Titular de la Universidad de Murcia, y Antonio Benito Echeverría Samanes, Catedrático Emérito de Universidad de Barcelona. La actividad investigadora de ambos se centra en el modelo actual de Formación Profesional y los dos forman parte del departamento de "Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación" de sus respectivas universidades. Además, han estudiado de forma conjunta algunas estrategias que permitirían potenciar esta rama formativa y han analizado al detalle el texto inicial de la futura ley de FP.

Pregunta: Actualmente, solo un 12 % de los jóvenes españoles está matriculado en FP, frente al 25 % en la OCDE y el 29 % en la UE. ¿A qué puede deberse este dato tan bajo, en el caso de España?

Respuesta: Desde nuestro punto de vista, es un asunto eminentemente cultural, de rémora histórica y de deficiente o nula orientación profesional. En efecto, España sigue impregnada de la "cultura de fidalgos”, plasmada en la frase de una alta representante de la administración pública para quien “la FP es buena para los hijos de mi vecina, pero no para los míos”.

“La imagen estereotipada ha continuado hasta nuestros días bajo el mantra de 'el que vale a Bachillerato y el que no a FP'“

Esta imagen estereotipada de la FP arraigó en la población española sobre todo a partir de la ley de los años 70, que canalizó a quienes no superaban la EGB por la “vía de desagüe” del sistema educativo. Esta salida se oficializó durante décadas en los informes orientadores de final de estos estudios y ha continuado hasta nuestros días bajo el mantra de “el que vale a Bachillerato y el que no a FP”. “Nada que ver con la verdadera esencia de la intervención orientadora”, apostilla Pilar Martínez-Clares.

P: ¿Cuáles son las mayores losas con las que carga en estos momentos la FP?

R: A los estereotipos culturales y sociales heredados, ha de añadirse problemas estructurales, que desgraciadamente sitúan a España a la cabeza de algunos rankings. Uno de ellos es la tasa de abandono educativo temprano del 16% —hombres 20,2%— en 2020, solo superada por Rumania, Malta y Bulgaria. Otra es el 20% de jóvenes que ni estudian ni trabajan, tercer país con la tasa más elevada de la UE, tras Italia y Grecia.

Añádase a estos datos el 40% del desempleo de menores de 25 años y se comprenderá mejor el panorama a afrontar por la FP, que para Benito Echeverría “es una oportunidad de oro para que la formación se continúe más allá de las etapas obligatorias por los efectos positivos en el desarrollo individual de las personas y en el progreso de la sociedad, al facilitar el acceso al mercado laboral”.

Lo es también contrarrestar el desequilibrio entre los niveles de cualificación de la población trabajadora y las necesidades futuras del mercado laboral. Actualmente, solo 25% de la población activa dispone de cualificación intermedia y el 35% tiene cualificación baja, cuando en 2025 el 50% de los trabajos requerirán un nivel de cualificación media —técnicos y técnicos superiores de FP— y solo el 16% un nivel bajo, según el Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional. Y además, el 46% de nuestra población activa carece de acreditación profesionalizante, dejando a este personal laboral en una situación de notoria vulnerabilidad y restando valor añadido a las empresas.

(...) A estos problemas se ha de añadir la falta de datos, cifras y modelos sociales comparables que nos permitan hacernos una idea de dónde y cómo estamos… No podemos permitirnos que la FP esté al margen de la investigación educativa.

P: Se habla a menudo de "modernización" y de un sistema que responda a las demandas y retos del presente: ¿cuáles serían esas necesidades formativas y qué camino ha de seguir la FP para no quedar estancada?

R: Ante las necesidades que acabamos de enunciar el futuro presente de nuestra FP es un sistema que responda a las demandas de profesionalidad requeridas por la Revolución 4.0.

Como venimos preconizando desde hace tiempo, necesitamos un sistema único, comprensivo de todos los subsistemas de FP, para propiciar el desarrollo permanente de las competencias profesionales. Este sistema ha de ser la flexible, para responder con rapidez a las demandas de cualificaciones profesionales de las grandes transformaciones del siglo XXI. A su vez, ha de ser sea motivador, para incentivar cuantos procesos de aprendizaje permitan a las personas aprovechar y utilizar durante toda la vida cada oportunidad que encuentren de actualizar, profundizar y enriquecer su formación. Y además, ha de ser carácter integrador, para lograr la confluencia de intereses de los beneficiarios de la formación, de sus proveedores y de los agentes sociales que la promueven.

“El modelo de Orientación Profesional que propugnamos favorecerá el renacimiento de una FP más cercana“

Martínez- Clares y Echeverría manifiestan al unísono: “Estos cuatro pilares del sistema de FP se han de sustentar sobre la base de la investigación e innovación y el frontispicio de los mismos ha de ser la orientación profesional, razón por la cual insistimos tanto en ambos”.

El presidente del Gobierno declaraba recientemente que la FP tiene una “imagen social injusta”. Nosotros, como académicos e investigadores, estamos convencidos de que el modelo de Orientación Profesional que propugnamos favorecerá el renacimiento de una FP más cercana y adecuada a nuestro tejido productivo.

P: ¿Cómo valoran, en líneas generales, esa reforma de la FP que prepara el Gobierno? ¿Algunos puntos que destaquen, para bien o para mal?

R: En líneas generales es una reforma con grandes pretensiones, como requiere los retos a los que se enfrenta. “Sobre el papel parece estar dispuesta a potenciar casi todos los componentes esenciales de un sistema de FP, que acabamos de describir, por lo cual no es de extrañar que haya sido bastante bien acogida por la mayoría de los agentes sociales y por la ciudadanía en general, como también por parte de nuestro equipo de investigación”, concuerdan Echeverría y Martínez- Clares.

Aparentemente rompe con la ley anterior 5/2002 —LCFP— si bien mantiene similitudes con ella en cuanto a una concepción de la FP acorde con las tendencias más progresivas de los Estados de la Unión Europea, en la pretensión de integrar nuestros subsistemas formativos, en el intento de reconocimiento y acreditación de las cualificaciones profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o de vías no formales de formación e incluso en el escueto e impreciso Título III sobre información y orientación profesional. Eso si lo hace con un lenguaje grandilocuente y más confuso que la ley que deroga.

Una diferencia esencial juega favor de la nueva ley y es contar con una inyección de fondos de más de 5.000 millones de euros, unos 2.000 de ellos procedentes del Fondo de Recuperación y Resiliencia.

P: ¿Les surgen dudas sobre la aplicación del texto legal a la realidad?

R: “Bastantes, sobre todo recordando la conocida expresión del Conde de Romanones de 'haga usted las leyes, que ya haré yo los reglamentos'", responde rápidamente Echeverría. “Va a requerir grandes dosis de pedagogía, profundos cambios en la mentalidad de los agentes implicados y enormes esfuerzos para asimilar bien la ley, desarrollarla convenientemente y llevarla correctamente a la práctica”, añade Martínez-Clares. La misma estructura de la ley y a veces su lenguaje confuso, no contribuye mucho a estos requerimientos.

Sirva como ejemplo, el Título II, sobre todo su capítulo segundo de ofertas y grados de formación. Empieza por no delimitar el concepto de grado en el artículo 2 de definiciones, mientras que lo hace con otros mas usuales, sin dejar claro para la mayor parte de la población la diferencia con los grados universitarios, grados medios y grados superiores de FP.

“Va a requerir grandes dosis de pedagogía, profundos cambios en la mentalidad y enormes esfuerzos“

Tampoco queda claro el grado de participación de los agentes sociales en la gobernanza del sistema, así como el papel de las entidades colaboradoras, quedando la formación en la empresa sin casi especificar, como tampoco se refiere a los derechos formativos de las personas trabajadoras recogidos en el Estatuto de los Trabajadores.

Todo ello sin olvidar la situación en la que queda el profesorado técnico de FP, de la cual ya se ha hecho eco el Consejo Escolar del Estado en su dictamen 15/2021 sobre el anteproyecto de la ley de FP. Tampoco se puede olvidar al profesorado del subsistema de FP para el Empleo, que prestan sus servicios en la preparación y obtención de certificados de profesionalidad.

P: ¿Cuáles son para ustedes las cuestiones claramente mejorables?

R: La respuesta es unánime por parte de Martínez-Clares y Echeverría, “los Títulos VII y VIII del anteproyecto de ley, por no hablar del X sobre evaluación y calidad”.

Los ocho artículos del Título VII, dedicado a la Orientación Profesional, responde parcialmente a la función de “ayuda a las personas a alcanzar su potencial, a que las economías sean más eficientes y las sociedades más justas”, que le asignan organismos como la UNESCO, OIT, OCDE, CEDEFOP, etc., a pesar de que el término aparece 50 veces en el texto legislativo.

Otro de los aspectos que será necesario aclarar es todo lo relativo a los servicios de orientación, cuya palabra aparece hasta 10 veces en el Título VII, sin que se delimite la función de los mismos en la estrategia general de Orientación Profesional.

Si el Título VII es notoriamente mejorable, aún lo es más el VIII dedicado a Innovación, Investigación aplicada y Emprendimiento. Son solo cuatro artículos, un 2% de los que componen la ley y sólo la mitad referidos a la innovación-investigación en torno a la FP.

Cabía esperar que la ley contemplase un ecosistema de investigación sobre FP en España, acorde a la “santa alianza” promovida por la ley, como una de las mejores vías para superar su deficiente reconocimiento en nuestro país y lograr que se convierta en motor de las transformaciones, que necesita nuestra sociedad. Sin embargo lo máximo que aporta un listado de “deberes” de las Administraciones públicas.

Consideramos, afirma Martínez-Clares, que “la innovación e investigación han de seducir a la FP, ir más allá de su día a día, redimensionar su función. Se ha de poner ciencia en el arte de la formación de los aprendices”. Echeverría lo corrobora con palabras de Paulo Freire “No hay enseñanza sin investigación, ni investigación si enseñanza”.

P: ¿Cómo valoran la apuesta por la FP Dual?

R: También la consideramos positiva, al quedar regulada por primera vez como Ley Orgánica, si bien “se presenta envuelta en el mito de este modelo formativo, que a la hora de despegar no se suelen detectar mayores problemas, pero con frecuencia aparecen al aterrizar en los estados que intentan implantarlo”, a juicio de Echeverría y Martínez-Clares.

“Habrá que estar muy atentos a no caer en el clásico error de intentar transportar sistemas educativos en 'containers', sin asumir su esencia y adoptar las prácticas adecuadas, emanadas de procesos de investigación sobre los factores claves de éxito y del contexto donde se instaura”, señala Echeverría.

Sirva como ejemplo la pretensión gubernamental de que toda la FP sea dual, cuando ni siquiera lo es en Alemania, cuna del modelo, y además establecer dos regímenes diferentes. En el “avanzado” la empresa asume hasta el 40% de los módulos del currículo y en el “general” el 20%. En este último no existe contrato, ni remuneración. El primero goza de relación contractual y una retribución en relación al salario mínimo interprofesional o al convenio sectorial, con su correspondiente cotización a la Seguridad Social.

Echeverría y Martínez-Clares se preguntan “¿podrá el sistema garantizar que todo el alumnado pueda elegir la modalidad que desee, sobre todo la 'avanzada'? Y, ¿qué pasará con aquellos que no encajen con las empresas convenidas por sus respectivos, ya que éstas podrán seleccionar al alumnado?

P: Una de las grandes novedades sería la creación de una especie de "pasarela" con la Universidad. Ustedes, que forman parte de ella, ¿cómo verían esta integración?

R: Martínez-Clares y Echeverría coinciden en que “bienvenidas sean cuantas medidas faciliten y promuevan el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida de los seres humanos. La Educación encierra un tesoro y hay que aspirar a que accedan a ella el mayor número posible de personas” (...)

En la Ley no aparece una sola vez la palabra “pasarela”, ni la de “integración” referida a “universidad/es”, que aparece ocho veces, como tampoco se habla de cursar asignaturas comunes. De lo que si habla es de cuestiones, que desde nuestro punto de vista tratan acertadamente de dar respuesta al derecho a la educación permanente.

Una es el reconocimiento mutuo de créditos, para facilitar el establecimiento de itinerarios formativos que reconozcan la formación previamente adquirida en ambas enseñanzas. La otra es el impulso de nuevos modelos de colaboración, desarrollo de proyectos compartidos y préstamo de espacios para generar transferencia de conocimiento y experiencia, crear innovación y optimizar recursos.

“¿Qué duda cabe de que sumar vale más que restar?”, se preguntan en voz alta Echeverría y Martínez-Clares.

P: Me gustaría saber también si consideran oportuna la creación de los llamados másteres profesionales de FP.

R: “Me da la impresión de que la Ley se ha visto contaminada por el virus del momento, que no es solo la Covid-19. Me refiero a la 'mastermanía' y 'postgraduitis', comenta Echeverría.

Es una mera cuestión terminológica, pero “¿qué sentido tiene denominar de igual forma a los que venimos impartiendo en la Universidad y los que promueve la Ley?, algo parecido a lo que ocurre con el término “grados” (...)”, se pregunta Martínez -Clares.

“Estamos seguros de que por primera vez en la historia de España la FP va a dejar de ser la 'pariente pobre' del sistema“

P: ¿Creen que se tendrán en cuenta las aportaciones que han ido desgranando?

R: “Responderé con la última frase del libro del proyecto, por el que accedí a la Cátedra de Formación Profesional en la Universidad de Barcelona, con mi lema vital de paciencia revolucionaria”, se adelanta Echeverría.

“Nuestra respuesta es siempre la misma. No sabemos si esto ocurrirá, pero estamos seguros de que por primera vez en la historia de España la Formación Profesional va a dejar de ser la “pariente pobre” del sistema. Son muchos los intereses económicos en juego y no ha de olvidarse que pertenecemos a una Comunidad (UE), preocupada por el tema y que presiona a los Estados en la medida de lo posible, para que cumplan sus compromisos", concluyen ambos expertos.