Los desacuerdos por la COVID de padres separados llegan a bufetes y juzgados: "No quiere vacunar a nuestra hija"
“Mi hija se quería vacunar y yo estaba a favor. Es que ni me planteé lo contrario”. Ángel no esperaba que su exmujer, con quien comparte la custodia de una adolescente de 15 años, se opondría a la vacuna de la COVID-19. “Me dijo por correo que ella no se había vacunado, que era escéptica y que no quería vacunarla. Quería consultarlo antes con un kinesiólogo”, nos cuenta. “Hablé con mis abogados y me dijeron que, al ser menor de 16 años, no podía vacunarla sin el consentimiento de su madre”.
Los despachos de abogados confirman que en las últimas semanas han llegado más consultas de padres y madres que se preguntan qué pueden hacer cuando su pareja o expareja no opina lo mismo sobre la vacunación de sus hijos. “No estemos siempre ante progenitores que sean negacionistas. Muchos simplemente piensan: esto se ha hecho muy rápido, esperemos un poco”, afirma Ramón Quintano, vocal de la Asociación Española de Abogados de Familia (AEAFA) a RTVE.es.
“Nuestra respuesta es que intenten llegar a un acuerdo, que eviten judicializar el tema. La mayoría nos hace caso y no se llega al juzgado”, prosigue, y explica que las discrepancias en el ejercicio de la patria potestad ocurren con la vacunación del mismo modo que al decidir sobre el colegio, una ortodoncia, las actividades extraescolares o la comunión, entre otras riñas.
A partir de los 16 años, los menores pueden decidir
A veces no hay acuerdo posible y la solución dependerá, en primer lugar, de la edad del menor. “Si tiene más de 16 años, la ley de autonomía del paciente prevé que ya es mayor de edad a efectos sanitarios”, aclara Quintano. De hecho, desde los bufetes aseguran que también les llegan dudas de padres que querrían impedir la vacunación de sus hijos menores que sí quieren el pinchazo y tienen más de 16 años. Para dichos casos, no hay impedimento posible: los jóvenes pueden decidir por sí mismos.
Ahora, si se trata de menores por debajo de los 16 años y no hay acuerdo entre los padres, corresponde a la magistratura ponderar las particularidades de cada caso “siempre en beneficio del menor” y teniendo en cuenta su opinión. La vacunación COVID está autorizada solo para niños y niñas mayores de 12 años y, a partir de esa edad, la legislación exige al juez que escuche al menor.
La decisión del juez
Aunque este sea un conflicto nuevo en la pandemia de coronavirus, los juristas consultados extrapolan lo observado en resoluciones de personas con discapacidad que no querían vacunarse contra la COVID y de conflictos familiares similares con otras vacunas de la cartilla. Así, de acuerdo con el vocal de la AEAFA, pesará siempre a favor de vacunar que las autoridades sanitarias estén aconsejando llegar al 90 % de la población inmunizada. Incluso, cuando la campaña no ha sido obligatoria.
“Rodríguez, abogada: "Los jueces no son médicos, se van a guiar por las recomendaciones sanitarias”“
“Usted puede no vacunarle, pero si esto se hace es porque la comunidad médica ha valorado la existencia de un problema de salud pública que exige adoptar medidas de protección. Y la vacunación es la medida más importante en este caso. Ya no es solamente por el menor, es por toda la comunidad”, argumenta Quintano.
En consecuencia, la AEAFA insta a “evitar la tentación de judicializar temas cuando ya sabemos cuál será previsiblemente la solución judicial”, siempre que no existan patologías que entren en conflicto con la vacuna según un criterio médico. "Al final, los jueces no son médicos, se van a guiar por las recomendaciones sanitarias”, coincide la abogada de familia Delia Rodríguez, de Vestalia Asociados.
Invertir “tiempo y dinero” en un proceso legal
Aunque los abogados informaron a Ángel de que podría ganar fácilmente en los tribunales, para él, no era un camino deseable. “Antes de llegar a ese extremo, que implica tiempo y dinero, la niña habló con su madre y le reiteró que ella quería vacunarse”, relata. “La vacunación iba a ser en agosto y entre el juicio, etcétera, podríamos estar hablando de vacunarla en noviembre”.
Y sería así en el mejor de los casos, según Quintano. La Asociación Española de Abogados de Familia denuncia que el proceso se puede alargar “meses y meses, incluso hasta un año” en los lugares donde no hay un juzgado especializado en derecho de familia. “Aunque lo necesitas ahora que empieza el colegio”, lamenta el portavoz.
En todo caso, el progenitor que sí quiere vacunar será “el que tenga que dar el paso de poner la demanda”, cuenta la abogada Delia Rodríguez. De este modo, Ángel tendría que correr también con los gastos del abogado y procurador. “Se podría llegar a pedir las costas al progenitor que se está negando a la vacunación en contra de las recomendaciones sanitarias, entendiendo que hay mala fe”, dice la letrada, pero reconoce que esto no suele ocurrir.
Implicaciones directas en la vida de los niños
Los jueces ponderarán igualmente implicaciones que van más allá de la salud. Y es que, por ejemplo, estar vacunado facilita los viajes por la Unión Europea y podría determinar la escolarización. “Imagínate que en la clase tenemos un positivo. Las comunidades autónomas pueden decidir que los niños que estén vacunados no tengan que hacer confinamiento, como ya está pasando en Cataluña”, señala Quintano, de la AEAFA.
“No hay ninguna vacuna obligatoria en España y sería bastante complicado hacerlo desde el punto de vista legal”, explica José Antonio Forcada, presidente de la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas. Pese a ello, “diversas sentencias han fallado a favor de colegios o guarderías cuando estos se han negado a admitir a menores que no cumplían con la cartilla de vacunación”, aporta la abogada Delia Rodríguez.
“Rodríguez, abogada: “Diversas sentencias han fallado a favor de colegios que se han negado a admitir a menores que no cumplían con la cartilla de vacunación”“
Tanto Forcada como Rodríguez ponen de ejemplo de precedente un brote de sarampión en un colegio público de Granada en noviembre de 2010: ante la negativa de varias familias de vacunar a sus hijos, la Junta de Andalucía solicitó el auxilio de la justicia, que finalmente ordenó que se inoculara el suero a 35 menores en contra del criterio de sus padres.
Además, “Castilla y León, Extremadura y Galicia ya exigen que los menores estén al día en la cartilla de vacunación para acceder a las escuelas infantiles públicas”, desarrolla la letrada, que puntualiza que la vacuna de la COVID todavía no aparece en el calendario recomendado de vacunas del Ministerio de Sanidad. La Asociación Española de Pediatría sí cree, en cambio, que "debe considerarse" como una "vacunación de calendario oficial, pues su indicación ha sido establecida por las autoridades sanitarias”, según valoran en un documento realizado por su Comité Asesor de Vacunas.
Convencer a los escépticos
Ángel evitó llegar a los tribunales por la vacunación de su hija. “La madre lo debió consultar con alguien que le diría que esto lo tenía perdido”, afirma. Su exmujer cedió, la niña pudo vacunarse y él respira aliviado. “La vacunación se ha retrasado 20 días, pero por lo menos ha podido ir al cole vacunada con la primera dosis”.
Ocurre así en la mayoría de los casos, según los bufetes. Por ello, desde la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas animan a tratar de "convencer con evidencia científica y pedagogía". “Hay una gran cantidad de gente que tiene dudas o miedos”, afirma su presidente, José Antonio Forcada.
“Protegiendo a tu hijo, estás protegiéndote a ti como adulto y a sus abuelos. Aunque sus posibilidades de tener una enfermedad grave sean menores que las de un adulto, también tiene riesgo. Tenemos que proteger a toda la población”, reitera, y recuerda que el “beneficio es infinitamente superior a las reacciones adversas”.
-
Facebook
-
Twitter
-
WhatsApp
-
Copiar Enlace
-
Guardar en Mis Listas
-
Enviar e-mail
