La Asamblea de Murcia convalida el decreto que prohíbe los fertilizantes nitrogenados en el Mar Menor

• Las sanciones por infracción, en este sentido, irán de los 5.001 a los 50.000 euros
• La Cámara también aprueba la proposición de ley que endurece la normativa sobre los vertidos

Imagen de archivo de labores de limpieza del Mar Menor tras la aparición de peces muertos.

El Pleno de la Asamblea de Murcia ha convalidado este lunes el decreto ley que prohíbe el uso de fertilizantes nitrogenados al Mar Menor y ha aprobado una proposición de ley de PP, Cs y VOX que endurece la normativa sobre los vertidos a la laguna salada, tres semanas después de que volvieran a aparecer miles de peces muertos.

La sesión, según recoge Europa Press, ha comenzado con la convalidación del decreto ley que modifica la ley de recuperación y protección del Mar Menor para prohibir el uso de fertilizantes nitrogenados en la zona más próxima al Mar Menor, la zona 1.

El desastre medioambiental que se vivió hace tres semanas en el Mar Menor, con la aparición de miles de peces muertos, fue calificado como "un auténtico drama natural" por el Gobierno de Pedro Sánchez que señaló al Gobierno de Murcia como principal responsable por un periodo dilatado de "inacción" a la hora de ejercer sus competencias.

El decreto ley convalidado este lunes en la Asamblea de Murcia reduce los plazos para la notificación de sanciones y la restitución de los terrenos.

El consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente, Antonio Luengo, ha explicado que el tiempo para resolver y notificar a los infractores pasará de seis a tres meses; de cinco a tres meses, cuando se trate de la imposición de multas coercitivas; o de dos meses a uno cuando se trate de ejecutar de manera subsidaria la restitución.

"Reducimos los trámites administrativos en la tramitación de los expedientes para dotar de mayor eficacia y agilidad los procesos contra los infractores", ha dicho Luengo, quien ha advertido que las sanciones por infracción, en este sentido, irán de los 5.001 a los 50.000 euros.

Crítica del PSOE: "Llega tarde y mal"

Por parte de los grupos parlamentarios, las críticas al decreto han llegado por parte de PSOE y de la diputada de Podemos, María Marín, portavoz del Grupo Mixto. El socialista Manuel Sevilla considera que estas medidas solo conllevarán la judicialización de los procedimientos y que con este decreto ley el Gobierno regional "pretende que todo siga igual y no eliminar los regadíos ilegales".

Mientras que Marín ha advertido de que el Gobierno regional "llega tarde y mal" y está aportando medidas que solo benefician a la industria agroalimentaria. "El Gobierno regional propone premiar a los que han hecho las cosas mal", ha incidido.

Por el contrario, Cs, VOX y PP han criticado la inacción de la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) para acabar con el regadío ilegal. Desde VOX, su portavoz Juan José Liarte, ha dicho que el decreto "no va de castigar a nadie", sino de limitar el uso de determinados fertilizantes, a lo que ha añadido que en la propuesta planteada por el PSOE en la Cámara se eliminaba la intervención de la CHS.

El portavoz de Cs, Francisco Álvarez, ha alertado de que a nivel nacional se ha dejado a la Región "sola en el mantenimiento del Mar Menor". Mientras que los 'populares', en boca de Juan Antonio Mata, piensan que la "campaña de la mentira iniciada con la crisis del Mar Menor, se desinfla al mismo ritmo que la credibilidad de la izquierda".

Se endurece la normativa de vertidos

Tras este debate, el Pleno ha aprobado la proposición de ley presentada por PP, Cs y VOX para modificar la ley de recuperación y protección de la laguna salada. Esta norma busca endurecer la normativa de los vertidos tanto de aguas freáticas como pluviales. La tramitación de la iniciativa ha sido por el modo de lectura única, lo que ha impedido a los grupos parlamentarios presentar enmiendas. La modificación no ha contado con los apoyos de PSOE ni de Podemos.

La proposición de ley modifica artículos basados en la prohibición de vertidos al Mar Menor, de vertidos de aguas pluviales y de aguas freáticas y vertido fortuito de las infraestructuras de recogida de aguas para evitar la entrada de nutrientes al Mar Menor.

Desde los grupos de la oposición PSOE y Podemos se ha criticado la norma ya que entienden, ha dicho la socialista Carmina Fernández, que la norma pretende que el Gobierno nacional ponga en marcha el Plan Vertido Cero que "está desfasado". La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, ha reiterado que la norma no sirve para actuar en el origen del problema.

Tanto PP, Cs y VOX han reiterado que la modificación de la ley pivota en seguir reclamando la ejecución del Plan Vertido Cero. Francisco Álvarez, de Ciudadanos, ha reiterado la necesidad de ponerlo en marcha, "hay que seguir manteniendo una vigilancia extrema en los vertidos".

Su homólogo, de VOX, Juan José Liarte, ha asegurado que la adopción de medidas urgentes sobre el Mar Menor es "fundamental". Mientras que Jesús Cano, del PP, considera paradójico que el Gobierno nacional "aún no haya movido ni un dedo por la recuperación del Mar Menor. De las propuestas planteadas a la ministra solo hemos sabido que nos van a decir que no".

Se han abierto más de 200 expedientes por incumplimientos

Durante el Pleno, el consejero de Medio Ambiente, Antonio Luengo, también ha respondido a un par de preguntas sobre los incumplimientos de la ley de recuperación del Mar Menor en explotaciones agrícolas en 2020 y las medidas para retirar los fangos de la laguna salada. Luengo ha explicado que se han abierto 202 expedientes, que actualmente están en fase de tramitación.

El consejero ha informado que en total se han abierto ya 529 expedientes de inspección, 2165 expedientes de declaración responsable y se han llevado a cabo 130 inspecciones ordinarias en explotaciones agrícolas y 392 inspecciones extraordinarias, siendo la superficie inspeccionada de 10.244 hectáreas, ha dicho.

Sobre la retirada de fangos, el consejero ha indicado que la actitud del Ministerio en este sentido "deja mucho que desear", ya que es quien debe, ha apuntado, llevar a cabo esa retirada. "Nosotros vamos a seguir con trámites como la contratación de la redacción del proyecto y la evaluación del impacto ambiental para poder llevar a cabo esa retirada de fangos y lodos", ha añadido.