Un juzgado de Madrid investiga a Fernando Simón por la gestión de la pandemia
- Pide informe a la Fiscalía para determinar si existen indicios de la comisión de ilícito penal
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El Juzgado de Instrucción 13 de Madrid ha acordado la apertura de diligencias contra el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, Fernando Simón, para investigar si hubo prevaricación en la gestión de la pandemia de coronavirus.
Así lo acuerda en un auto a raíz de la querella presentada por la asociación Abogados Cristianos contra Fernando Simón y contra el presidente del Gobierno, Pedro Sanchez, los ministros Irene Montero, Margarita Robles y Fernando Grande-Marlaska y contra los exvicepresidentes del Ejecutivo Carmen Calvo y Pablo Iglesias y los exministros José Luis Ábalos y Salvador Illa.
Pero el juez abre solo diligencias respecto a Fernando Simón porque es el único no aforado y porque la situación procesal de las personas que sí que estaban aforadas en el momento en que se presentó la querella en el Supremo "ya fue resuelta por dicho Tribunal".
Pide informe a la Fiscalía
En el auto, el titular del juzgado ha dado traslado de la querella a la Fiscalía para que emita informe acerca de la competencia del órgano judicial y la eventual naturaleza penal de los hechos que se relatan en la querella, así como para determinar "si sobre esta persona existen indicios de la comisión de ilícito penal alguno".
El magistrado instructor, sin embargo, ha estimado investigar a Simón al considerar que "es procedente acordar la incoación de diligencias previas y practicar aquellas esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, así como las personas que en él hayan participado".
Según consta en el auto, las presentes actuaciones se iniciaron en virtud de denuncia de Juzgado de Instrucción Número 53 de Madrid por un presunto delito de prevaricación administrativa. El titular del juzgado sostiene que "los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal".
Ya el año pasado, la Asociación contra la Gestión del Coronavirus (AGC) se personó como acusación popular y pidió a la juez que instruía la causa que estaba abierta por el 8M, que imputase a Simón por desobediencia y denegación de auxilio por su gestión de la pandemia. Sin embargo, la magistrada rechazó imputarle porque había otros procedimientos contra él.
También el sindicato policial Jupol se querelló también contra Simón por la gestión de la pandemia, al que acusaba de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores y por prevaricación.