'Agente extranjero', la etiqueta que estigmatiza la labor de los periodistas en la Rusia de Putin

• El Ministerio ruso de Justicia ha añadido a decenas de medios y periodistas en este registro que dificulta su trabajo diario
• El incremento de las medidas represivas coincide con una cita electoral: las legislativas que empezaron este viernes

Reportajes 5 Continentes - En Rusia, vivir como "agente extranjero" en su propio país

Irina Dolinina se enteró de su inscripción en el registro de 'agentes extranjeros' del Ministerio ruso de Justicia por unos amigos. "Me llamaron para avisarme: “¡Dios mío, hemos visto esto!", cuenta la periodista a Radio Nacional desde su casa en Moscú. Su nombre apareció en la web de la administración el pasado 21 de agosto. “No te mandan una carta oficial, no hay nada oficial. De un día para el otro, está tu nombre en el registro y ya está”, explica Irina.

A sus 26 años, lleva varios años trabajando en la web ImportantStories (I-Stories). Con sede en Moscú, el medio está registrado como empresa en Letonia. Un hecho que, según la ley rusa sobre los medios de comunicación, basta para considerarlo como 'agente extranjero'. Desde I-Stories, explican que nunca han ocultado este registro en Letonia, y que lo hacen para “estar libres” y no convertirse, según reza su propia web, “en el servicio de comunicación del gobierno”.

Lo cierto es que I-Stories publicó varias investigaciones que molestaron a los dirigentes políticos y económicos en la capital rusa. En 2020, la web desveló cómo el exyerno de Vladimir Putin y sus familiares se enriquecieron gracias a sus conexiones con el poder. También participó, junto con otros 16 medios internacionales, en la investigación OpenLux, que reveló a principios de año la presencia en Luxemburgo de más de 50.000 sociedades pantallas utilizadas por multinacionales, empresarios y grupos mafiosos de todo el mundo —incluida Rusia— para eludir impuestos.

A la izquierda, la periodista Irina Dolinina. A la derecha, el texto que tiene que aA la izquierda, la periodista Irina Dolinina. A la derecha, el texto que tiene que añadir en todas sus publicaciones: "Este mensaje fue creado y/o difundido por un medio de comunicación extranjero que desempeña las funciones de un agente extranjero, y/o una entidad legal rusa que desempeña las funciones de un agente extranjero" Captura de Instagram

“No creo que esté en la lista por una investigación en concreto. He trabajado en muchos temas, algunos que no sentaron bien a las autoridades, pero no creo que haya un motivo claro”, avanza Irina, que cuenta como algunos de sus compañeros de profesión le dieron la enhorabuena al saber que se había convertido en 'agente extranjera'. “Estar en el registro del Ministerio de Justicia es como una garantía de calidad, significa para muchos que estás haciendo un buen trabajo. Suena extraño, un poco loco, pero en la profesión se ve como si fuera un premio.”

“Estar registrada como 'agente extranjera' tiene graves consecuencias profesionales y personales para los periodistas“

Sin embargo, Irina reconoce enseguida que estar registrada como 'agente extranjera' no conlleva ninguna ventaja. Al contrario. Desde el 21 de agosto, la periodista tiene que publicar en todos sus artículos, sus redes sociales e incluso sus chats personales el texto siguiente: “Este mensaje fue creado y/o difundido por un medio de comunicación extranjero que desempeña las funciones de un agente extranjero, y/o una entidad legal rusa que desempeña las funciones de un agente extranjero. ”

Dolinina tiene que añadir en todas sus publicaciones: "Este mensaje fue creado y/o difundido por un medio de comunicación extranjero que desempeña las funciones de un agente extranjero, y/o una entidad legal rusa que desempeña las funciones de un agente extranjero" Captura de Facebook

“Si no lo hago, tengo una sanción administrativa. Si se me olvida una palabra del texto, tengo una sanción administrativa. Después de tres sanciones administrativas, puedo acabar en la cárcel”, explica la periodista. Además de las multas (que pueden alcanzar los 58.000 euros) y las penas de cárcel (hasta dos años) a los que se exponen, los 'agentes extranjeros' tienen la obligación de informar las autoridades de todos sus ingresos y gastos. “Cada tres meses, tengo que entregar un informe detallado de todos mis movimientos de dinero”, relata Irina, “y cuando digo todos, son absolutamente todos: si me voy a tomar una cerveza o un vino, lo tengo que registrar. Si compro papel higiénico, lo tengo que registrar.”

“Si se me olvida una palabra del texto, tengo una sanción administrativa. Después de tres sanciones administrativas, puedo acabar en la cárcel“

Para Irina, el estar registrada como 'agente extranjera' tiene graves consecuencias profesionales. “Tengo que controlar todo lo que hago. Ya no tengo apenas tiempo para trabajar, para investigar”, cuenta, “y obviamente, es más difícil contactar y establecer relaciones con fuentes cuando tienes una etiqueta así”. También afecta a su vida privada.“El resultado de todos estos controles por parte de la administración es sencillo: no nos permiten tener una vida privada. ”

La ley sobre 'agentes extranjeros' existe en Rusia desde 2012. Inicialmente, estaba destinada a controlar las organizaciones y asociaciones que recibían donaciones y/o financiación desde fuera del país. En 2019, su aplicación se extendió a periodistas y medios de comunicación: cualquier individuo o entidad que se beneficia de una financiación extranjera y crea o distribuye publicaciones por un medio puede ser registrado como 'agente extranjero'. Desde 2020, también puede afectar a las organizaciones sin personalidad jurídica, como los activistas, o cualquier ciudadano que tiene una actividad política. La polémica está en la interpretación de la ley: se puede considerar como actividad política la distribución de folletos o la participación en debates en las redes sociales y se puede clasificar como financiación extranjera el envío de dinero de un familiar desde un tercer país. Organizaciones como la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH), Reporteros sin Fronteras (RSF), Amnistía Internacional y Human Rights Watch acusan a las autoridades rusas de usar esta legislación para acallar las voces discrepantes y los movimientos cívicos. Contactado por Radio Nacional, el Ministerio de Justicia de la Federación de Rusia no ha contestado a nuestra petición de entrevista.