Comienza el juicio por el incendio de Chiloeches
- Hay 21 acusados a los que la Fiscalía solicita penas de hasta 19 años de cárcel por delitos medioambientales
- El incendio, provocado según la Guadia Civil, quemó 8.000 metros cuadrados de residuos peligrosos
A las 4:49 del 26 de agosto de 2016 se desataba un incendio en la planta de reciclaje de residuos de Chiloeches en Guadalajara. Seis días tardaron los servicios de extinción, ayudados por la Unidad Militar de Emergencias, en sofocar el fuego. La intensa columna de humo que provocó se podía ver a 50 kilómetros de distancia y obligó a confinar a la población cercana. Como consecuencia: 8.000 metros cuadrados de residuos calcinados y la contaminación de miles de toneladas de tierra.
Residuos sin control
Según recoge el escrito de la Fiscalía, en abril de 2016 se depositaron en la planta de Chiloeches más de 15.000 toneladas de residuos sin especificar. A primeros de junio la Junta de gobierno del Ayuntamiento , recientemente nombrada tras las elecciones municipales, constató la explotación de esta planta al "margen de la legalidad". Tras una inspección del Servicio de Medio Ambiente,que señalaba el lugar como un "auténtico caos", se procedió a la clausura inmedianta de la nave. La UCOMA acreditó altas concentraciones de metales (plomo,zinc o cromo) en el barranco de los Chorillos, donde lleganan los vertidos de las balses de retención de la planta.
Pero a pesar de su cierre, un mes mas tarde se constata que la recogida de residuos continua, empeorando el estado de las instalaciones. Finalmente el 26 de agosto se desata el incendio que, segun el Departamenbto de Incendios de la Guardia Civil, fue intencionado.
21 acusados y 3 meses de juicio
La Audiencia Provincial de Guadalajara ha tendio que habilitar los antiguos juzgados de la ciudad para albergar a la veintena de acusados y a las más de 100 personas que acudirán a declarar.
Hasta diciembre se va a juzgar a 18 personas físicas y tres jurídicas. Por un lado 11 personas relacionadas con Kuk Medioambiente y el Grupo Layna y Salmedina por la gestión, almacenamiento y transporte ilegal de residuos peligrosos. También hay imputados seis ex altos cargos de la Junta de Comunidades acusados de un delito de prevaricación medioambiental. Entre las peticiones de pena también se encuentra el exalcalde de la localidad. Por estos hechos la Fiscalía solicita penas de hasta 19 años de prisión, 14 años de inhabilitación y una indemnización de 15 millones de euros.