Jordi Sànchez recurre ante el TEDH la sentencia del 'procés'
- El secretario general de JxCat alega haber sufrido una "vulneración continuada de los derechos humanos"
- Las protestas tras el registro de la Guardia Civil en la sede de la consellería de Economía motivaron su condena por sedición
El secretario general de JxCat y expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, ha presentado este lunes su demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) contra la sentencia del 1-O, que le mantuvo en prisión durante más de tres años.
Así lo ha anunciado el propio Sànchez en una rueda de prensa en el hotel NH Calderón de Barcelona, junto a la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie.
La presentación de esta demanda ha coincidido con el cuarto aniversario del 20S de 2017, cuando la Guardia Civil llevó a cabo un registro en la sede de la consellería de Economía, entonces situada en la Rambla de Catalunya de Barcelona, y las consiguientes protestas convocadas por Sànchez y por el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que motivaron su entrada en prisión y su condena por sedición.
El recurso, ha señalado Sànchez, pretende conseguir "un correctivo al reino de España" en los tribunales y "restituir las garantías democráticas" que se le han "negado".
Sànchez alega haber sufrido una "vulneración continuada de derechos humanos", entre los que están el derecho a reunión y la libertad de expresión.
En su demanda recuerda el incidente que le llevó a prisión y explica que "la concentración fue comunicada a las autoridades y congregó 40.000 ciudadanos en el contexto de un acto festivo con parlamentos de protesta y actuaciones musicales". Hace hincapié también en que durante la manifestación "no se produjeron agresiones físicas y ningún manifestante entró (ni tampoco intentó hacerlo) a las dependencias de la Consejería". Aunque sí mencionan los vehículos de la Guardia Civil que resultaron dañados mientras estaban estacionados en las vías.
El expresidente de la ANC y actual secretario general de JxCat, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, son los líderes independentistas que más condena llevaban cumplida hasta la medida de gracia: cerca del 41 % de los 9 años que les impuso el Tribunal Supremo como uno de los "pilares del movimiento sedicioso". Fueron los primeros en entrar en prisión preventiva, el 16 de octubre de 2017 y cumplieron 3 años y unos 8 meses de la pena, por lo que tenían sin cumplir aproximadamente 5 años y 4 meses.
"Si voy a Estrasburgo a presentar esta demanda no es con la expectativa de que se me restituyan personalmente demasiadas cosas porque cuatro años de cárcel no se pueden recuperar. Todo lo que la justicia española me ha robado a mí, a mi familia y a mis amigos esto ya no tiene posibilidad de compensación", ha denunciado Sànchez.
Preguntado al respecto, Sànchez ha admitido que el hecho de haber presentado esta demanda tras haber recibido el indulto por parte del Gobierno puede acabar "desacelerando" el proceso.
Sobre el 20S, según Sànchez, todavía quedan preguntas por responder, entre ellas "qué hacían armas sin vigilar en el vehículo de la Guardia Civil". En la rueda de prensa, Paluzie se ha mostrado convencida de que las sentencias "reforzarán la causa política de la autodeterminación y de la independencia de Cataluña" ya que "dentro del Estado español estos derechos "nunca" estarán "garantizados".
Paluzie también ha recordado que la "responsabilidad" de Sànchez se debía "a su condición de presidente de la ANC" y ha apuntado que tampoco tuvo derecho "a un proceso" judicial "equitativo".
El indulto de Sànchez
El Gobierno justificó el indulto parcial al antiguo dirigente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, al considerar que se trata de una "persona clave para la restauración de la convivencia" . En un informe de 33 páginas, se afirmaba que "el mantenimiento en prisión de los referentes sociales y líderes de las principales formaciones independentistas no contribuye positivamente a rebajar la tensión existente", y destacaba especialmente a Sànchez por su "doble condición" de activista social y líder político, en este caso como secretario general de JxCat.
El mantenimiento en prisión de Sànchez "se presenta como un claro obstáculo para la normalización de las relaciones entre las instituciones catalanas y las del Estado, así como un escollo para la superación del conflicto que protagoniza la política catalana en la última década", se podía leer en el informe, redactado por el Ministerio de Justicia.