Montero urge a blindar el derecho a abortar ante la objeción de conciencia de los médicos

• La denuncia de una mujer a la que le negaron este derecho en un hospital público madrileño desata una ola de críticas
• Ningún centro público de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Aragón y Murcia practicó ningún aborto en 2019

La ministra de Igualdad, Irene Montero.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, ha urgido a reformar la ley del aborto para garantizar y blindar este derecho de las mujeres en los hospitales públicos ante las dificultades observadas en varios centros públicos al acogerse los médicos a la objeción de conciencia.

Es lo que ha escrito Montero en su cuenta oficial de Twitter este miércoles, después de que una geriatra del Hospital Clínico San Carlos (Madrid) denunciara en la Cadena Ser que el centro se negó a practicarle un aborto en la semana 17 de embarazo, pese a que el feto era prácticamente inviable y que su vida corría riesgo, porque "había latido fetal".

Montero ha asegurado que "no es un caso aislado", ya que "8 de cada 10 abortos se realizan en clínicas privadas y hay comunidades donde ni siquiera se realizan", por lo que cree que es necesario reformar la ley del aborto para "blindar por ley" el derecho de las mujeres a decidir sobre sus propios cuerpos.

No obstante, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha descartado que esté entre los planes del Gobierno hacer cambios legislativos. "No hay ninguna intención de regular la objeción de conciencia", ha afirmado en la rueda de prensa al término del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

“Darias: "No hay ninguna intención de regular la objeción de conciencia"“

Darías sí ha reconocido la necesidad de analizar y mejorar el procedimiento y la aplicación de la ley, puesto que "la objeción de conciencia no puede estar por encima" del "acceso y la calidad asistencial" que reciben las mujeres. "Compatibilicemos y respetemos", ha instado la ministra Darias.

Ningún aborto en los centros públicos de cinco comunidades

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2019, cinco comunidades no practicaron ningún aborto en centros públicos: Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Aragón y Murcia.

Las demás regiones notificaron intervenciones tanto en centros públicos como privados, siendo Cataluña la que encabeza la lista con 61 centros públicos que han realizado abortos y 15 privados, seguida de la Comunidad Valenciana con 16 públicos y 15 privados; Galicia con 9 públicos y 2 privados; País Vasco con 8 públicos y 7 privados; o Navarra con 8 públicos y uno privado.

Sin embargo, Madrid tiene una de las tasas más altas de aborto por cada 1.000 mujeres de entre 15 y 44 años, con 13 casos por mil, al igual que Asturias, y solo por detrás de Cataluña (14,32 por mil mujeres) y Baleares (13,8).

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) cifra en siete los centros concertados en Madrid para esta intervención, que es una prestación reconocida en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y gratuita para la mujer.

ACAI recuerda, asimismo, que se trata de un derecho amparado por la ley que reconoce la potestad de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

Este mismo miércoles, el Congreso aprobó la propuesta para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a estas clínicas abortivas. El pleno tuvo que ser suspendido durante diez minutos, sin embargo, después de que un diputado de Vox llamara "bruja" a la diputada socialista que defendía la iniciativa.

Todos los ginecólogos se acogieron a la objeción de conciencia

Ante la denuncia de Marta Vigara, la mujer afectada, el Hospital Clínico San Carlos ha justificado en la objeción de conciencia la negativa de los ginecólogos a practicar esta intervención, por lo que se derivó a la paciente a una clínica autorizada para llevar a cabo la interrupción de su embarazo.

Según la geriatra, en el año 2009 todos los ginecólogos de este hospital público suscribieron un documento interno en el que se acogían a la negativa a interrumpir embarazos, por lo que el hospital la derivó a una clínica privada.

El hospital ha asegurado que los profesionales sanitarios implicados en este proceso se han acogido a su derecho a la objeción de conciencia, por lo que no realizan interrupciones voluntarias de embarazos y se facilita a las pacientes un recurso asistencial para poder llevar a cabo este proceso.

Además, el hospital ha asegurado que el Colegio de Médicos de Madrid "ha emitido un informe en el que constata que el personal del Servicio de Ginecología y Obstetricia actuó de acuerdo con el protocolo de manejo de bolsa rota del hospital, y que no se aprecia infracción en la actuación de los facultativos del Servicio, procediendo al sobreseimiento y archivo del expediente".

Vigara ha censurado hoy el "maltrato institucional" al que fue sometida y ha revelado que a pesar de que lo denunció internamente ante el comité de ética y el médico jefe de servicio de Obstetricia, los servicios jurídicos del hospital aseguraron haber seguido todos los protocolos vigentes.

Críticas por parte de la izquierda

Ante esta polémica, los grupos de la izquierda en la Asamblea, Más Madrid, PSOE y Podemos, consideran "inaceptable, vergonzoso e indecente" que la Comunidad de Madrid no esté garantizando el derecho de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo en la sanidad pública en pleno siglo XXI.

También la portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha manifestado que en esa comunidad "hay médicos organizados para evitar" la práctica de abortos en la sanidad pública, por lo que ha secundado la petición de la ministra de Igualdad para ampliar la ley, garantizar la prestación de este derecho y reformar la objeción de conciencia.

Precisamente Rodríguez ha celebrado este miércoles que, tras llamar a la Subdelegación del Gobierno, se ha suspendido el "hostigamiento" a las puertas de una clínica abortiva de Córdoba, donde unas 200 personas se habían inscrito en una iniciativa internacional para rezar durante 40 días para "acabar con el aborto a nivel local mediante la oración, el ayuno, la sensibilización de la comunidad y una vigilia pacífica, diaria y constante frente a los abortorios".