La oposición obliga al Gobierno a rebajar por ley los alquileres que cobra Aena
- La medida se ha aprobado en el Congreso
- Se trata de una enmienda que PSOE y Podemos rechazaron en el Senado
La oposición en bloque ha apoyado este jueves en el Pleno del Congreso la rebaja de los alquileres que cobra Aena por los locales de los aeropuertos, refrendando así la enmienda aprobada hace una semana por el Senado pese al voto en contra del PSOE. Ni siquiera Unidas Podemos, el socio del Gobierno, ha querido oponerse.
La enmienda aprobada modifica los contratos de arrendamiento o cesión de locales de negocio en las instalaciones dependientes de Aeropuertos Nacionales y Navegación Aérea (AENA), para adaptarlos a las circunstancias derivadas de la crisis sanitaria del Covid-19 y de las medidas adoptadas por los poderes públicos para combatirla, que han provocado una abrupta reducción del tráfico aéreo y del volumen de pasajeros en los aeropuertos, con la consiguiente reducción de ingresos de las empresas arrendatarias o concesionarias.
La empresa pública no ha tardado en mostrar su desacuerdo y ha señalado que "ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía".
Esta enmienda fue incluida dentro del proyecto de ley de reforma de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y este jueves se ha refrendado en el Congreso. En esta norma se han tramitado diferentes iniciativas legislativas del Gobierno con medidas contra la morosidad en el sector del transporte y cambios en la regulación de las VTC y sus sanciones.
La renta mínima que deben pagar tiendas y restaurantes a AENA se reducirá
Concretamente, la enmienda modifica las obligaciones contractuales de los locales comerciales con Aena, eximiendo del pago de la renta mínima anual garantizada (RMAG) durante el período del estado de alarma inicial (del 14 de marzo al 20 de junio de 2020).
A partir de entonces, esa renta mínima garantizada que debe pagar el local quedará reducida proporcionalmente en función del volumen de pasajeros en el aeropuerto en el que se encuentre respecto al tráfico aéreo registrado en 2019.
La oposición en bloque a favor de rebajar los alquileres
Durante el debate parlamentario, la diputada 'popular' ha defendido la modificación de los contratos para ajustarlos al tráfico pues, ha dicho, "es algo justo, razonable, equilibrado, legal, y ajustado al interés general". Algo cuestionado por Manuel Arribas, del PSOE, que ve la modificación contraria a la legislación vigente y anticipa inseguridad jurídica.
"La situación de Aena no se puede entender", ha abundado Ferrán Bel (PDeCAT), mientras que Ignacio López-Bas, de Cs, ha señalado que Adif sí ha adoptado medidas similares a la enmienda en cuestión. "Aena no debiera haber desoído olímpicamente la voz de la soberanía popular", ha aseverado Joan Capdevila (ERC), recordando que, por unanimidad, ya se pidieron "acuerdos razonables".
El Congreso exigía "acuerdos equilibrados"
"Esto no debería haber llegado aquí", ha corroborado Txema Guijarro, de Unidas Podemos, que cree que "el Estado debería tener una actitud ejemplar" a la hora de modificar los contratos ante esta situación sobrevenida. Con esta enmienda se lanza "un poderoso mensaje" ha señalado para recordarle al presidente de Aena, Maurici Lucena, que "tiene que negociar".
El PNV, que se resistió a apoyar la enmienda en el Senado, ha apostado por avalarla en el Congreso por una cuestión "de equidad", ha defendido Iñigo Barandiaran recordando que las administraciones han exigido al sector privado adaptar los contratos de alquiler a los comercios.
Durante el pasado mes de junio, el Congreso aprobó por unanimidad en su Comisión de Hacienda una iniciativa no legislativa, a propuesta de Esquerra Republicana, para exigir "acuerdos equilibrados" con los negocios ubicados en los aeropuertos.
Precisamente a esa iniciativa alude CC en la enmienda aprobada por el Senado, criticando en su justificación que "este mandato unánime del Congreso no sólo ha sido desatendido por Aena, sino que en muy buena medida el conflicto se ha recrudecido en las últimas semanas".
También denunciaron que Aena exige el pago íntegro de la RMAG y fuerza la apertura total de locales "con la amenaza de la imposición de graves penalidades en caso contrario y la resolución de los contratos".
AENA calcula pérdidas de 1.500 millones
Aena "ejercerá todas las acciones que corresponda" para no tener que bajar los alquileres que cobra a tiendas y restaurantes de los aeropuertos, tal y como le ha impuesto el Parlamento, ya que con ello podría dejar de ingresar 1.500 millones de euros en cinco años, según sus cálculos.
Según explica el propio gestor aeroportuario en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), esta norma, una vez que entre en vigor, dispone que la renta mínima anual garantizada en dichos contratos entre el 15 de marzo de 2020 y el 20 de junio de 2020, ambos incluidos, quedará suprimida y Aena no podrá exigir su pago.
También establece que desde el 21 de junio de 2020, la renta mínima anual garantizada fijada en los contratos quedará reducida en proporción directa al menor volumen de pasajeros en el aeropuerto donde se ubique el local respecto al volumen de pasajeros que existió en ese mismo aeropuerto en 2019. Esta reducción de la renta mínima anual garantizada será aplicable en 2020, así como en todos los años posteriores hasta que el volumen anual de pasajeros del aeropuerto sea igual al de 2019.
En su comunicado a la CNMV, Aena asegura que está "analizando las implicaciones jurídicas de esta normativa y ejercerá todas las acciones que correspondan en defensa del interés social de la compañía".
Además, apunta que esta modificación no afectará a su derecho a reclamar el pago de la renta variable establecida en los contratos en función de los ingresos derivados de las ventas en cada local.
Aunque el impacto final de esta media dependerá de la evolución del tráfico de pasajeros en los próximos años, Aena calcula que sus ingresos comerciales se reducirán en cerca de 1.500 millones de euros a lo largo del periodo 2020-2025. Aena aclara que en este cálculo incluye las bajadas de rentas que ya ofreció a los arrendatarios el pasado enero para el periodo comprendido desde el 15 de marzo de 2020 y hasta el 8 de septiembre de 2021.