La Fiscalía pide 100 años de cárcel a diez hombres que habrían pagado por sexo con menores tutelados en Álava
- Les atribuye delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía y delitos contra la salud pública
- Los menores estaban bajo la tutela de la Diputación Foral de Álava cuando se produjeron los hechos
La Fiscalía de Álava ha acusado a 10 hombres de pagar por tener sexo con menores tutelados por la Diputación alavesa y ha solicitado penas que, según el Ministerio Público, suman más de 100 años de cárcel.
El fiscal ha presentado su escrito de acusación ante la Audiencia Provincial de Álava contra 10 imputados a los que les acusa de delitos de corrupción de menores, abuso sexual, exhibición de pornografía ante menores de edad y delitos contra la salud pública.
La suma total de penas de cárcel de la Fiscalía alavesa supera los 100 años, según ha indicado este jueves en una nota el Ministerio Público, que también ha precisado que dada la gravedad de los hechos y de que se trata de víctimas extremadamente vulnerables no va a proporcionar más información acerca del caso.
En la nota también se recuerda que los hechos que han dado origen a esta causa fueron cometidos contra menores de edad que en el momento de lo ocurrido estaban bajo la tutela de la Diputación Foral de Álava.
Víctimas de entre 14 y 17 años
Este caso saltó a la luz en noviembre de 2016 cuando se conoció que la Ertzaintza estaba investigando la presunta existencia de una red de prostitución de menores tutelados por la Diputación de Álava tras recibir una denuncia del director de centro de Sansoheta en Vitoria, donde se acoge a personas con problemas graves de comportamiento cuya tutela ha sido retirada a los padres.
Al parecer los imputados en este caso pagaban por tener sexo con menores que estaban en ese centro. Cuando se conoció este hecho la entonces diputada foral de Servicios Sociales de Álava y actual consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, afirmó que las víctimas, al menos cinco, tenían entre 14 y 17 años y estaban internas en el centro en régimen abierto.
El caso ha sido instruido por el Juzgado de Instrucción 2 de Vitoria y en él también están personadas como acusación la Diputación de Álava y la Asociación Clara Campoamor, especializada en la defensa de los derechos de menores y mujeres maltratadas.