Igualdad prevé crear un registro de objetores de conciencia para blindar el derecho al aborto en la Sanidad Pública

• Inicia una consulta pública para reformar la ley aunque deberá consensuar el texto con Sanidad
• Solo el 15,49% de los abortos en España se realizaron en centros públicos en 2020, último año del que hay datos

Manifestación a favor del aborto libre y gratuito

El Ministerio de Igualdad está trabajando en una reforma de la ley del aborto cuyo borrador incluirá la creación de un registro de médicos objetores de conciencia con el fin de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en los hospitales y centros públicos, ya que en la actualidad, solo el 15,49% se realizan en la Sanidad Pública (según los últimos datos del Ministerio del Interior, correspondientes a 2020). Igualdad abre este martes una consulta pública sobre la reforma y espera tener el texto definitivo en diciembre.

El departamento que dirige Irene Montero ha confirmado a RTVE.es que tomarán para ello como “referencia” la ley de eutanasia, que logró “un amplio consenso” y que “consiste en poner en marcha un registro de objetores que permita identificar necesidades en cada área sanitaria, de modo que se pueda garantizar el derecho en todos los casos”.

Por otra parte, el Ministerio ha avanzado en Twitter que, dado que "la educación sexual es la mejor herramienta para que nuestra sociedad deje de dar por normal la cultura machista en la que vivimos", la reforma de la ley del aborto "incluirá la garantía de una educación que normalice la diversidad y que eduque en igualdad".

Mientras, este martes comienza una consulta pública para la reforma de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). Durará 15 días y llega después de varias reuniones sobre esta materia mantenidas entre el Ministerio de Igualdad y los sectores profesionales y el movimiento femninista.

La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ha denunciado ante los medios de comunicación que en España hay mujeres que "no pueden abortar en los hospitales públicos más cercanos a su casa y deben, en algunos casos, incluso "salir de su provincia" para poder llevar a cabo una IVE.

Ya la semana pasada, Montero urgió a blindar el derecho a abortar ante la objeción de conciencia de los médicos después de la denuncia de una mujer embarazada de 17 semanas a la que se le había negado este derecho en el Hospital Clínico San Carlos (Madrid), pese a que el feto era prácticamente inviable y su vida corría riesgo.

Sanidad dice que la reforma necesita "tiempo" y descarta hablar de un registro

Sin embargo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dejó por su parte claro que “no hay ninguna intención de regular la objeción de conciencia”, aunque sí reconoció que es necesario mejorar el procedimiento porque “la objeción de conciencia no puede estar por encima del "acceso y la calidad asistencial" que reciben las mujeres.

Fuentes del Ministerio de Sanidad aseguran a RTVE.es que el Ejecutivo "va a garantizar el derecho de las mujeres" a abortar y para ello, dicen, "es necesario realizar un profundo examen de las posibles carencias que se detectan en el sistema y actuar en consecuencia". Sin embargo, recalcan que "para cualquier análisis serio se necesita tiempo y el Gobierno ya está inmerso en esta tarea".

"Tanto la ministra Darias como la ministra Montero trabajan en este sentido desde sus responsabilidades, al igual que en otras cuestiones cercanas como la protección de las mujeres que se ven acosadas por grupos organizados a las puertas de las clínicas", prosiguen. Y concluyen: "No vamos a ceder un metro en las conquistas de derechos y libertades que tanto trabajo y lucha han costado en nuestro país".

La objeción de conciencia en la ley actual

La actual ley del aborto recoge el derecho de objeción de conciencia de los profesionales en su artículo 19. En concreto, establece que “los profesionales sanitarios directamente implicados en la interrupción voluntaria del embarazo tendrán el derecho de ejercer la objeción de conciencia”. Sin embargo, establece que este derecho debe ejercerse “sin que el acceso y la calidad asistencial de la prestación puedan resultar menoscabadas” por este motivo.

También señala que “el rechazo o la negativa a realizar la intervención de interrupción del embarazo por razones de conciencia es una decisión siempre individual del personal sanitario directamente implicado en la realización de la interrupción voluntaria del embarazo, que debe manifestarse anticipadamente y por escrito”.

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En el caso del Hospital Clínico San Carlos, la mujer a la que se le negó el aborto, que es geriatra de dicho centro, señaló que todos los ginecólogos del hospital suscribieron un documento interno acogiéndose a la negativa a interrumpir embarazos, por lo que fue derivada a una clínica privada.

Ningún aborto en la Sanidad Pública en cinco comunidades

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad correspondientes a 2020, el 87,25% del total de centros que practicaron abortos son extrahospitalarios. Además, el 84,58% del total de las interrupciones voluntarias del embarazo se realizó en centros privados. Y hubo cuatro comunidades que no practicaron ningún aborto en centros públicos: Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Murcia. Tampoco las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla

Madrid y Murcia, pese a no haber practicado ningún aborto en la Sanidad Pública, están entre las cinco comunidades con mayor tasa de interrupciones voluntarias del embarazo por cada 1.000 habitantes. Murcia es la cuarta, con un 11,25% y Madrid, la quinta, con un 10,94%. Tienen por delante a Baleares en la tercera posición (11,87%), a Asturias (12,03%) y a Cataluña (13,44%).

Precisamente, Cataluña es donde más centros públicos realizaron interrupciones voluntarias del embarazo: 61, frente a 15 privados. Le sigue la Comunidad Valenciana con 15 públicos y 14 privados; Galicia con 9 públicos y 3 privados; País Vasco con 8 públicos y 7 privados; y Baleares, con 7 públicos y tres privados.

La Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo (ACAI) emitió la semana pasada un comunicado en el que insiste en que el aborto libre y gratuito se trata de un derecho amparado por la ley que reconoce la potestad de la mujer a interrumpir libre y voluntariamente la gestación en las primeras 14 semanas del embarazo y hasta la 22 en caso de riesgo de la vida o salud de la mujer o graves anomalías en el feto, siempre que, en este último caso, haya un dictamen emitido por dos médicos especialistas distintos a los que practican la intervención.

Hace unos días, el Congreso aprobó además la iniciativa para penalizar el acoso a las mujeres que acuden a las clínicas abortivas. El pleno tuvo que ser suspendido durante diez minutos, sin embargo, después de que un diputado de Vox llamara "bruja" a la diputada socialista que defendía la propuesta.