La Audiencia Nacional anula el archivo de una investigación de Pedraz sobre Gali

• Anula el archivo por un defecto de forma, por haberse tramitado como procedimiento abreviado y no ordinario
• El juez Pedraz tiene entre manos otra querella presentada por un activista saharaui de nacionalidad española

Fotografía de archivo del líder del Frente Polisario y presidente de la República Arabe Democrática Saharaui (RASD), Brahim Gali.

La Audiencia Nacional ha revocado la decisión del juez Santiago Pedraz de archivar el pasado 29 de julio la querella de la Asociación Saharaui para la Defensa de los Derechos Humanos (ASADEDH) contra el líder del Frente Polisario Brahim Gali por presuntos delitos de genocidio.

En un auto, la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estima en parte los recursos presentados por los querellantes y anula el archivo por un defecto de forma, al considerar que el asunto debía haberse tramitado como procedimiento ordinario, y no como procedimiento abreviado.

Los magistrados han explicado que los delitos señalados por la Asociación Saharaui, genocidio en concurso con delitos asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas y desapariciones, "se encuentran castigados con penas que superan el límite objetivo del procedimiento abreviado".

Así, han indicado que debía haberse seguido el cauce del procedimiento ordinario o sumario, donde la decisión de archivar la querella corresponde a la Sala de lo Penal, no al juez instructor, y por ello han ordenado revocar el sobreseimiento libre acordado por Pedraz, aunque no analiza si los hechos podrían o no constituir el delito de genocidio regulado en el Código Penal.

En este sentido, la Sala de lo Penal ha apuntado que debe acomodarse el procedimiento para que, posteriormente, "con libertad de criterio, se dicten las decisiones oportunas respecto a la conclusión del sumario con o sin procesamiento de Brahim Gali".

Pedraz consideraba que no estaba acreditada la comisión del delito

Asadeh se querelló contra más de una veintena de agentes del Frente Polisario y de la seguridad argelina a los que culpa de cometer graves violaciones de los Derechos Humanos en los campamentos de refugiados saharauis ubicados en Tinduf (Argelia) en un periodo temporal que iría de 1975 a 1990. En concreto, denunció una "limpieza étnica" contra las minorías tekna, aitusa, yegutt y contra los pobladores del ex Sáhara español.

El juez Pedraz dictó el archivo de la querella de Asadeh al considerar que los hechos presuntamente cometidos contra ciudadanos marroquíes entre 1975 y 1990, estarían prescritos con el Código Penal de 1973, ya que no fue hasta 1995 cuando se tipificó ese delito en España y se declaró imprescriptible.

Además tampoco consideraba acreditada la comisión del delito de genocidio, y advertía de que los testimonios de los testigos contradecían las afirmaciones de la querella.

Esta querella fue interpuesta en 2008 y se dirige contra trece militares marroquíes. Fue archivada en 2020 y reabierta el pasado mes de mayo, cuando los querellantes supieron de la presencia de Gali en España

Otras querellas contra Gali

La de Asadeh no es la única querella contra Gali en la Audiencia Nacional. Pedraz tiene entre manos otra presentada por el activista saharaui de nacionalidad española Fadel Breica por las torturas que habría sufrido en los campamentos de Tinduf en 2019.

Esta segunda querella estaba a la espera de un último testigo, un hombre que habría estado detenido en la misma cárcel que Breica y que podría dar cuenta de las presuntas violaciones de los Derechos Humanos por las que se investiga al Frente Polisario.

Debía haber declarado el 29 de junio, pero tuvo que aplazarse al 27 de julio por problemas en la obtención del visado para venir a España. A día de hoy estos problemas persisten, por lo que Pedraz ha suspendido la testifical y sopesa el archivo de la querella y, por ende, el cierre de la causa, según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press.

Por otro lado, el titular del Juzgado de Instrucción Número 7 de Zaragoza, Rafael Lasala, estudia si hubo delito de prevaricación en la entrada y salida de Gali de España. El magistrado ha citado para el próximo 4 de octubre a la ex ministra de Asuntos Exteriores Arancha González Laya para que declare en calidad de imputada.

Gali en España

Las acusaciones contra el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) cobraron impulso cuando se supo que estaba en España, específicamente en el Hospital de San Millán-San Pedro (Logroño), donde fue ingresado el 18 de abril con un cuadro grave por complicaciones derivadas del coronavirus.

Gali compareció el 1 de junio ante Pedraz por videoconferencia desde el centro sanitario, negando cualquier implicación en dichas violaciones de los Derechos Humanos. Su defensa ha esgrimido en sucesivos escritos que se trata de una causa política para minar las aspiraciones de autodeterminación del pueblo saharaui.

Tras escuchar al líder del Frente Polisario, Pedraz acordó dejarlo libre sin medidas cautelares al no ver indicios de delito en su contra. Pocas horas después, en la madrugada del 2 de junio, regresaba a Argelia en un avión medicalizado.